La deuda pública en junio alcanzó la cifra récord de U$S 403.809 millones. La misma aumentó 25% bajo el gobierno del Frente de Todos. Se trata de una hipoteca impagable que somete la economía del país a la tutela del capital financiero y que el acuerdo con el FMI no hizo más que incrementar.

El dato figura en el último informe publicado por la Secretaría de Finanzas, el cual también arroja que el 64% de esa deuda se encuentra nominada en moneda extranjera y el 36% en pesos. El 54% de esta última está ajustada a la inflación o a la evolución del dólar, mostrando que endeudarse en moneda local está lejos de ser inocuo, como sostienen los funcionarios del oficialismo.

El pacto con el FMI aceleró los ritmos de endeudamiento. Por un lado, el gobierno multiplicó la deuda del Tesoro a altísimas tasas de interés para financiar el déficit fiscal, ante la prescripción fondomonetarista de acotar la emisión monetaria. Esto acarrea costos usurarios en beneficio de la banca y los fondos de inversión, quienes exigen condiciones cada vez más leoninas para continuar en el mercado de la deuda en pesos. De este modo, se refuerza una bicicleta financiera a riesgo de desencadenar corridas de gran alcance, cambiarias e incluso bancarias.

Por otro lado, el oficialismo salió a pedir préstamos en dólares a los organismos multilaterales a fin de cumplir con la meta de reservas que exige el Fondo, lo cual agravó el peso de la deuda externa y la sujeción imperialista del país. Por otra parte, el pago de intereses al FMI, a otros organismos de crédito internacional y a los bonistas privados acicatea la crisis de reservas.

El gobierno de Alberto Fernández, desde que asumió, pagó, en concepto de intereses de deuda pública, el equivalente a U$S 25.548 millones. Sin embargo, en el mismo período el stock de deuda creció U$S 100.952 millones. Lo anterior es ilustrativo respecto al carácter impagable de dicho endeudamiento porque en cada refinanciación se van acumulando intereses usurarios y se terminan pagando vencimientos contrayendo nueva deuda.

Corresponde su investigación y repudio soberano si queremos encarar un rumbo de desarrollo al servicio del interés mayoritario. Tarea que, al estar fuera del radar de los políticos capitalistas, está reservada para cuando gobernemos los trabajadores.

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