En una entrevista reciente, Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria y candidato diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista del Frente de Todos, se mostró partidario de reducir la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario planteando que “la disminución de la carga horaria garantiza trabajo para la mayor cantidad de argentinos posible”. Sin embargo, se trata de una iniciativa que difícilmente vea la luz de la mano del oficialismo puesto que la orientación gubernamental en todo este tiempo ha sido la de canalizar las demandas de los capitalistas.

Hoy en día existen dos proyectos de ley en el Congreso Nacional con estado parlamentario que abordan el tema, ambos provenientes del bloque oficial. Uno fue presentado en el 2020 por el diputado nacional por el Frente de Todos y secretario de la CTA, Hugo Yasky, y plantea disminuir la jornada laboral de 48 horas a 40 semanales sin rebaja salarial. El otro pertenece a la bancada de de Claudia Ormaechea, diputada nacional y secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de La Bancaria, que propone reducir la jornada a seis horas diarias o 36 semanales sin afectar el salario.

En primer lugar, es preciso señalar que los dichos de Palazzo se inscriben en el intento de presentar su posible ingreso a Diputados como la obtención de una banca “al servicio de los trabajadores”. Los mismos no pasan de la demagogia considerando que su papel al frente del sindicato bancario fue el de aceptar a espaldas de los trabajadores la pauta salarial fijada por el gobierno, que, con revisión y todo, se trata de un aumento por debajo de la inflación. Lo anterior nos da un indicio de que no moverá un dedo para respaldar su iniciativa de las 6 horas apelando a la movilización de los trabajadores teniendo en cuenta que hoy en día dirige un gremio y no convoca a ninguna medida de lucha para avanzar en los reclamos de los empleados bancarios.

Si bien la UIA puso el grito en el cielo ante sus declaraciones, lo cierto es que la propuesta no va más allá de una promesa de campaña. La experiencia ha demostrado que Frente de Todos no se corre un milímetro de la hoja de ruta que imponen las patronales. Su gestión ha dejado pasar más de un millón de despidos durante el 2020, convalidó rebajas salariales al inicio de la pandemia, promovió los topes a las paritarias y dio vía libre a la inflación y defiende un régimen de informalidad laboral tanto en el Estado como en el sector privado.

Esta política ha generado que en el primer trimestre del 2021 el índice de desocupación haya alcanzado un 10,2%, sin contar a quienes dejaron de buscar trabajo debido al “efecto desaliento”, y que mitad de los hogares del país se ubiquen por debajo de la línea de pobreza. Mientras asciende el desempleo, paradójicamente y a contramano del discurso kirchnerista, un 25,6% de los trabajadores ocupados se ve forzado a trabajar más de 45 horas semanales para subsistir. Con todos estos antecedentes, Funes de Rioja puede dormir tranquilo a sabiendas de que no anida al interior del oficialismo ningún interés real en implementar medidas en favor de los trabajadores.

Lejos de pretender acortar la jornada laboral, Alberto Fernández impulsa una agenda dictada por el FMI, en aras de arribar a un acuerdo, dentro de la cual se encuentran las mentadas “reformas estructurales”, entre ellas la laboral. La punta de lanza de esta ofensiva la vemos en YPF, de mayoría estatal, donde no se respetan las dotaciones mínimas, y, por lo tanto, el récord de fracturas en los pozos petroleros se logra con dos tercios de la fuerza de trabajo anterior a la pandemia, es decir, sobre la base de una mayor explotación obrera.

El propio Axel Kicillof, del mismo espacio político que Palazzo, ha ido en sentido contrario a la reducción de la jornada, instando a los estatales bonaerenses a pasar de 30 horas de trabajo a 40 a cambio de plus salarial que es un 30% menor al que correspondería si fuera proporcional al aumento de horas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires se aprovecha de los salarios de pobreza que cobran los trabajadores estatales para promover este cambio en el régimen horario.

Palazzo y compañía no dicen nada sobre la necesidad de prohibir verdaderamente los despidos (más allá del decreto presidencial que nadie cumple) y poner fin a la precarización laboral, sin lo cual la jornada de 6 horas no resuelve en nada el problema de la desocupación. Para garantizar que todos tengan empleo es necesario repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores ocupados y desocupados, sin afectar el salario, en el marco de un plan de desarrollo económico del país en lugar del pago de la deuda externa y la fuga de capitales.

De todas maneras, toda reducción de la jornada laboral, como en su momento la conquista de las 8 horas, significa un límite a la explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital. Por lo tanto, un avance en ese sentido no provendrá de los bloques políticos patronales, ni será gracias a un proyecto de ley presentado por un burócrata sindical integrado al gobierno ajustador, sino que será fruto de la correlación de fuerzas desplegada por la clase trabajadora contra los capitalistas por medio de la lucha. También está en manos de la organización obrera garantizar el cumplimiento de las reivindicaciones que se logren arrancar.

Solo desde el Frente de Izquierda Unidad contamos con un planteo para terminar con la desocupación, partiendo de la prohibición de los despidos y las suspensiones; el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; la creación de nuevos turnos que cubran la capacidad instalada en la industria que hoy en día se encuentra ociosa; salario mínimo de $67.000 y trabajo bajo convenio para todos los trabajadores; y paritarias sin techo indexadas a la inflación. A su vez, es necesario la apertura de los libros de toda empresa que cierre, despida, reduzca salarios o se niegue a llevar a cabo alguno de los ítems que mencionamos anteriormente. Como siguiente medida en estos casos, corresponde proceder a la estatización bajo control obrero de la empresa en cuestión. La ruptura con el FMI y el repudio de la deuda son aspectos fundamentales de este plan de desarrollo del país. Se trata de un programa que defendemos tanto en el parlamento como en las calles y precisa de la movilización popular para llevarse adelante.

Está claro que la ocupación plena y la reducción de la jornada laboral son cuestiones perfectamente posibles debido al grado de desarrollo de las fuerzas productivas al cual alcanzó la humanidad. Sin embargo, el capitalismo en su etapa de descomposición utiliza ese desarrollo para intensificar los ritmos de explotación; tal es el caso de las empresas dueñas de las aplicaciones de reparto, cuyos trabajadores no cuentan con ningún derecho laboral.

En un régimen social basado en la ganancia capitalista se genera la contradicción de que son cada vez más los trabajadores que integran las filas de los desocupados, y, al mismo tiempo, se apunta a la extensión de la jornada laboral, o, incluso, muchos trabajadores se ven obligados a trabajar más horas para poder llegar a fin de mes. Por lo tanto, es necesario construir una sociedad sobre nuevas bases, donde la prioridad no sea el ánimo de lucro de los empresarios sino los intereses de las mayorías.

 

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