“Se van a tener que morir muchos jubilados para que mejoren las jubilaciones”. Las declaraciones del intendente del municipio entrerriano de Caseros, Oscar Francou, son una confesión del carácter criminal del ajuste previsional que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y es replicando por los gobernadores.

Fue durante una reunión de intendentes vecinalistas en el municipio de Cerrito, donde se dijo que había que "profundizar" la motosierra del gobierno nacional aunque las "mejoras" se vean "mucho tiempo". Lo dice en un país donde la canasta básica quintuplica a la jubilación mínima.

Según el funcionario la muerte de adultos mayores sería una variable de ordenamiento económico, haciendo bajar la cantidad de personas que cobran haberes del sistema previsional. Es a lo que conducen las reformas antijubilarorias de los sucesivos gobiernos, la enorme evasión que implica la generalización de la precarización laboral y las rebajas de los aportes patronales desde los 90.

El repudio no se hizo esperar. Distintos sectores políticos y sociales de Entre Ríos salieron al cruce de estas afirmaciones, pero es necesario ir más allá: Oscar Francou no es un caso aislado, es parte de un régimen de políticos patronales —del vecinalismo, del PRO, del PJ— que han abrazado el ajuste como único camino.

Su participación en reuniones con Rogelio Frigerio, otro alfil del desguace estatal, demuestra que detrás de la falsa pluralidad se esconde un consenso reaccionario contra los derechos populares. Recordemos además que el gobernador de Entre Ríos impulsa una reforma previsional que ataca de lleno al 82% móvil y descarga el déficit de la caja jubilatoria sobre las espaldas de los trabajadores.

Su proyecto elimina derechos históricos como el 3x1 y el 85% móvil, introduce un método de cálculo que ancla los haberes a salarios pasados, demora los aumentos y rompe la movilidad automática, sometiendo los incrementos a negociaciones con la caja. Además, impone un nuevo aporte del 3% a jubilados docentes de regímenes especiales, deteriorando aún más sus ingresos. Encima, sus legisladores nacionales rechazaron el aumento del 8% a los jubilados y la devolución de fondos previsionales a las provincias, mientras siguen manejando discrecionalmente la caja. Es una ofensiva en regla contra quienes ya dieron su vida laboral, mientras no se toca un solo privilegio de jueces, funcionarios ni políticos.

Este ajuste no es improvisado ni local. Es parte del plan que el gobierno nacional viene ejecutando bajo la supervisión del FMI. El congelamiento de bonos, la consolidación de una jubilación mínima de miseria y la preparación de una reforma estructural para elevar la edad jubilatoria tienen como objetivo expulsar del sistema a miles de jubilados, empujándolos a seguir trabajando hasta quedar “obsoletos”.

El relato que intenta presentar el trabajo jubilado como “una elección” es una coartada cínica para justificar el ajuste. Según la EPH, el 15,47% de los jubilados sigue trabajando, y la mayoría lo hace en la informalidad, sin cobertura ni derechos. El ajuste de Milei y Frigerio obliga a los adultos mayores a seguir haciendo changas, limpiar casas, manejar remises o vender tortas para llegar a fin de mes. La doctrina de “trabajo o muerte” que impulsan los defensores del ajuste es una forma brutal de sometimiento, que solo puede sostenerse si se destruye por completo la idea de la jubilación como salario diferido y derecho conquistado.

Denunciamos estas declaraciones como lo que son: una apología del exterminio social, que busca naturalizar que los jubilados mueran antes de ver un peso digno en sus cuentas. No es un desliz, es el programa económico de los capitalistas, que ajustan a los que ya dieron su vida trabajando para pagar deuda, subsidiar empresarios y engordar los bolsillos del FMI.

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