Como rayo en cielo sereno, un comunicado de la CGT alteró la paz de los cementerios entre los gordos y Alberto Fernández. Fue al término de la reunión del martes 10, en la primera reunión del Consejo Directivo de la CGT luego de once meses. En ese documento, la CGT señala su “preocupación ante la difusión pública de medidas gubernamentales que exteriorizarían restricciones presupuestarias respecto de los planes sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria” y “el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales”. También expresan preocupación “porque el cambio de fórmula de movilidad jubilatoria no perjudique a los jubilados” (Infogremiales, 11/11).

La burocracia se refiere a la información que circula, según la cual el gobierno nacional ha colocado en la mesa del FMI la anulación del conjunto de las ayudas y subsidios que corren desde el comienzo de la cuarentena hasta hoy. Se trata de una de las cláusulas draconianas del FMI a Martín Guzmán, para asegurar la senda de reducción del déficit fiscal, que sería (muy) superior a la inscripta en el Presupuesto 2021 y garantizar el pago del endeudamiento nacional, que implica más del 90% del PBI de la Argentina. Además de la reforma laboral (flexibilización de los convenios laborales), de la reforma previsional y de la destrucción de movilidad jubilatoria, todos aspectos que ya vienen produciéndose, con la absoluta colaboración de toda la burocracia sindical.

En defensa propia y del gran capital

Los ajustes ofrendados al FMI incluyen la eliminación del Ingreso Familiar de Emeregencia, pero también de la ATP, Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, que insumió hasta el momento 207 mil millones de pesos para cubrir el pago del 50% de los salarios de trabajadores del sector privado, y otros 202 mil millones que se destinaron al Salario Complementario. La ATP no está contemplada en el Presupuesto 2021, por lo cual existe una posibilidad cierta del desmantelamiento gradual de uno de los ejes estratégicos del bochornoso pacto UIA-CGT-Gobierno. Por su lado, la burocracia sindical reclama al gobierno el envío de fondos en auxilio de las obras sociales sindicales y que no se les transfiera a las obras sociales una parte “del costo de las vacunas contra el Covid-19. En la CGT calculan que hay en juego medio millón de dólares y temen que deban afrontarlo desde un sistema con un déficit de 6 mil millones de pesos acumulados a octubre, más una pérdida de 1.500 millones de pesos por mes” (Infobae, 11/11).

De conjunto, “la eliminación de la mayor parte del gasto asociado al Covid-19 le permitiría al gobierno reducir el gasto público para intentar cumplir con el objetivo de alcanzar un déficit del 4,5% del PBI”, otro de los compromisos asumidos con el FMI.

Ante este panorama, la CGT ha salido a presionar, con el escudo de los jubilados y desposeídos, a los que utilizará como carta de entrega a cambio de sostener los recursos recibidos por la patronal y los sindicatos, algo incompatible con los acuerdos con el FMI y el ajuste consecuente.

“El esfuerzo compartido entre el Estado, los trabajadores, los jubilados, los beneficiarios de planes sociales y las empresas -dice el comunicado de la CGT- no puede ni debe ser dilapidado”. Y larga la advertencia que antecede a la negociación: “hemos construido una red de contención que evitó el colapso social en los momentos más críticos. Con la responsabilidad social que nos cabe, acordamos con los empresarios medidas extraordinarias para sostener el ingreso de los trabajadores, negociamos la renovación de los Convenios Colectivos de Trabajo en las condiciones más críticas y garantizamos la paz social en los momentos más difíciles”.

La CGT que no dijo ni pío ante los centenares de miles de despidos durante toda la pandemia y que todavía siguen, muestra las uñas para defender los intereses que la unen con la gran patronal de la Argentina.

Que la reunión cegetista y su resultado hayan sido en el mismo día de la reunión del gobierno con la misión del FMI agrega otro ingrediente de esta movida con olor a operación conjunta entre la CGT y la UIA.

Mientras, la CTA de Hugo Yasky hace mutis por el foro y sostiene a Martín Guzmán en sus agachadas con el FMI. Mención aparte merece la Corriente Federal, encabezada por Palazzo y Amichetti, de gráficos, que salió a defender la modificación de la movilidad jubilatoria.

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La crisis escala, la clase obrera debe intervenir

La CGT ha pedido públicamente reunirse con Alberto Fernández, porque coloca el diálogo por delante como primera definición, y la reactivación de las mesas sectoriales para avanzar conjuntamente con la UIA y el gobierno con la política de ajuste. Las declaraciones de gente que no hace una huelga hace décadas, como Armando Cavalieri (Comercio) y Andrés “siete por ciento” Rodríguez (UPCN) sólo han motivado las chanzas y los memes.

Pero es un serio adelanto, por un lado, de los choques que vienen por arriba del régimen político que hoy oprime a los trabajadores, porque no hay plata para todo el mundo y al mismo tiempo llegar a un acuerdo con el FMI. Por otro lado, es un reflejo distorsionado y oportunista de un proceso de deliberación y de bronca que empezó a recorrer la base de los trabajadores.

En este cuadro, mientras la burocracia entrega, contiene y negocia, los trabajadores están saliendo crecientemente a la lucha. Ahí están la persistente lucha de los trabajadores de Gri Calviño contra la avanzada flexibilizadora de la patronal; de las autoconvocatorias de la UOM contra la entrega de Caló; de los trabajadores de la UTA de Rosario, que obligaron a la burocracia del gremio a convocar a paro indeterminado, porque apenas cobraron el 20% de los salarios, mientras las patronales siguen cobrando subsidios; las huelgas y movilizaciones docentes de todo el país; la lucha de los rurales de Río Negro; el paro de la Federación Portuaria, de los telefónicos con autoconvocatoria del clasismo incluida; la importante movilización de aeronáuticos; la movilización contra la entrega paritaria y en reclamo de pase a planta de los ferroviarios de la UF Oeste y agrupaciones opositoras y las movilizaciones multitudinarias de las organizaciones piqueteras por salario de emergencia de 30.000 pesos. Y, desde ya, de los trabajadores sin techo por tierra para vivir.

Es el momento de poner en pie los sindicatos, de exigir a la CGT y las CTA la convocatoria de plenarios y congresos de delegados para convocar de inmediato un paro nacional y un plan de lucha, y romper la alianza que sostienen con las patronales y el gobierno, y de impulsar la lucha por medio de las autoconvocatorias y movilizaciones del sindicalismo combativo. En primer lugar, una acción en las calles en contra del nuevo zarpazo a las jubilaciones, por un bono de emergencia para todos los trabajadores de fin de año, por paritarias con mandato y actualización por inflación, por la ocupación de toda empresa que cierre o despida, contra la reforma laboral y el pacto con el FMI.

En este plano, la Coordinadora Sindical Clasista llama a los trabajadores a desenvolver esta iniciativa, y al Plenario del Sindicalismo Combativo a tomarla en sus manos. Así fue votado en la asamblea de la AGD-UBA, el mismo día que el gobierno agachaba la cabeza con el FMI.