El senador camporista Mariano Recalde presentó un proyecto de ley que ya comenzó a debatirse en la  Comisión de Trabajo y Previsión Social de la cámara baja, para que las empresas participen de sus ganancias a aquellos trabajadores que sufrieron suspensiones y descuentos salariales. El padre del legislador -Héctor Recalde- había impulsado en 2010 una iniciativa similar que naufragó, pero que también apuntaba a edulcorar la flexibilización laboral y los salarios a la baja.

El proyecto plantea que las empresas repartan como mínimo el 10% de sus ganancias netas anuales “entre todos los trabajadores afectados a la suspensión”. Se trata de sumas no remunerativas ya que “en ningún caso la participación en las ganancias se computará para la determinación de las cargas sociales, montos de indemnización, ni de los aportes y contribuciones con destino a regímenes previsionales o asistenciales”.

El argumento de Recalde es que sería justo que las empresas que recurrieron a las suspensiones y rebajas salariales en momentos de “crisis”, compensen económicamente a sus trabajadores si hay una recuperación. Ahora bien, estamos frente a una impostura por parte del kirchnerismo que ha defendido en todo momento la práctica de las suspensiones, sin siquiera reclamar que se abran los libros de esas patronales en virtud de comprobar que no tuvieran la espalda suficiente para abonar el monto total de los salarios. Más teniendo en cuenta, que, en palabras del propio senador, las que más utilizaron ese recurso durante la pandemia fueron las grandes firmas como “Arcor, Toyota, Coca Cola, Aluar, Ternium, VW, Ledesma, Molinos, Acindar, Ford, Mercedes, Loma Negra” (Página 12, 7/7).

Por otro lado, ese porcentaje de participación se calcularía sobre una cifra ficticia, ya que los capitalistas cuentan con todos los recursos para ocultar cuáles son sus verdaderas ganancias. El proyecto de ningún modo establece la apertura de los libros y el control obrero de la producción para poder dar cuenta de esto, con lo que los trabajadores recibirían mucho menos de lo que dispone la ley.

Por lo tanto, el proyecto -de dudosa aprobación- está hecho en función de disuadir las luchas obreras contra los despidos y las suspensiones en un momento de recesión, ya que defiende el mecanismo por el cual las patronales descargan la crisis sobre sus trabajadores cuando pierden. Lo anterior empalma con las recientes declaraciones de Cristina Kirchner reivindicando las paritarias por decreto y los aumentos a suma fija en medio de la estampida inflacionaria.

A su vez, si se atase un componente del salario a las ganancias empresariales sería usado como pretexto para imponer paritarias a la baja y cláusulas de flexibilización laboral. Las patronales y la burocracia sindical intentarían que los trabajadores acepten un régimen de superexplotación en nombre de incrementar las ganancias capitalistas, y, por consiguiente, la participación que tendrían los obreros sobre las mismas. Una estafa, que, además, supeditaría el salario a las fluctuaciones del mercado, divorciándolo cada vez más de la canasta familiar.

A su turno, la supuesta “participación en las ganancias” es usada como moneda de cambio por parte de las patronales para aceitar nuevos ataques antiobreros. Sin ir más lejos, en el 2001 la burocracia sindical de Wasiejko que dirigía el gremio del neumático (Sutna) aceptó la introducción de dicha cláusula en el salario de los trabajadores de la fábrica Firestone (hoy Brigestone), a cambio de dejar pasar despidos masivos, pérdida salarial y degradación de las condiciones convencionales. Para colmo, los obreros recibieron de ahí en adelante bonos miserables que no guardaban relación con las ganancias reales de la empresa. Solo bajo la dirección clasista del Sutna se conquistó este año el pago de $730.000 por ese concepto.

Como vemos, la iniciativa busca generar la idea de que se podrían conciliar los intereses entre el capital y el trabajo con la finalidad de que la clase obrera resigne sus condiciones laborales. Lo cierto es que el empresariado seguirá intentando recomponer su tasa de ganancia aumentando los ritmos de explotación, léase, eliminando las indemnizaciones, introduciendo jornadas de trabajo más extensas, deteriorando el salario, etc. Lógicamente, cobrar un bono por ganancias no exime al trabajador de todos esos ataques, ni tampoco de aprobarse el proyecto en cuestión se prohibirán las suspensiones.

Así las cosas, el kirchnerismo promueve la participación en las ganancias, por un lado, para irse por la tangente y no decir una sola palabra sobre la recomposición salarial urgente que necesitamos los trabajadores, y, por otro, como vía para atacar el salario bajo una pátina falsamente progresista.

Frente a este tipo de maniobras, reforcemos la pelea por un salario mínimo de $180 mil, aumentos salariales indexados a la inflación, firmados por paritarios electos en asamblea, prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la defensa de los convenios colectivos de trabajo ¡Paro nacional y plan de lucha ya!

 

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