Tras una semana en la que se achicó un poco la descomunal brecha cambiaria que separa la cotización oficial del dólar de los tipos de cambio paralelos, en el gobierno salieron a presumir optimismo. Pero las mentiras tienen patas cortas. La batería de medidas que fue anunciando Martín Guzmán en el último mes y medio, con el objetivo de ralentizar la corrida contra el peso, no son gratis sino que agudizan las contradicciones de la política oficial porque dolarizan aún más la economía. Todo, para firmar un pacto con el Fondo Monetario antes de que se produzca una corrida bancaria.

Para reducir la brutal emisión monetaria, el gobierno informó que dejará de recurrir a los adelantos transitorios del Banco Central y que ahora se financiará con nueva deuda atada a la inflación y el dólar -por lo que ahora la devaluación ni siquiera servirá para licuar la deuda en pesos, sino para acrecentarla. Lo mismo vale para la venta de dólares futuro por parte del Banco Central, que en algunos cálculos supera los 7.600 millones de dólares -lo cual es una promesa de emisión futura. Esta política de dolarización no disipa sino que acentúa las presiones devaluatorias.

El hecho de que se pretenda dejar de apelar a los adelantos transitorios del Banco Central confirma que el festival de bonos en pesos recién empieza, ya que para cubrir las obligaciones de estos dos últimos meses del año (sumando vencimientos y déficit) se estima que el Estado nacional debería captar 1,5 billones de pesos. Los economistas advierten que esto ni siquiera permitirá “esterilizar” el excedente monetario (sacar de circulación los pesos que fueron volcados mediante emisión), porque los fondos provienen del desarme de las Leliq; el déficit cuasi fiscal del Central se irá transformando así en un déficit financiero que afrontará el Tesoro. La ecuación solamente cierra con un ajuste hecho y derecho.

El compromiso de bajar la emisión monetaria -una condición para firmar cualquier nuevo programa con el FMI- incluye además que en el año próximo el país se endeude en dólares con organismos como el Banco Mundial y el BID, y tal vez también el propio Fondo, para financiar el 25% del déficit primario. Es decir que todo el plan es fortalecer los vasos comunicantes con el imperialismo. Hay que agregar a la lista la emisión de bonos en dólares por 750 millones para que gigantes de las finanzas como Pimco y Templeton fuguen sus ganancias embolsadas con la bicicleta financiera de los tiempos de Macri.

Mientras recurre a este sinsentido de emitir nuevos títulos en divisas inmediatamente después de haber sellado un canje, para reducir la brecha con el contado con liqui el gobierno puso a la Anses a malvender sus títulos en dólares -que a pesar de estar recién reestructurados cotizan a niveles de default-, lo que equivale a más endeudamiento en moneda extranjera y a una tasa leonina del 16% que no paga ningún país del mundo.

El resto de las medidas también agrandan otros problemas. La subas de las tasas de interés en los plazos fijos en pesos agrava la desinversión y el parate económico. La baja de las retenciones no aceleró sustancialmente la liquidación de la cosecha que mantienen retenida las exportadoras y los pooles de siembra, pero implica una menor recaudación impositiva. Esto cuando se anuncian cuantiosos subsidios a las petroleras (para intentar evitar importar gas en 2021) y se presupuestan otros beneficios tributarios para los capitalistas.

Para colmo, todo el “éxito” consistiría en alcanzar una precaria estabilidad cambiaria que permita ganar un poco de tiempo. Porque el drenaje de las reservas internacionales no se detuvo: desde que se instauró el supercepo a mediados de septiembre el Central debió vender al menos unos 2.700 millones de dólares. Se consumió lo que quedaba de las reservas netas líquidas, por lo que el gobierno empezó a echar mano de los depósitos en dólares. Estos depósitos, a su vez, también siguen fugándose, a razón de 70 millones de dólares al día.

¿Para qué quiere entonces ganar tiempo Alberto Fernández, mientras todas estas contradicciones se acentúan? El plan es evitar una megadevaluación hasta cerrar un acuerdo con el FMI. Para eso rogó al organismo que adelantara la misión de funcionarios negociadores, con la apuesta de apurar el trámite y llegar a las fiestas habiendo suscrito ya un nuevo programa. Esta premura, por supuesto, refuerza la subordinación a esa cueva del capital financiero internacional.

Con un acuerdo con el FMI, especulan en la Casa Rosada, será más fácil campear el verano a la espera de que en marzo empiece la liquidación de la cosecha. Debería haber aprendido algo, cuando a octubre más de un tercio de los granos siguen retenidos en las silobolsas. El hecho es que a cada paso el gobierno se coloca más en la palma de la mano del gran capital. Por eso, más que jactarse de haber domado al dólar, Alberto Fernández y Martín Guzmán deberían reconocer que fueron domados por el capital agrario y los operadores financieros.

El problema no radica entonces en una desconfianza del rumbo que este gobierno pretende darle a la economía, sino de su capacidad política para lograrlo. Es una cuestión de garantías. Un decreto nacional acaba de habilitar un endeudamiento de 100 millones de dólares del gobierno bonaerense de Kicillof con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que pone como garantía de pago la coparticipación federal. En estas condiciones, cuando se produzca la devaluación se habrá creado una tormenta perfecta que arrastrará a la quiebra también a las provincias, cuando la mayoría todavía no ha logrado reestructurar su deuda externa.

Las garantías que ofrece el gobierno nacional son claras, y bastará como “gesto” un nuevo robo a los jubilados en diciembre, cuando tocaría otro aumento de la congelada movilidad. El ajuste en educación, salud y políticas sociales será acompañado de un sendero de tarifazos, cuando el Indec acaba de relevar un desplome sin precedentes de los salarios. El brutal desalojo de Guernica es un anticipo de cómo se responderá a los crecientes reclamos populares. Un clásico programa fondomonetarista.

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