La expectativa que Sergio Massa y compañía explicitaron en su retórica sobre el llamado “dólar soja II” es directamente proporcional a la improvisación económica y al carácter entreguista de su gobierno.

En efecto, el Ejecutivo le facilita una divisa al agronegocio de $230, un 39% más alto que el acuerdo anterior que le permitió a las patronales sojeras una ganancia de $487.000 millones hace pocos meses. Las cerealeras y aceiteras se llevaron, de regalo casi navideño, otro regalo: el retorno del “diferencial por retenciones” que las beneficia con un 2% menos del impuesto (31% en lugar de 33%) (La Política Online, 26/11). La diferencia entre la divisa que beneficia al agronegocio y el “dólar oficial” la paga el Banco Central. Veremos exactamente cómo, pero el experimento de hace meses se solventó con la tan crucificada “emisión”: las ganancias de los sojeros se solventan con la inflación y el deterioro del salario.

El gobierno nacional solo declaró que espera hacerse de U$S 3.000 millones con esta medida. No solo no parece mucho, sino que, además, nadie en la Rosada marcó la continuidad del plan económico. La improvisación es total. Soja para hoy, hambre para ayer, mañana y pasado.

La precariedad de las medidas económicas contrasta con los enormes problemas que afronta el gobierno. Además de la tan mentada “falta de dólares” que justifica todas y cada una de las entregas a los pooles de soja, Argentina pasa por un enorme problema de deuda en pesos. En 2023, el Ejecutivo deberá desembolsar un promedio de $1 billón por mes de enero a septiembre. No es casual que el gobierno haya tenido, en estos días, la renovación de títulos más baja desde abril de este año (83% del total, cuando buena parte de los acreedores forman parte del mismo Estado). No suena “solvente” para los tenedores de esos bonos.

Lo que sostiene este armado es la venia del imperialismo. El FMI renegocia y avala objetivos económicos de su pacto con el gobierno. En el marco de la guerra de Ucrania, EE.UU. busca en estos espacios políticos volver a extender su influencia en la región, al que considera “su patio trasero”. Sostiene una expectativa en que gobiernos de este tipo (“ola rosa”)  pueden cumplir mejor con sus intereses, en tanto garantizarían mejores condiciones para apaciguar cualquier tipo de rebelión contra los planes fondomonetaristas. Es esta la línea que también vislumbra el apoyo de Biden con Lula. La Casa Blanca se mueve bajo las presiones de la crisis internacional, a tal punto que renovó el diálogo con Venezuela, en un pacto con Maduro por las necesidades de petróleo. Fomenta que la multinacional Chevron vuelva a operar en ese país. El visto bueno de Nicolás Maduro habla por sí solo.

Falsas esperanzas

“Las cerealeras nos pusieron de rodillas y hubo que darles otro dólar para que liquiden”. La frase es de hace menos de dos meses. Su autor, Máximo Kirchner, debería explicar cómo su armado político apoyó esa medida y también acompaña esta. Solo de esa manera se explican los avales explícitos que la propia Cristina Fernández otorgó a Massa, tanto en el acto de la UOM de Pilar como en La Plata. La calle Juncal está con los sojeros.

El operativo de agitación política del kirchnerismo se cae por su propio peso: es imposible hablar de “esperanza” siendo parte de un gobierno ajustador como el actual. Cualquier maniobra retórica de diferenciación tendría que poder explicar cómo el apoyo al “plan Massa” forma parte de una coherencia “nacional y popular”.

El kirchnerismo avala no una medida “táctica”, coyuntural, para solucionar inconvenientes producidos en el campo de la macroeconomía. Apoya lineamientos que tienen, en el beneficio a los agrosojeros, una contrapartida de ataque a los trabajadores.

No pueden separarse esos beneficios para la burguesía terrateniente del Salario Mínimo de hambre que recién llegará a $69.500 en marzo del 2023. Tampoco puede negar el kirchnerismo haber sido gobierno en quince de los últimos veinte años en los que el salario real cayó un 20,5%, cifra que se eleva a 26% en el trabajo no registrado. Tampoco los K y el Frente de Todos pueden negar su responsabilidad con los 400.000 trabajadores más que han caído en la precarización laboral, según el informe del Renatep de la última semana. Menos que menos puede Cristina, que armó el bloque político que hoy está en el gobierno y apoya al actual ministro de Economía, separarse del 25% de ajuste fiscal con el que el gobierno va a terminar este año en relación al 2021. Fue ella misma la que habló con preocupación de las organizaciones sociales que cortan la Avenida 9 de Julio “con banderas políticas”, por lo que nadie puede sorprender que no cuestione el intento de su gobierno de recortar 250.000 programas sociales.

Soja o salario

No estamos ante medidas o contextos que presentan “contradicciones” a superar: el gobierno y todas sus fuerzas políticas actuantes presentan una política antiobrera que combina ajuste a los trabajadores con beneficios y ganancias para los sojeros y las cerealeras. La defensa del salario va de la mano, entonces, con una perspectiva de pelea contra el ajuste en curso.

Es en ese contexto que adquieren importancia todas y cada una de las luchas contra el deterioro salarial. Las peleas de salud, como la “marea blanca” de Residentes y Concurrentes. Fue la gran huelga del Sutna o son las movilizaciones de la Unidad Piquetera. La orientación de la izquierda no puede estar separada de esas luchas populares, ni mucho menos pensar en cálculos electorales antes que en ellas.

En esa perspectiva toma fuerza la necesidad de armar un nuevo movimiento popular, con banderas socialistas, que permita abrir paso a la construcción de una alternativa política de los trabajadores, frente a la bancarrota de un peronismo que hoy se sostiene con “el campo” y el FMI. Todas y cada una de las peleas de la clase trabajadora son el punto de partida de esta orientación.

Su “esperanza” está con los pooles de siembra. La nuestra, con el pueblo que lucha.