Los trascendidos de las reuniones que la delegación argentina sostiene en Washington con los técnicos del FMI van confirmando una caracterización que hemos venido haciendo desde nuestro partido: el acuerdo con el Fondo, de lograrse, no tiene como función abrir un ciclo de crecimiento de la economía nacional. Y mucho menos lo que auguran como la consecuencia inevitable de ese crecimiento: una mejora sustancial en las condiciones de vida de quienes habitan este país, es decir, eliminación de la pobreza, mejora de los ingresos, etcétera, etcétera, cantinela que repiten el gobierno y todos los que sostienen la imperiosa necesidad de llegar al acuerdo.

“La principal divergencia… es el nivel de actividad prevista para 2022 (…) El FMI ya proyectó una evolución positiva de la actividad en 2,5% y la Argentina está convencida que puede llegar al 4%” (El Cronista, 7/12). Traduciendo: el FMI considera que una mejora superior de la actividad económica implicaría un aumento de las importaciones en insumos, energía y bienes de capital para lo cual se necesitan dólares de los que el país no dispone y que se restarían a los que hay que destinar al pago de los compromisos ya asumidos y los que se asumirían. Es decir, el acuerdo que busca el Fondo tiene la única finalidad de garantizar los pagos de la deuda aunque esto implique mantener a la economía argentina en coma. Para mantener el superávit comercial que implican los pagos de la deuda, nada mejor que proceder a un “sinceramiento cambiario”, es decir, una devaluación que vendría asociada a una disparada de la ya elevada inflación y un cuadro recesivo.

Los trascendidos (ya que no hay informe oficial de las reuniones porque son un secreto para el conjunto de la población) fueron confirmados, por la negativa, por el ministro Guzmán que en la reunión con la burocracia de la CGT reiteró que “no va a firmar ningún acuerdo de ajuste porque significaría impedir darle continuidad a la recuperación económica” (iprofesional, 2/12). A la burocracia le bastó para ratificar su apoyo al gobierno.

Pero lo que no explica el gobierno es cómo piensa evitar una devaluación con reservas líquidas casi en cero, sin medidas para frenar la fuga de capitales y continuando con los pagos de intereses de la deuda pública y privada. Lo mismo ocurre con las tarifas: el presupuesto 2022 ya contiene una reducción de subsidios que implica un tarifazo, una orientación que el FMI pedirá profundizar. O sea, de un lado y del otro, tarifazo y devaluación. Los componentes del pacto con el Fondo están servidos. El gobierno sostiene que el crecimiento permitiría, con una mayor recaudación, evitar un aumento brutal de tarifas (sobre todo energía) y transporte, pero el debate en todo caso es cuestión de la magnitud de este nuevo golpe. El plan por otro lado no se priva de un ajuste que recae sobre los ingresos de los trabajadores y sus condiciones de trabajo, la reforma laboral que podría no figurar en los “papeles” que se firmen con el Fondo pero que se ejecuta en los hechos vía los convenios particulares que luego son ejemplo para todos como el de Toyota, etc.

Por otro lado, el gobierno plantea en el proyecto de presupuesto la necesidad de un financiamiento de 15.000 millones de dólares que planea obtener de organismos multilaterales para financiarse el año próximo, esto suponiendo que un acuerdo con el Fondo postergue los vencimientos que tiene con el organismo y que al 31 de marzo ascienden a 5.800 millones de dólares, contando tanto intereses como pagos de capital. No son los únicos vencimientos de deuda que afronta la Argentina: en enero de 2022 debe cancelar casi 700 millones por un cupón de intereses a los bonistas que ingresaron al canje el año pasado, y al Club de París unos 2.100 millones de dólares postergados desde mayo pasado.

Mientras se desarrollan las negociaciones las reservas líquidas del Banco Central se agotan y las presiones para alcanzar el acuerdo y proceder a avanzar a fondo con el ajuste en curso se intensifican. La vía en que se va a proceder con el mismo es lo que se juega entre bambalinas.

Una crisis política en pleno desarrollo

Esto ilustra la crisis política que sacude al país, al oficialismo y también a la oposición. Las consecuencias de un acuerdo son impredecibles, los sectores capitalistas no creen poder salir indemnes y la Latinoamérica sublevada es más que un fantasma.

El oficialismo ha convocado a un acto en Plaza de Mayo para el próximo 10 con el argumento del festejo del segundo aniversario de su retorno al gobierno. Aunque es un acto al cual concurrirán todos los sectores de la coalición gobernante, incluidos los que organizaron la plaza del 17 de noviembre para “festejar” los resultados electorales, o sea que no habían perdido por tanta diferencia como preveían; esta vez La Cámpora y el kirchnerismo pretenden copar la parada, con CFK como oradora y Lula da Silva acompañando, además de Alberto F. Es decir, que lejos de cerrar heridas el acto pretenderá ser una demostración de fuerzas hacia la interna.

El kirchnerismo viene en retroceso: Máximo Kirchner no pudo asumir como presidente del PJ; el peso de los intendentes del conurbano crece y han logrado sacarse encima la prohibición de la reelección indefinida; la modificación del consejo de la magistratura que propone el oficialismo va en sentido contrario a las pretensiones K, y puede ser aun peor si la Corte voltea la ley de CFK; la famosa “democratización de la justicia” pasó a mejor vida, y Feletti parece tener los días contados. Solo para nombrar algunos ejemplos. De todas maneras Cristina logró zafar por ahora del juicio de Hotesur en una resolución escandalosa de la Cámara. Más que por su poder parece ser el resultado de que la clase capitalista no quiere que se agiten las aguas en este cuadro de zozobra.

Seguramente el kirchnerismo presentará la plaza del 10 como un acto contra el FMI, en los términos de la carta de CFK: Alberto tiene la lapicera pero pagar hay que pagar. Es decir será una farsa para actuar algún grado de resistencia pero que no puede ocultar el acompañamiento del camino de la entrega. El apoyo K a Guzmán sigue intacto, el ajuste es sostenido por el propio kirchnerismo y la reivindicación de ser “pagadora serial” es agitada todo el tiempo por CFK para que no queden dudas de su voluntad.

La crisis también agita a los “vencedores” de la elección del 14N. El enfrentamiento dentro de la UCR que llevó a la división de su bloque, a la judicialización del congreso de la Juventud Radical, a las escenas de violencia explícita en la reuniones de su cúpula parecerían responder a motivos diferentes: se pelean por quién va a encabezar la coalición que en 2023 se quede con el gobierno ante el derrumbe electoral del PJ. Sin dudas esta posibilidad pone al rojo vivo la interna no solo dentro de la UCR, también dentro del PRO y de la propia coalición opositora, algo de esto lo planteó Carrió en su cumpleaños.

Pero en las peleas de la oposición también están metidas las negociaciones con el Fondo. Todos son partidarios de llegar a un acuerdo pero pretenden alejarse de las consecuencias y dejar que el gobierno haga el trabajo sucio de ir a fondo con el ajuste. Parece difícil que puedan zafar, el propio FMI y la clase capitalista necesitan que declaren su aval a lo que se llegue. La apretada de CFK para que pongan el gancho cabalga sobre ello y busca compartir los costos.

El 11 con todo a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país

Independientemente de los rasgos faccionales de la pelea dentro de la oposición, la dispersión en varios bloques dentro del parlamento es un dato importante porque muestra las dificultades de un frente común para afrontar el acuerdo con el Fondo y sus consecuencias a pesar de que todos coinciden en que hay que avanzar con él.

Que esta crisis se produzca en la rememoración de la de hace 20 años y que terminó con el gobierno de De la Rúa, con un levantamiento popular mediante, frente a la desocupación, el robo de los ahorros, la caída de los ingresos, no es un “ironía del destino”, es la confirmación de que el actual régimen es la continuidad del anterior, son los que nos gobiernan desde hace décadas.

Además esto se produce en el marco de la vigencia de la rebelión popular contra el ajuste en Latinoamérica y que tuvo su primer episodio contra las reformas laboral y jubilatoria de Macri en 2017.

La intervención de los trabajadores en esta crisis contra el pacto con el FMI y por sus reivindicaciones, todas ellas resultado del ajuste que ya se está aplicando, puede dar vuelta la situación.

La convocatoria, surgida a instancias del FIT-U, de decenas de organizaciones de lucha a marchar el próximo sábado 11 a Plaza de Mayo a todas las plazas centrales del país contra el pacto con el FMI, contra el ajuste y el pago de la deuda es un paso adelante en esta dirección, luego de, por ejemplo, la Plaza masiva contra el Fondo de la Unidad Piquetera el último 23 de noviembre.

Esta convocatoria fue creciendo día a día sumando adhesiones que superan ampliamente los alcances de los primeros convocantes. Con un planteo que no admite dobles lecturas las plazas del 11 son la contracara de la del 10, es un frente único sobre la base de la independencia política respecto de todas las variantes que nos han llevado a la mayor postración y retroceso de nuestra historia.

El 11 es el inicio de un plan de lucha con el objetivo de impedir un nuevo, renovado y profundo sacrificio de un pueblo jaqueado por la pobreza y la miseria, que tendrá continuidad en la movilización del 20 de diciembre, levantando la bandera de la vigencia de la rebelión popular y la necesidad de enfrentar a los gobiernos del ajuste.