El endurecimiento de las trabas para importar no solo encierra consecuencias recesivas que ya comienzan a vislumbrarse, sino que además provoca un salto en el endeudamiento corporativo, con lo que no representa un alivio para las reservas, que siguen deteriorándose al compás de la fuga de capitales.

Según el informe de deuda externa privada, elaborado por el Banco Central, entre el tercer trimestre del 2021 y el tercer trimestre del 2022, la deuda comercial por importaciones aumentó en U$S 8.888 millones, alcanzando los U$S 31.113 millones en el mes de septiembre 2022. Sucede que, ante la crisis de reservas, a partir de diciembre 2021 se restringieron los cupos para el acceso inmediato al mercado de cambios oficial que permitía cancelar de manera anticipada las compras al exterior, obligando a las importadoras a contraer préstamos en dólares para pagarle a los proveedores.

Podemos afirmar que, aunque los datos aún no estén publicados, el problema se agravó en el último trimestre 2022, ya que en octubre comenzó a funcionar el SIRA, el nuevo régimen de importaciones, que prácticamente elimina los pagos anticipados (el cupo paro los mismos se acotó a U$S 50 mil anuales, salvo algunas excepciones), aletargando los plazos de acceso a los dólares oficiales por parte de los importadores. A su vez, las solicitudes tardan aproximadamente 90 días en ser aprobadas: según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el 76% de las empresas encuestadas respondió que hasta la fecha obtuvo la aprobación de menos del 25% de las SIRAs solicitadas.

Lo anterior, lejos de proporcionar alivio alguno para las reservas, termina pateando el problema para adelante, ya que tarde o temprano las divisas para pagar la deuda por las importaciones autorizadas saldrán de las arcas del Banco Central. Por este motivo es que el acuerdo alcanzado con Brasil para financiar importaciones provenientes del país carioca a un año no constituye una solución a la crisis descripta, consiste en un manotazo de ahogado del oficialismo que elevará los índices de endeudamiento privado en moneda extranjera. Ahora bien, el anuncio plantea más dudas que certezas, porque implica fijar a qué tipo de cambio y a que tasas, en medio de riesgos ciertos de una devaluación.

Cabe destacar que U$S 16.472 millones de la deuda comercial por importaciones fueron préstamos otorgados por empresas pertenecientes al mismo grupo, ilustrando el comportamiento de las multinacionales que operan en Argentina, que, a pesar de contar con dólares propios para importar, incurren en autopréstamos porque prefieren continuar accediendo al tipo de cambio preferencial que ofrece el BCRA para girarlos a sus casas matrices (en forma de “devolución” del préstamo), a costa de seguir desplumando las reservas. Son los ardides propios de un comercio exterior dominado por pulpos internacionales.

Mientras tanto, las restricciones a las importaciones impactan negativamente en los índices de actividad económica, y, a su vez, acicatean la inflación, ya que algunas patronales optan por pagar la mercadería que viene del exterior utilizando dólares paralelos (MEP), lo cual encarece los insumos -y ensancha la brecha cambiaria. A su vez, ante el desabastecimiento de productos importados, disminuye la competencia y las empresas locales aprovechan para aumentar los precios. Por supuesto, se trata de una práctica que podría evitarse si se procediera a la apertura de los libros de las compañías a fin de evaluar los costos reales, una medida que los gobiernos capitalistas son incapaces de tomar.

De cualquier manera, está en duda que el Banco Central pueda reunir los dólares necesarios para hacer frente a sus compromisos con los importadores, lo que podría derivar en un grave dislocamiento comercial. No solo se mantendrán en pie todos los mecanismos que posibilitan la fuga de capitales, sino que además todo indica que en 2023 el ingreso de divisas mermará como consecuencia de la sequía. Por su parte, La Bolsa de Comercio de Rosario estima que las exportaciones del agro caerán al menos en U$D 9.560 millones respecto al año pasado. En definitiva, que un fenómeno climático haga tambalear todo el esquema económico del país es resultado de la matriz primarizante de la economía nacional, atraso que ningún gobierno se ha propuesto revertir, más bien lo profundizaron.

Las cifras de enero no parecen muy alentadoras en ese sentido. Hasta el día 30, el campo había liquidado apenas U$S 890 millones, el registro más bajo en nueve años, configurando una caída del 58% en términos interanuales. Finalmente, el capital agrario volvió a retener la cosecha para presionar por una devaluación o un nuevo dólar soja, sumado a la preocupación de conservar los granos como reserva de valor ante la incertidumbre que despierta la próxima siembra a raíz de la sequía. También incidió en la menor entrada de dólares que la cosecha de trigo se haya estropeado en un 50% debido a la falta de lluvias.

Es necesario entonces cortar con todas las vías de fuga de divisas, como el pago de la deuda externa pública y privada, las maniobras de exportadores e importadores, etc, para poder destinar el ahorro nacional al desarrollo de la industria y al servicio de las necesidades sociales. Ese objetivo requiere de nacionalizar bajo control obrero la banca y el comercio exterior, medidas que cimentan una salida política de los trabajadores, completamente opuestas al saqueo que promueven los políticos capitalistas que se postran ante el FMI.