La Agrupación Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha se ha sumado activamente a la campaña electoral del Frente de Izquierda Unidad en todo el país con un programa de defensa de los derechos de las trabajadoras del rubro y del conjunto de la clase obrera. Desde que pusimos en pie la organización independiente de las Trabajadoras de Casas Particulares nos hemos movilizado en distintas oportunidades con nuestras reivindicaciones y la única fuerza que apoyó nuestra lucha en las calles y con iniciativas parlamentarias fue el Frente de Izquierda Unidad. Por ello, nuestras compañeras voceras de la agrupación Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha serán candidatas en las PASO dentro de las listas “Unidad de la Izquierda”: María del Carmen Díaz en la Ciudad de Buenos Aires; María Stella Romero y Carmen López Bogadillo (José C. Paz), Lorena Báez (San Fernando) y Ana Talavera (Chascomús) en provincia de Buenos Aires.

El peronismo y el macrismo gobernaron en función de los intereses de los bancos y los empresarios que se llenaron los bolsillos a costa del pueblo trabajador. Al ajuste lo enfrentamos con la izquierda porque damos la batalla en unidad con un programa de defensa de los reclamos populares: el salario, las fuentes de trabajo y los derechos laborales, atacados por el gobierno y la oposición; la organización independiente y democrática de los trabajadores contra la burocracia sindical y de los movimientos sociales punteriles del oficialismo; por el derecho a la vivienda y contra la represión de Berni y Bullrich; por los derechos de la mujeres contra la violencia de género; contra el vaciamiento de la salud pública, por vacunación inmediata.

Es clave que las Trabajadoras de Casas Particulares saquemos la conclusión de que los sucesivos gobiernos nos han condenado a salarios de hambre y a condiciones de semi esclavitud. No hay defensa de las mujeres si cientos de miles somos condenadas por el propio gobierno a salarios de hambre y condiciones inhumanas de trabajo.

Tanto bajo el gobierno de Macri-Juntos por el Cambio como en la actualidad con el Frente de Todos de Cristina y Fernández, el Ministerio de trabajo que tiene la mayoría dentro de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares ha fijado escalas salariales que nos dejan por debajo de la línea de indigencia.

Frente al trabajo no registrado no ha habido grietas entre macristas y kirchneristas: ninguno movió un dedo. Como resultado de ello más del 70% de empleadas del servicio doméstico y cuidadoras se encuentran en la “informalidad” y no cuentan con ningún tipo de derecho laboral. Mientras gobernaba Macri, se limitó a hacer una “intimación” a un número limitado de “grandes contribuyentes” para que registren a sus empleadas domésticas. Una iniciativa idéntica lanzaron el gobierno de Fernández y la AFIP el mes pasado. Si bien tal como está planteada en el régimen actual la registración supone un verdadero beneficio para los empleadores esto no ha significado que se haya avanzado en la registración de las trabajadoras de casas particulares. A pesar de que pueden descontar los aportes y cargas sociales del impuesto a las ganancias, no tienen ningún tipo de penalidad por los años que tuvieron una empleada no registrada y se les permite pagar un sueldo miserable (en agosto de 2021 $209 la hora).

Durante la pandemia, según un estudio de la Universidad de Lanús (UNLa) y el Centro de Estudios e investigaciones laborales (Ceil) del Conicet, sólo el 33% de las trabajadoras del sector siguieron cobrando su sueldo. El 66% restante vio empeorada su situación laboral: despidos, recorte de sueldo o directamente falta de cobro.

Frente a este panorama, los sindicatos burocráticos del sector han festejado medidas del gobierno como el decreto “antidespidos” que está de adorno porque ni el Ministerio de Trabajo ni los sindicatos lo han hecho cumplir y los empleadores han despedido a sus anchas. Más recientemente han prestado su apoyo el “Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado” que computa a las mujeres un año por hijo/a mientras que el 75% de las trabajadoras del sector trabajan sin estar registradas, no tienen ningún tipo de aporte y para jubilarse deben entrar en moratorias en donde ellas mismas deben pagar sus aportes con una jubilación miserable.

El Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) y Cuidadores de la Casa Común junto a la “Mesa de Mujeres Sindicalistas” de la Corriente Federal de aceitados compromisos con el gobierno de Fernández ha apoyado políticas como el pago de la deuda externa y de los compromisos con el FMI. Esta orientación es la que las condiciona a la hora de defender a las trabajadoras frente a la precarización, los ataques al salario y los puestos de trabajo.

Como devolución de favores del gobierno a los sindicatos burocráticos y las centrales obreras que han dejado pasar el ajuste y descargar la crisis sobre las empobrecidas espaldas de las y los trabajadores, tenemos el decreto presidencial que impide el cambio de obra social por un año desde el ingreso al puesto de trabajo, que deja como rehenes a las trabajadoras de Casas particulares de OSPAC, la obra social que el sindicato se ha encargado de vaciar y no cuenta con prestadores en la mayoría de las provincias.

Después de un año y medio de pasividad y entrega, los burócratas sindicales y los dirigentes de las organizaciones sociales afines al gobierno fueron premiados con cargos de funcionarios y candidaturas dentro de las listas del oficialismo como Palazzo (bancarios) y Amor (Municipales CABA), así como Alejandra Vigo, dirigente de SACRA (organización representante del sector patronal en la Comisión de Trabajo en Casas particulares).

En contraposición, las listas del FIT-U en todo el país están integradas por luchadores del movimiento obrero y el movimiento de mujeres. Es el caso de Romina del Pla, que va como candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires y durante su mandato como diputada presentó un proyecto de ley que contenía el conjunto de los reclamos de las Trabajadoras de Casas Particulares que nos veníamos organizando.

En CABA, según las propias estadísticas de la Ciudad, las TCP representan el 4,2% de la población ocupada y el 5,7% de la población asalariada, y ya antes de la pandemia dos tercios de las trabajadoras de casas particulares se encontraban en condición de precariedad (su empleador no le efectuaba descuentos jubilatorios). En la actualidad a 6 de cada 10 su puesto de trabajo no le otorga derechos laborales. María del Carmen Díaz es dirigente fundadora de la Agrupación de TCP y vocera de los derechos de esta enorme porción de trabajadoras e integra las listas del Frente de Izquierda junto a Vanina Biasi y Amanda Martín, actual legisladora por el Partido Obrero en el FIT-U.

En Córdoba, Cintia Frencia, actual concejala y precandidata a senadora por la lista del Partido Obrero en las PASO del Frente de Izquierda de Córdoba, viene de presentar un proyecto por el boleto gratuito para las trabajadoras de casas particulares en la ciudad de Córdoba acompañado de la denuncia a la miseria salarial y a las condiciones de superexplotación de las trabajadoras del sector.

Vamos por el programa por el que venimos luchando y que llevamos dentro de las listas “Unidad de la Izquierda” para dar la batalla en las PASO:

Aumento salarial de emergencia del 100% hacia la equiparación con la canasta básica familiar.

Registro de todas las trabajadoras a partir de la información que tiene la ANSES con los datos de la inscripción al IFE en 2020.

Ante la discriminación del “régimen especial de trabajo en casas particulares” exigimos que nuestros derechos laborales se rijan por la ley de convenios colectivos de trabajo, basta de discriminación, acceso igualitario para las TCP a los fueros de justicia laboral.

Reconocimiento de la antigüedad retroactiva y todas las bonificaciones comunes para los trabajadores y trabajadoras registradas.

Jubilación anticipada para las TCP por el desgaste físico que representan nuestras labores (trabajo insalubre). Moratoria jubilatoria a cargo del Estado y los empleadores, derecho al acceso a la jubilación sin requisitos de aportes.

Frente a los despidos masivos que hubo durante la pandemia del COVID-19 y el incumplimiento de la prohibición de despidos, exigimos la inmediata reincorporación de las trabajadoras despedidas y un seguro de desempleo de $60.000.

Somos esenciales. Vacunación ya.

Basta de discriminación a las trabajadoras migrantes, maltratos y abusos patronales.

Somos trabajadoras, no esclavas!