Los medios de comunicación destacaron el hecho de que Martín Guzmán fue aplaudido por una treintena de empresarios, cuando terminó su alocución en el encuentro que mantuvieron en la Casa Rosada. Habían sido citados para discutir sobre la disparada de los precios, en vistas a poder arribar a “un acuerdo político y social”, en el marco de las reuniones que mantuvo también con la cúpula de la CGT.

Lo que cayó bien entre los hombres de negocios de las principales industrias del país que el ministro haya afirmado que la aceleración inflacionaria responde a los desequilibrios macroeconómicos y no a la especulación. Por eso, si bien anunció la formación de mesas sectoriales para la “coordinación de expectativas para la disminución la inflación”, lo importante es que Guzmán se comprometió a ser férreo con el ajuste fiscal.

La “coordinación de expectativas”es un fraude. El funcionario sostuvo que ello es importante para bajar las remarcaciones porque las consultoras nunca aciertan sus pronósticos. Sin embargo, el registro de un 4% de inflación captado por el Indec superó a las estimaciones privadas. Las mesas sectoriales serán un terreno de negociación al que los capitalistas llevarán sus reclamos de subsidios y exenciones impositivas. Finalmente, el gobierno viene de recular ante el gran capital agrario en torno a las retenciones y cupos de exportación.  Para establecer un seguimiento real de costos y precios habría que abolir el secreto comercial y abrir los libros en toda la cadena de valor al control obrero.

En este cuadro, toda la intención del acuerdo de precios y salarios es “coordinar” un techo a las paritarias, encorsetando al movimiento obrero tras años de desplome de sus ingresos. Es lo que el gobierno llamaba “desindexar” los salarios, y que ahora presenta como ganar un poco a la inflación… subestimada en 29% en el Presupuesto 2021. Esta es la base de toda la política para anclar los precios. El informe del Indec sobre el IPC de enero arroja además que en los alimentos la suba fue del 4,8%, con cortes de carne trepando hasta un 11% y cítricos un 40%, por lo que los trabajadores son los más golpeados.

Otro compromiso, tácito en aquella afirmación de Guzmán asignando a la inflación un origen macroeconómico, es el de cubrir el déficit fiscal menos con emisión monetaria y más con la toma de nueva deuda. Es la política en la que se ha embarcado los últimos meses, por la cual solo este año suma ya títulos por 230.000 millones de pesos. La presencia en el cónclave del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, es un intento de mostrar que habrá un alineamiento. Pero este mecanismo está teniendo un altísimo costo, porque para lograr captar prestamistas el gobierno ata la tasa de interés de los bonos a la cotización del dólar o a la inflación, y cada vez a menores plazos.

En la reunión hubo ciertos reclamos de los empresarios que no dejan de evidenciar la contradicciones de este “acuerdo político y social” con el rumbo económico del gobierno, señalando que las trabas a las importaciones -en aras de preservar los dólares para el pago de la deuda- están afectando la compra de insumos esenciales para la reactivación productiva. Otra contradicción es que para apaciguar la inflación el gobierno debería absorber la gran cantidad de pesos en circulación manteniendo alta la tasa de interés, pero eso también prolongaría la recesión.

Por todo ello, el supuesto acuerdo de precios y salarios que pretende alcanzar el gobierno es un ataque en regla a las condiciones de vida de las familias trabajadoras. La función del mismo es mostrar una estabilización económica a la misión del FMI, para acelerar la posibilidad de un acuerdo. La carestía es el resultado de toda la orientación oficial, y para enfrentarla es necesario impulsar la deliberación en todo el movimiento obrero.

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