El gobierno ha anunciado un acuerdo alcanzado con los empresarios del sector –supermercados y consumo masivo- para le renovación del programa Precios Cuidados con un aumento promedio del 6,5% en los precios y la ampliación de 400 a 800 productos. Lo que se presenta como un “éxito” para resguardar el consumo no es más que una cortina de humo para proceder al desmantelamiento de Precios Máximos: un reclamo prioritario de las patronales.

Este 7 de enero vence el esquema pactado entre el gobierno nacional y los empresarios del rubro respecto a precios y productos acordados para el programa Precios Cuidados. Desde las patronales reclaman una “actualización” de precios según la inflación y el costo agregado por la devaluación.

Sin embargo, el punto que encabeza los reclamos es el desmantelamiento del programa Precios Máximos, que fuera implementado durante la cuarentena para controlar la suba de los precios y que alcanza a más de 2.200 productos.

Precios Máximos vence el 31 de enero y la incorporación de 400 “nuevos” productos en Precios Cuidados, con sus respectivos aumentos de precio, sería el costo del progresivo “deslistamiento” de los miles de productos hasta ahora cubiertos.

A su vez, el aumento promedio de un 6,5% hasta el mes de abril, cuando volverá a discutirse el esquema, funciona como una elevación del piso de los bienes de consumo en un cuadro marcado por una persistente inflación.

Es de esperarse que esta medida vuelva a afectar los precios, en sintonía con el aumento de los combustibles y la liberación de las tarifas, lo que seguirá pronunciando la vía inflacionaria, tomando cada vez más distancia de las modestas previsiones oficiales, contenidas en el Presupuesto 2021, de un 29% de inflación. Y más cercano al 50% que prevé el Banco Central.

Tal es así la tendencia que la consultora privada Consumidores Libres realizó un relevamiento en los comercios de la Ciudad de Buenos Aires cuyo resultado arrojó un promedio del 6,5% de aumento para 21 bienes elementales de la Canasta Básicas Alimentaria, solo para el mes de diciembre.

Desde la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) señalan que a pesar de que los productos regulados por las políticas de “congelamiento” sufrieron un incremento de entre un 4 y un 10,8%, el índice de precios de alimentos y bebidas del 2020, que mide el IPC, trepó por arriba del 40% y que el propio Indec registra una suba del 28,4 en estos productos.

El gobierno intenta presentar este acuerdo en los términos de su “compromiso” de recuperación salarial para el 2021. Se trata de una impostura, cuando los salarios son avasallados todos los meses por nuevas subas de precios, la mayoría de las cuales son consecuencia de las políticas de gobierno (liberación de tarifas, aumento de combustibles, devaluación, desmantelamiento de programas, etc.).

Con casi el 80% de los asalariados con ingresos debajo de la línea de pobreza, unos 20 millones de pobres, paritarias a la baja, reforma antijubilatoria y eliminación de asistencia económica y alimentaria, el gobierno echa más leña al fuego de la crisis social en el país.

La salida debe provenir de una respuesta del movimiento obrero, ocupado y desocupado, con un paro y un plan de lucha contra el ajuste y el saqueo de nuestros bolsillos, contrario a la adaptación de las direcciones burocráticas al frente de la CGT y las CTA´s, inmersas en el pacto social el gobierno con el FMI y las patronales.