El bolsonarismo criollo tiene sus aspirantes para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, dos de ellos son Néstor Grindetti y Joaquín de la Torre, ambos del PRO, quienes se disputan los favores de Patricia Bullrich en la interna con el larretista Santilli. Otro del palo derechista es el “barrabrava” Cristian Ritondo, quien cuenta con el aval de Mauricio Macri. Ritondo, jefe de bloque de los diputados del PRO en el Congreso, trabaja por la vuelta de Macri después de haber sido el hombre de confianza de María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad en el territorio bonaerense. Junto a Vidal, encabezó la campaña contra “los privilegios” de los trabajadores del Banco Provincia, a quienes la exgobernadora les arrebató derechos previsionales en el 2017.

En la lista bullrichista entra también el libertario Espert, cuyas provocaciones contra el movimiento piquetero son permanentes, así como su pedido de meter bala a los que “infrinjan la ley”. Una apología de la mano dura y el gatillo fácil de la maldita Bonaerense que comanda el ratificado ministro de Seguridad de Kicillof, el confeso derechista y excarapintada Sergio Berni. Bullrich, quien pide la intervención de las Fuerzas Armadas en las calles para “combatir la delincuencia”, especula con alinear a Espert en las Paso de Juntos a cambio de que el liberfacho apoye su candidatura a presidenta.

La proliferación de candidateables ilusiona al Frente de Todos con una escisión de la coalición opositora derechista, que contribuya a una victoria bonaerense del peronismo por la mínima diferencia que lo saque del pantano en que se encuentra. Primero deberá lidiar con las consecuencias del ajuste en la provincia de Buenos Aires y sus componendas con la derecha en la Legislatura. Como hemos señalado en Prensa Obrera, a la rosca cada vez más virulenta dentro del PRO -y de este con el radicalismo- se agrega la disputa entre Espert y Milei, este último sin candidato propio a gobernador ni presencia en la mayoría de los municipios. La proyección de Milei que anuncian algunas encuestas no tiene correlato con la organización de “La Libertad Avanza” en la principal y definitoria provincia del país.

Fuera los políticos capitalistas

Joaquín de la Torre rechazó públicamente que hubiese habido una intentona golpista en Brasil, convalidando a la pandilla bolsonarista que marchó desde las puertas de los cuarteles a los tres poderes para desconocer el triunfo electoral de Lula. Todo esto, lo hizo con la complicidad de la policía, que liberó la zona. Mientras negaba el golpe, De la Torre abundó en elogios hacia el fascista Jair Bolsonaro y su gobierno, presentándolo como un modelo para la Argentina.

La trayectoria de Joaquín de la Torre, un todo terreno de la clase capitalista, delata a la politiquería burguesa, que viene gobernando la provincia y el país desde hace dos décadas. Con la victoria de María Eugenia Vidal en el 2015, Joaquín de la Torre se convirtió en un operador directo del pacto legislativo de Massa con la exgobernadora. Antes de esto supo ser el armador bonaerense de la fallida campaña presidencial de Sergio Massa y el Frente Renovador. El círculo derechista se cerró cuando De la Torre saltó hacia el PRO, incorporándose al gabinete en calidad de ministro de Gobierno de Vidal. En su derrotero a la derecha, el actual senador provincial de Juntos asumió como intendente de San Miguel en el 2007 por el kirchnerista Frente para la Victoria. Posteriormente, rompió con el kirchnerismo para irse con Massa y de ahí pasó al macrismo, alineándose con el peronismo republicano de Pichetto. De la Torre coquetea con Milei para cotizarse en la interna de Juntos, y quiere posicionarse como uno de los “halcones” de Patricia Bullrich.

En pocas palabras, Joaquín de la Torre resume la putrefacción del peronismo recorriendo el espinel que va del kirchnerismo al bolsonarismo de Bullrich. En octubre del año pasado, De la Torre se reunió con Eduardo Bolsonaro dos semanas antes de la segunda vuelta electoral en Brasil. La cena privada que mantuvo en Puerto Madero congregó a la jauría ultraderechista que integra el aspirante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Miguel Pichetto, y a dos liberfachos de Milei, Ramiro Marra y Carolina Píparo. En esa oportunidad, De la Torre afirmó que Bolsonaro “puso orden en las cuentas y en la calle”, en obvia alusión a la política represiva.

El otro referente de Bullrich en la provincia de Buenos Aires es Néstor Grindetti, intendente de Lanús desde el 2015 y actual vicepresidente de Independiente. Antes de llegar a la intendencia, Grindetti fue ministro de Hacienda de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 2015; cosechó varias denuncias e imputaciones por corrupción, malversación de fondos y negocios incompatibles con la función pública. Siendo ministro de Hacienda porteño, Grindetti favoreció a dos bancos extranjeros con una comisión millonaria por gestionar la emisión de deuda de la capital. Exponente de la casta política patronal, Grindetti fue imputado por fraude fiscal, lo que le valió una alerta de Interpol y el pedido de detención. También quedó pegado a maniobras truchas del PRO con los planes sociales por usurpación de identidad de los beneficiarios, y fue noticia cuando su nombre apareció en el listado de los evasores de los Panamá Papers, donde figura como asesor de una empresa y accionista de otra. Fugaba la plata mientras ejercía como funcionario de primera línea de Mauricio Macri.

Como se ve, el susodicho Grindetti tiene su frondosa historia de corruptelas, paraísos fiscales, aportistas fantasmas al PRO y otras yerbas. Como De la Torre -quien supo ser ministro del Gestapo Gate de Vidal- , Grindetti pidió represión para el movimiento piquetero y sumó como reclamo propio el pase de los planes sociales a las intendencias, un zarpazo que comparten los pesos pesados del PJ bonaerense. Grindetti quiere descentralizar y sustituir los planes por un seguro de desempleo limitado a un año y a condición de que los que tengan el seguro acepten cualquier oferta laboral, por miserable que sea, para proveer mano de obra superbarata barata a los capitalistas. La autonomía de las comunas es el relato para hacer de los programas sociales un instrumento clientelar de los punteros y una presión para bajar los salarios, en primer lugar de los hambreados trabajadores municipales.

En campaña “autonomista”, el reaccionario Grindetti declaró que la provincia debe descentralizar la educación (y la salud), transfiriendo las escuelas a los municipios. Propone empoderar a los directivos con la contratación de los docentes. Esta liquidación del sistema educativo provincial combina la reforma antieducativa con la reforma laboral y el ataque a los derechos docentes. La reforma laboral que promueve el intendente de Lanús incluye la exigencia de que sean los intendentes quienes tomen el control y reconocimiento de las licencias docentes, una vieja aspiración de todos los enemigos del Estatuto del Docente.

La ofensiva flexibilizadora no tiene grieta y sí nombres propios en el gobierno nacional, como ocurre con Aracre, el exCEO de Syngenta designado como jefe de Asesores de Alberto Fernández. A poco de asumir en el cargo, Aracre propuso oficialmente discutir la reforma laboral con el consiguiente apoyo de las cámaras patronales. Lo que pide el CEO es lo que vienen pactando gremio por gremio algunas burocracias sindicales. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof hizo punta, a lo “Gestapo” de Vidal, para que el ministerio de Trabajo sancione al Sindicato de Peajes y Afines con la quita de la personería gremial por el conflicto con la empresa Aubasa. Pero además, posiblemente sea en la docencia bonaerense, y con la cogestión del kicillofista Baradel, donde más haya avanzado la precarización laboral en el Estado; los programas educativos de Sileoni y la Dirección de Escuelas equivalen a trabajo precario con contratos a término, que afectan a miles de docentes sin derechos estatutarios ni sindicales.

La descentralización que agita Grindetti incluye la disputa por la caja. El Fondo Educativo que llega a los municipios es parte de esta tendencia descentralizadora que traslada la responsabilidad del mantenimiento y construcción de los edificios escolares a los municipios. La municipalización educativa es funcional al gobierno del Frente de Todos, que ajusta el presupuesto provincial y educativo para desviar recursos hacia el pago de la fraudulenta deuda externa. Para este 2023, y para tomar un caso, La Matanza recibirá 800 millones de pesos anuales, un “fondo educativo” que Fernando Espinosa -al igual que el resto de los jefes comunales- utiliza a su arbitrio y para financiar su reelección.

Por un Congreso del Frente de Izquierda Unidad

El pacto con el FMI corrió el arco a la derecha de todas las fuerzas capitalistas, envalentonando a sus fracciones más reaccionarias y bolsonaristas. La matriz de esta avanzada hay que buscarla en el ajuste fondomonetarista que lleva adelante el peronismo para que la crisis la paguemos los trabajadores.

No hay lucha contra la derecha si no se enfrenta y combate el ajuste capitalista, que tiene en la provincia de Buenos Aires el sello del acuerdo de Kicillof con todas las alas de Juntos para aprobar en común el Presupuesto Provincial 2023. Para este año, el gobierno del Frente de Todos se comprometió a pagarle al Comité de Acreedores de la provincia de Buenos Aires unos 250 mil millones de pesos en concepto de servicios de deuda, intereses y amortizaciones. Kicillof paga con ajuste y mayor endeudamiento externo la emisión de letras en pesos o su equivalente en otras divisas. La campaña electoral pondrá al rojo vivo la responsabilidad del Frente de Izquierda Unidad por poner en pie una alternativa política y un canal de organización y lucha de los explotados.

Los gobiernos peronistas han demostrado ser la diagonal por donde avanza la derecha. Para golpear a la derecha hay que construir un movimiento popular con banderas socialistas, independiente del peronismo, que luche por un gobierno de los trabajadores. Vamos el 11 de febrero al plenario abierto convocado por el Partido Obrero, para reforzar la lucha por un Congreso del FIT-Unidad abierto a los luchadores. La campaña electoral transcurrirá en un escenario convulsivo y de crisis política.