La viralización de un video en que el exministro de Trabajo durante la gobernación bonaerense de María Eugenia Vidal afirma que desearía contar con “una Gestapo” como fuerza de embestida contra las organizaciones obreras es una manifestación descarnada de hacia dónde apunta la reforma laboral que reclaman las cámaras patronales y el FMI, que intentó el macrismo y hoy promueve el gobierno del Frente de Todos. La denuncia que ahora presenta el kirchnerismo busca encubrir este consenso.

“Creeme que si yo pudiera tener (y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte), si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría. Pero las leyes son las leyes. Tengo que modificar la Ley 10.430, sacarle la estabilidad a los empleados de la provincia…”. Los dichos son de Marcelo Villegas, en 2017 cuando era titular de la cartera laboral, en una reunión en la sede ministerial con una docena de funcionarios entre los que se encontraban el todavía intendente de La Plata Julio Garro, el entonces ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi, entre otros. El resto del fragmento del video muestra al cónclave de funcionarios de Vidal urdiendo una estrategia judicial contra dirigentes sindicales.

La brutalidad encarnada en el sueño de contar con una Gestapo contra los sindicatos, en alusión a la temida policía secreta nazi, responde finalmente a la intención de avanzar sin escollos contra las conquistas obreras. Finalmente la incapacidad del gobierno de Macri en sancionar la reforma laboral que había pactado con la cúpula de la CGT, tras chocar con una férrea resistencia popular al aprobar la reforma previsional en diciembre de 2017, selló el inicio del declive de su gestión. Fue la movilización de masas que se plantó contra la represión la que frenó este “nazismo sindical”, mientras gobernadores, legisladores y dirigentes sindicales peronistas se adecuaban a la agenda del macrismo. El posterior “Hay 2019” buscaba desplazar del centro de la escena esa irrupción popular, y no fue un camino para enterrar los planes antiobreros sino para rescatarlos.

En la filmación Villegas no hace más que manifestar como deseo lo que fue una orientación definida del gobierno que integró. Desde la prórroga del decreto de Scioli que congelaba la planta estatal (perpetuando así la precarización de miles de empleados públicos de la provincia), la Ley de Modernización que habilitó modalidades de subcontratación, las reformas a la Ley de Ministerios que barrían con ítems de recomposición salarial, hasta la instauración del presentismo y los controles biométricos; la voluntad de liquidar la Ley 10.430, el convenio colectivo de los trabajadores de la administración provincial, fue llevada a la práctica.

Nada de eso, sin embargo, se revirtió con la gestión de Kicillof. Por el contrario, el recurso a regímenes precarios como +ATR que implica contrataciones por fuera del Estatuto del Docente o el mantenimiento de 2.000 enfermeros en condiciones de inestabilidad en plena pandemia, confirman que el Estado bonaerense sigue fundado en la precarización de sus trabajadores. Más aún, el régimen de 40 horas semanales impuesto a los estatales de la 10.430 reafirma el rumbo que tan descaradamente expresara el exministro de Vidal.

El punto es que la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo es una orientación de todo el arco político a excepción de la izquierda, y especialmente de las cámaras patronales que lo formulan extorsivamente como una precondición de cualquier inversión. Por eso mientras en campaña electoral la propia Vidal y los Milei hablaban de terminar con indemnizaciones o con los aportes patronales, Alberto Fernández acudía en persona a la planta de Toyota en Zárate para celebrar que acuerdo flexibilizador firmado entre la multinacional japonesa y la burocracia sindical del Smata. Las “mesas sectoriales” que tanto fomentan los Kulfas y los Guzmán tienen como punto prioritario la “actualización” de los convenios (en palabras del burócrata metalúrgico Antonio Caló). Con una presentación judicial contra Villegas, el kirchnerismo sobreactúa un repudio que en realidad está al servicio de lubricar esta orientación.

Que el Ministerio de Trabajo bonaerense quede así en evidencia como una cueva de conspiradores contra el movimiento obrero es revelador para todos aquellos que pretenden convencer a los trabajadores de que la defensa de sus derechos pasa por una mayor intervención estatal para “regular” la voracidad capitalista. La autonomía de los sindicatos y organizaciones obreras es la premisa fundamental para defender incondicionalmente los intereses de los trabajadores. Hoy el Estado condena a los Arakaki y Ruiz que fueron parte de aquella reacción popular que puso un freno a los planes de la “Gestapo” de Vidal y Macri, cuando debería sentar en el banquillo a los gobernantes. Abajo la reforma laboral; que se investigue esta conspiración hasta las últimas consecuencias.