Deliberadamente se está impulsando una notable confusión. Golpeado por el impacto negativo de la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días, el gobierno contraatacó diciendo que mandará un proyecto para terminar con las jubilaciones de privilegio. Pero cuáles son esas jubilaciones es todo un tema que tenemos que clarificar para que no nos hagan pasar gato por liebre.

Las llamadas jubilaciones de privilegio surgieron de la ley 24.018 de Menem, en 1991. Disponían “asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente y Jueces de la Corte Suprema. Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; Vocales del tribunal Fiscal y de Cuentas de la Nación; Legisladores Nacionales, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, Secretarios y Prosecretarios nombrados a pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, el Intendente, los Concejales, Secretarios y Subsecretarios del Concejo Deliberante y los Secretarios y Subsecretarios del departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; Procurador General del Tesoro”.

Pero esta ley fue reemplazada en 2002 por otra, la 25.668, en medio de la enorme crisis que llevó al argentinazo de diciembre de 2001. Esta nueva ley generó una crisis política entre los poderes- básicamente con el poder judicial y el servicio diplomático- frente a la cual Eduardo Duhalde dictó un veto parcial salvando lo que hoy son las llamadas jubilaciones de privilegio para presidente y vice, para la corte y los jueces y secretarios- no los empleados rasos del poder judicial- y los miembros del servicio diplomático. Se trata de unas 4.900 personas, verdaderamente privilegiadas, porque siguen percibiendo los haberes que tuvieron en actividad, en muchos casos con sólo ejercer cuatro años sus funciones. Aclaremos que diputados y senadores están excluidos desde el veto de Duhalde en 2002.

Colocar el eje de ataque a estos privilegios resulta una maniobra ingeniosa si se los compara con el resto de los mortales que aportan 30 o 40 años, para ser jubilados por migajas (hoy, el 46% del haber que se cobraba en actividad) y a los que, además, se les roba la movilidad para hacerlos “solidarios” con los “más vulnerables”. No obstante, la iniciativa está en pañales y empantanada, porque el poder judicial se está poniendo en pie de guerra.

Los “supremos” y magistrados que jamás usan su juridicidad para defender a los jubilados, condenados a juicios eternos hasta la muerte, están afilando los argumentos que hicieron retroceder a Duhalde en su momento y más recientemente a Macri, cuando se habló de hacerlos pagar el impuesto a las ganancias. Argumentan tener un aporte especial del 10%, por encima del resto, y que su “empleador” (el Estado) aporta también otro 10%, superior a cualquier patronal. Todo sale de los contribuyentes, y se trata de un sector que no paga impuesto a las ganancias, además de sus jugosos salarios. El único argumento de peso, es que muchos funcionarios judiciales han trabajado años como empleados judiciales rasos haciendo una carrera. Pero indudablemente estamos ante un sistema de tipo privilegiado.

El 82% móvil

Como es sabido, en los pocos días de debate de la ley ómnibus- llamada de “solidaridad” al igual que la ley de las AFJP de Menem y Cavallo-, se armó un considerable revuelo por los regímenes especiales que abarcan a unos 250.000 trabajadores, entre ellos docentes nacionales, docentes universitarios, investigadores y otros. A la cabeza de ese repudio estuvo la AGD de los docentes de la UBA, la Conadu Histórica e incluso la Ctera kirchnerista llegó a pronunciarse en contra. El polémico artículo 52 fue cambiado y no se ha suspendido la movilidad de esos regímenes. Pero, a excepción del caso de los docentes universitarios e investigadores, se ha formado una comisión especial que estudiará un nuevo régimen de movilidad.

Esta salida de compromiso pone en peligro, o más bien condena a plazo fijo, conquistas que llevaron años de lucha. En el caso de la docencia universitaria fue la conquista, en 2009, de un enorme movimiento que además, mediante una huelga general, en 2005 logró un aumento significativo y el blanqueo salarial, lo que hace que el 82% logrado sea real. En otros casos se trata de porcentajes menores, pero siempre ligados al salario en actividad.

El 82% móvil es eso: un salario diferido que luego se cobra de acuerdo al salario que se tuvo en actividad. No se trata de ningún privilegio, sino de un régimen que ha sido desmantelado sistemáticamente por todos los gobiernos capitalistas, desde los dictatoriales hasta los constitucionales. La cifra del 82% surge del cobro del neto que se venía percibiendo, menos los descuentos de ley. Hoy, en cambio, el jubilado del sistema ordinario recibe en promedio un 46% del haber, que a su vez se calcula sobre los diez últimos años, actualizados de manera completamente insuficiente y arbitraria.

El jubilado es robado cuando se jubila y luego es robado sistemáticamente por pérdidas de movilidad frente a la inflación. Esto ocurrió durante el kirchnerismo hasta que un fallo de la Corte Suprema obligó a determinar “alguna movilidad”, a partir del fallo Badaro, para enfrentar la litigiosidad. Vino Macri y alteró esa movilidad atada a la recaudación y ahora Fernández la cambia para eliminar su atadura al costo de vida de seis meses antes.

¿Se podría pagar el 82%?

Ahora bien ¿Se puede pagar el 82% móvil? ¿Es cierto que el problema es que no hay suficientes activos para bancar a los pasivos por el estiramiento de la edad de las personas? Es falso que no se pueda. En primer lugar la expectativa de vida en la Argentina es una de las más bajas de los países de la región: 76 años, cuando hoy con la edad voluntaria la mayoría se está jubilando a los 70.

Pero el tema esencial es que las cajas han sido saqueadas y con ellas el sistema de aportes. Hasta 1994 los aportes eran el 27% del salario, 11% personal y 16% patronal. Hoy, en el sector privado el aporte personal es del 9,45 % y el patronal 11,15%. En el sector público la persona paga 11,45 % y el Estado aporta 9,15 %. A esto hay que restarle un mínimo no imponible de $7.003 en todos los salarios. Además rige un mínimo no imponible de aportes a la seguridad social de $17.000 para las empresas textiles y otras, y, a partir de la mega ley, también para toda empresa de menos de 25 trabajadores (este tipo de Pymes son miles y miles).

Están desfinanciando la Anses y su Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo han empapelado de deuda pública. Por otra parte, un tercio de los trabajadores está negro y los salarios son bajísimos. Si se reponen todos los aportes patronales, se blanquea a los trabajadores y se recomponen los salarios, el 82% móvil es totalmente viable y sustentable.

Pero los gobiernos capitalistas quieren sus fondos para el repago del negociado de la deuda. Preparemos para marzo una gran campaña de movilización de toda la clase trabajadora, activa y pasiva, para defender la movilidad y la jubilación como derecho. La movilización ambiental en Mendoza está mostrando la fuerza imparable de las masas en movimiento.