El ministro de Economía, Martín Guzmán, precisó ante la llegada de la misión de funcionarios del Fondo Monetario Internacional que negociará la implementación de un programa Facilidades Extendidas con el organismo, que son -a diferencia del stand by firmado por Macri en 2018- a un plazo largo de diez años, pero exigen a cambio cumplir con medidas económicas más profundas.

Desde el entorno de Alberto Fernández enfatizan que ello permitiría empezar a pagar dentro de cuatro años y medio, e intentan presentar que quedarían exentos de implementar las llamadas “reformas estructurales”, laboral, previsional y tributaria. Incluso, han llegado a vociferar que podrían poner en marcha un programa fondomonetarista sin ajuste. ¿Existe ello?

Para responder, solo hace falta repasar cómo preparó el gobierno el inicio de las negociaciones formales con el organismo, empezando por el violento desalojo de las 1.400 familias de Guernica con las tropas de la descompuesta Bonaerense, en un guiño inequívoco de que para imponer esta política económica se servirá de la fuerza bruta necesaria.

En las últimas semanas, el gobierno inició una ronda de reuniones con los popes de la burguesía nacional, incluyendo aquel encuentro en el que sentó junto a Guzmán a Héctor Magnetto, de Clarín, y Paolo Rocca, de Techint. Una de las exigencias del Fondo es que el plan que se pacte tenga “viabilidad política”, es decir que cuente con el aval de todos los bloques patronales, en el mismo sentido de la “unidad nacional” por la que bregó en su carta Cristina Kirchner.

Pero lo esencial es que el ministro tenía ahora algo que ofrecer, y fue muy claro: avanzar en los dos últimos meses del año con un ajuste para achicar el déficit fiscal desde el 8,5 al 7% del PBI, y el de 2021 a menos del 4% (cuando el proyecto de Presupuesto estima un 4,5%). En suma, las reuniones fueron realizadas para comprometerse a un recorte del gasto público mayor a lo esperado. Este es el primer punto que, como no podía ser de otra forma, deberá contener el programa del FMI.

Dentro de ese objetivo ocupa un lugar destacado el proyecto de ley del oficialismo, que fija una nueva fórmula para el cálculo de la movilidad jubilatoria, el cual ata la actualización de los haberes a la recaudación tributaria de la Anses, cuando el propio gobierno decreta exenciones en el pago de los aportes patronales a empresas de todos los rubros, y al índice promedio de variación salarial que se ubica muy por debajo de la inflación. La famosa reforma jubilatoria está en marcha y es una de las principales cartas del gobierno de Alberto Fernández en su intento de acelerar un acuerdo que despeje la corrida cambiaria.

Dentro de la agenda oficial de encuentros con las principales cámaras empresarias del país, especial importancia le otorgaron al Consejo Agroindustrial, que concentra nada menos que la mitad de las divisas que se generan por exportación. Son los dólares que el gobierno mira con deseo para cumplir con el repago de la deuda externa. Habiendo tomado nota de que la baja de retenciones no estimuló mayor liquidación de la cosecha, que sigue retenida en los silobolsas a la espera de una devaluación, los funcionarios se comprometieron a pisar el acelerador en la sanción de una ley con superbeneficios impositivos. Es un indicio de que la reforma tributaria también puso primera.

Lo que más preocupa, por supuesto, es el sostenimiento de una bestial brecha cambiaria que paraliza la economía. Para combatirla, el discípulo de Joseph Stiglitz recurrió a medidas netamente “ortodoxas”, como dejar de recurrir a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y en su lugar tomar nueva deuda… ¡linkeada al dólar! Al mismo tiempo, para deprimir la cotización del contado con liqui salió a malvender los bonos del Banco Central y de la Anses (lo que permite un negoción a los fondos de inversión, a costa de nueva deuda externa). Sin embargo, lo más probable es que el Fondo exija una devaluación de al menos el 15% para achicar la brecha.

Otros puntos complementarios son la liquidación del IFE y los tarifazos anunciados para todos los servicios públicos a partir de diciembre, con el objetivo de no aumentar los subsidios estatales. Como sucede con el muy patrocinado Plan Gas, para incentivar la producción y reducir la importación, los costos son trasladados a los usuarios. También se comunicó que finaliza el programa Precios Máximos, justo en medio de la aceleración inflacionaria.

Para concluir, agreguemos que, fuera del ámbito estrictamente fiscal, se suman las medidas para propiciar “la recuperación económica”, en primerísimo lugar la reforma laboral. ¿O no es ese el corazón del “plan de optimización” de YPF? La compañía de mayoría accionaria estatal dio con ello la señal de largada de una ofensiva contra el convenio colectivo de los petroleros, en otra de las ramas estratégicas.

Así se va prefigurando el programa fondomonetarista de Facilidades Extendidas que se pactará con el FMI. Es, como no puede ser de otra manera, una hoja de ruta del ajuste y de las reformas estructurales a medida del capital. Nada de eso, sin embargo, sacará al país del pozo, y menos todavía a los trabajadores de la pobreza. Para ello es necesario derrotar el pacto fondomonetarista y repudiar la deuda externa usuraria, como primeros pasos elementales para una salida obrera a la crisis.