“En ningún momento hubo un ajuste fiscal. Hubo una reducción del déficit que es distinto”. Con esas palabras salió en su defensa Martín Guzmán, quien en declaraciones radiales habló de las críticas a su papel como ministro de Economía plasmadas en la carta que Cristina Kirchner publicó hace una semana. En realidad, ambos ocultan la verdadera magnitud de la política de ahorro fiscal a costa de los trabajadores.

“El déficit baja porque crece la recaudación, la actividad económica se recupera y porque reestructuramos una deuda que nos permitió reducir sustancialmente el pago de intereses”, alega el economista. Contemplando los datos de ejecución presupuestaria de los primeros ocho meses del año, relevados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, se puede apreciar que efectivamente los ingresos corrientes del Estado nacional se incrementaron 19,3% por encima de la inflación, pero también que los gastos corrientes perdieron nada menos que un 10,6%. Es decir que el ajuste del gasto público es un hecho inapelable, e indeludible para comprender cómo la diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta se achicó un fenomenal 63,3%.

Sobre la recaudación vale señalar además su carácter regresivo, cuando en agosto de cada 10 pesos de ingreso tributario 4,25 provinieron del IVA, es decir que los pagaron los consumidores. Por lo demás, comparando el gasto en términos absolutos, es decir en cantidad de pesos, lo que se ahorró el Estado en el rubro de pago de intereses de deuda es apenas la quinta parte de lo que disminuyeron las prestaciones sociales. Es decir que quienes pagaron con su bolsillo el achicamiento del déficit fueron los jubilados y beneficiarios de programas sociales. Este universo de familias trabajadoras “aportó” aproximadamente un punto del PBI para la reducción del saldo negativo de la Administración Nacional.

El hecho de que el gobierno esté finiquitando el anuncio de una suerte de nuevo IFE (aunque limitado en su alcance) refuta de plano el fraude de evitar contabilizarlo en la comparación con el 2020 por tratarse de un “gasto Covid”, como si este año no hubiéramos sufrido lo peor de la pandemia y la pobreza no hubiera seguido creciendo. Lo mismo puede decirse de los bonos a los jubilados, que implican un reconocimiento de que es confiscatoria la nueva fórmula de movilidad que desindexó la actualización de haberes de la inflación, motivo por el cual las jubilaciones llevaban a agosto una variación interanual del 36,8% contra un índice inflacionario del 51,4%.

Guzmán sostiene que “la realidad es que en la Argentina ha habido una política fiscal expansiva”. Pero eso no es incompatible con un ajuste, sino que más bien lo presupone. Esto porque requiere, como aleccionan los documentos oficiales del FMI y el Banco Mundial, de reducir al mínimo los gastos fijos como salarios y jubilaciones, para disponer de forma “menos rígida” de los recursos fiscales. Es así que mientras cuatro millones de jubilados perciben haberes por debajo de la línea de indigencia, la caja del Anses es utilizada para subsidiar a las patronales con el Repro II, se exime de los aportes a la salud privada, se ofrecen créditos a tasa cero y hasta cubrirán con seguridad lo que se anuncie en lugar del IFE.

El otro aspecto es que mientras son las familias trabajadoras las que cargan con los recortes presupuestarios por vía inflacionaria, los subsidios a las empresas del sector energético le ganaron en agosto por 85,7% a la inflación interanual. Más aún, de las ampliaciones al Presupuesto 2021 (resultado de que en siete meses fue superada la meta de inflación anual) casi 3 de cada 10 pesos van en forma directa al bolsillo de las petroleras, las privatizadas de energía y transporte, y otras patronales vía Repro II.

Todo esto muestra que es una farsa cuando el ministro de Economía habla de que “faltó liderazgo y coordinación” para evitar que los empresarios remarquen los precios. Esos capitalistas son premiados con subsidios y regímenes especiales de beneficios impositivos. Lo que no faltó, claramente, es “liderazgo y coordinación” a la hora de acordar con la burocracia sindical poner techos a las paritarias.

El sentido general de toda esta política la dejó en claro Guzmán al defender el cumplimiento del vencimiento de capital con el Fondo Monetario por casi 1.900 millones de dólares: “Enfrentar este pago que se le hace al FMI no tiene que ver con que nos guste o no, sino con un sentido de la responsabilidad, entendiendo que hay caminos que son realmente desestabilizantes y peores”. Las penurias de los trabajadores son presentadas así como una fatalidad. En realidad es al revés, ya que precisamente por el saqueo del país vía deuda externa el ajuste fiscal aparece como inevitable.

Finalmente, si los ajustadores buscan autoencubrirse, es porque el hartazgo popular ya es inocultable. El Frente de Izquierda Unidad apuesta a convertir esa bronca en una intervención obrera para derrotar el ajuste del gobierno y el FMI.