Políticas
26/11/2024
Resistir la privatización mileísta de la salud pública
La política del gobierno es un crimen social.
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Lucha en defensa de la salud pública.
La desregulación total de las obras sociales y las prepagas; el proyecto de provincialización de los hospitales nacionales; el desfinanciamiento de centros modelo de salud (Garrahan) e intento de cierre de otros (Hospital Bonaparte); la reducción del presupuesto de discapacidad; la merma de las prestaciones de Pami y eliminación de medicamentos sin cargo; el desfinanciamiento de programas de investigación y educación médica, la libertad de precios de la industria farmacéutica; el proyecto de seguro individual de salud “para jóvenes”.
Todas estas iniciativas del gobierno de Milei, que parecen caprichosos e inconexos, tienen un hilo conductor y una estricta lógica: promover un mercado de seguros privados de salud y desligar al Estado del financiamiento de la salud pública. En pocas palabras: la privatización absoluta de la salud pública. Un verdadero crimen social.
El sistema estatal a la deriva
El abandono y desfinanciamiento de hospitales, laboratorios y centros de salud del sistema estatal (nacional y provincial) ha sido una política de todos los gobiernos capitalistas con un pico en la década menemista. El ataque del gobierno Milei a centros emblemáticos e imprescindibles como el hospital pediátrico Garrahan –de gestión mixta nacional y municipal– o el Hospital Posadas –nacional– es una elocuente muestra de una embestida que continuará con la provincialización anunciada de los hospitales nacionales. O directamente con su privatización o la de sus servicios. Funcionarios oficiales y directivos del Garrahan se reunieron con la finalidad de optimizar la facturación ya existente de prestaciones a terceros –hay turnos exclusivos para obras sociales y prepagas– para encarar, entre otros gastos, los sueldos del personal. Otra “motosierra” sobre los fondos públicos y nuevos pasos a la privatización.
La eventual provincialización de hospitales nacionales, unida al recorte de fondos a las provincias, augura vaciamiento y una mayor precarización de las condiciones de salud de la población. Una verdadera demolición del ya golpeado sistema sanitario, que deteriora no solo la atención sino también instalaciones y aparatología. Y, fundamentalmente, desarma equipos de médicos, enfermeras y técnicos que no alcanzan a cubrir con su sueldo las necesidades básicas, y, en creciente medida, emigran a otros destinos nacionales o extranjeros.
Debe sumarse a todo esto desde la eliminación de funciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en favor de la libre importación de medicamentos no aprobados por la misma, hasta el desfinanciamiento del Conicet lo que afecta el desarrollo de importantes investigaciones vinculadas a la salud.
La salud pública estatal universal y gratuita, gran proveedora de prestaciones sanitarias, de saneamiento, prevención, investigación y formación de personal de salud, es reemplazada, en la cabeza de los Sturzenegger y Milei, por un mercado de prestaciones individuales de medicina privada ajustadas al poder adquisitivo individual. No es nuevo, reproduce los programas ya ensayados del llamado “subsidio a la demanda”: Hospital de Autogestión, descentralización y arancelamiento hospitalario, voucher de salud. Un programa de este último tipo se ha puesto en marcha en el municipio de San Nicolás, donde un nuevo hospital municipal se ha colocado bajo gestión privada y atiende por vouchers que cubren la atención, exclusivamente primaria, de personas sin cobertura social. No está claro hasta qué valor y qué prestaciones cubre.
La mafia de blanco
No es menor para caracterizar la política de salud el hecho de que se haya entregado el Ministerio de Salud a un empresario de la medicina privada, Mario Lugones, con vínculos personales con funcionarios mileístas, de quien dice el insospechado medio La Nación (27/11): “El nuevo ministro es el padre de Rodrigo Lugones, amigo y socio del asesor Santiago Caputo, uno de los vértices del triángulo de hierro que completan Javier y Karina Milei. Mario Lugones, el padre y socio de Nosiglia y Barrionuevo, encabezó el Sanatorio Güemes y la prepaga Hóminis. A través de esta última empresa compartió sociedad con Alexis Hoffmann. El asesor financiero Hoffman es el yerno del Coti Nosiglia e integra la consultora Anker, que manejó el actual ministro de Economía, Luis Caputo. Así, el árbol genealógico y las sociedades entrelazan al nuevo ministro de Salud con los Caputo y los Nosiglia”.
Se trata de intereses empresarios con la mira puesta en el beneficio de la inversión financiera y no en el desarrollo de la salud pública. Son intermediarios, absolutamente parasitarios y prescindibles, entre los pacientes y los prestadores de sanatorios y centros de diagnóstico. Solo encarecen y anarquizan el sistema de salud.
Desregulación total, o mercado para las privadas
Efectivamente, estas designaciones tienen que ver con el otro gran capítulo de la privatización de la salud: la desregulación total del sistema de obras sociales y prepagas. El gobierno Milei, en el decreto 70/2023, estableció la homologación de prepagas y obras sociales sindicales, y la libertad de las prepagas para establecer el valor de las cuotas de sus planes y liminar toda regulación y control por parte del gobierno. Entre estas últimas la obligación de un trabajador en relación de dependencia de mantener por un año la afiliación correspondiente a la obra social de su gremio antes de pasarse a una prepaga (triangulación).
Se trata de la culminación del proceso de “desregulación de las obras sociales” que se inició bajo el menemismo y que estableció la libre elección de obra social rompiendo con ello el principio de solidaridad por el cual los sueldos más altos colaboraban con un porcentaje mayor a un plan universal de salud para todos los afiliados. La desregulación dio lugar a planes de diferente calidad y precio ajustados al presupuesto del beneficiario, que es la condición para un mercado de planes de salud privados donde la aspiración de las empresas es quedarse con la llamada “crema” del negocio, esto es, los planes para sueldos más altos o los “corporativos” para grandes empresas que contratan el servicio para sus empleados.
Con últimos decretos se ha eliminado el año de pertenencia obligatoria a la obra social de origen y se dispone que las prepagas que se inscriban en el Registro Nacional de Agentes del Seguro deben aportar el 15% de su recaudación para el Fondo Solidario de Redistribución que compensa gastos en tratamientos caros y prestaciones de Discapacidad. Belocopitt fue el primero en inscribir a sus empresas para acceder al uso de este fondo, del que hasta ahora se beneficiaban solo las obras sociales sindicales.
La farsa de la cartelización
La reprimenda del gobierno a las prepagas por presunta cartelización en el mes de abril fue una verdadera farsa. Preocupado por la disparada de los precios, el gobierno llegó a un acuerdo por el que las prepagas devolverían –¡en 12 cuotas!– lo cobrado por encima del IPC de los 4 primeros meses de 2024, para liberar nuevamente las cuotas a partir de julio. Con lo que todas volvieron a aumentar por encima de la inflación. Este choque de baja intensidad dio lugar a una reestructuración de los mandos empresarios. Salió la mafia de Belocopitt (Swiss Medical) y entró la de Lugones (Sanatorio Güemes, Barrionuevo, Nosiglia).
El objetivo estratégico no cambió; es crear un mercado de inversión para empresas de seguro de salud y abandonar a su suerte la salud pública. Todo apunta para allí: por ejemplo, la supresión del año de permanencia en la obra social de origen apunta a que los más jóvenes que ingresan al mercado laboral y tienen bajo consumo de atención médica sean, desde el inicio, captados por prepagas con planes básicos económicos y pago de coseguros por prestación. No conformes con esto, Lugones está impulsando un seguro de salud para jóvenes que reproduciría el sistema de las ART. Una cuenta con aportes propios que se acumula de por vida para el pago de programas de salud según su monto. Un factor central, no olvidarlo, del plan privatista es la liberación de los precios de medicamentos e insumos que hace que se interrumpan tratamientos en curso (¡jubilados!) o que se reciclen materiales médicos descartables.
El Garrahan abre el camino
La conclusión principal que debe extraerse es que corresponde derrotar la destrucción de la salud pública por el gobierno criminal de Milei, uniendo los reclamos –por el salario, contra los despidos, la desfinanciación y los cierres– en una acción común contra la privatización, por la defensa del hospital público, por un sistema de salud estatal, universal y gratuito bajo control de los trabajadores.
El sistema privado debe ser intervenido e investigado para volcar sus fondos y todos los recursos a la salud pública. Hay que pelear por la nacionalización del sistema de salud. La burocracia de los gremios afectados, tanto de la CGT-UPCN (Andrés Rodríguez) como de la CTA-ATE (Yasky) le ha dado la espalda a esta lucha. El camino tiene, en cambio, una traza: el plan de asambleas, paros y movilizaciones de los trabajadores del Hospital Garrahan y su acción común con los trabajadores del Posadas, del Bonaparte, de Fesprosa y organizaciones de enfermería en lucha. Vayamos por una movilización nacional y plan de lucha de organizaciones de trabajadores de la salud en defensa de la salud pública y por las reivindicaciones.
