Nuevas revelaciones de los contratos con los laboratorios productores de vacunas contra el coronavirus salieron a la luz. En este caso, un informe de Public Citizen describe de qué manera operan los acuerdos confidenciales de Pfizer con los Estados para “maximizar las ganancias” y disminuir los riesgos de pérdidas para la empresa.

El detalle del mismo revela que de los 73 contratos firmados por Pfizer, solo 5 son conocidos públicamente, aunque estos también sufrieron modificaciones luego de la firma. Entre las cláusulas impuestas se resalta la prohibición a los gobiernos de hacer “cualquier anuncio público sobre la existencia, el tema o los términos del acuerdo”, como recita el acuerdo con el Brasil de Bolsonaro. Los contratos de Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana y Perú incluyen un apartado donde renuncian “expresa e irrevocablemente a cualquier derecho de inmunidad que él o sus activos puedan tener o adquirir en el futuro”, mientras que los cuatro primeros firmaron también la renuncia a “la inmunidad contra la incautación ‘cautelar’ de sus activos”, lo que en otras palabra significa que ante falta de pago los laboratorios pueden hacerse de recursos, infraestructura y sistemas esenciales para el desarrollo de las actividades nacionales, categorías que incluyen embajadas, edificios gubernamentales, bases militares y hasta reservas del Banco Central.

En cambio, en ningún contrato conocido hasta ahora se establecen cláusulas de penalidad en caso de que Pfizer incumpla con las entregas o los cronogramas, e incluso obliga a los Estados a “indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Pfizer de y contra todas y cada una de las demandas, reclamos, acciones, demandas, daños, costos y gastos relacionados con la propiedad intelectual de las vacunas”. Enmiendas del mismo tipo se encontraron en el contrato del laboratorio con Argentina, que acordaron cerrar luego de la modificación de la Ley de Vacunas a través de un DNU hecho a medida de Pfizer. Vale recordar que el DNU permitió la eliminación de la palabra “negligencia”, excluyendo la responsabilidad de los desarrolladores ante cualquier efecto adverso, y la creación de un fondo de reparación Covid-19 para hacerse cargo de las indemnizaciones que sean necesarias, financiado por el Estado nacional y no por los laboratorios creadores de las fórmulas

El informe también resalta la importancia que le dan los laboratorios a la confidencialidad y las leyes de blindaje jurídico para acordar con los Estados, dos cuestiones que sostienen la existencia de precios diferenciales según el país, perjudicando a aquellos con menos capacidad de negociación y financiación. Además, al darse puertas adentro, excluyen de toda discusión y auditoría del contrato a la población. Incluso aceptando dichas concesiones, los laboratorios se ven reticentes a entregar fechas claras de entrega; de hecho, el informe retrata que los contratos de Albania, Brasil y Colombia le dan a Pfizer el derecho de modificar los cronogramas unilateralmente.

Este esquema, junto con el sostenimiento de las patentes, es lo que les permitió a los laboratorios sostener el monopolio de la producción y cosechar ganancias extraordinarias durante los últimos dos años, y que proyecta grandes beneficios para los próximos años. Por su parte, Pfizer es una de las empresas más populares y reconocidas en términos de producción. Esto lo demuestra que haya cerrado con la Unión Europea uno de los contratos más jugosos por comercialización de sus dosis. En total, ya vendió más de 3.500 dosis y se espera que sus ventas se dupliquen en 2022.

El problema de la confidencialidad y monopolio de las patentes abrió la puerta a incumplimientos de todo tipo e incluso a dificultades y retrasos en la producción, lo que explica las grandes brechas entre distintas naciones para cumplir con sus objetivos de vacunación. En América Latina es claro: mientras en Chile se alcanzó el 80% de la población con al menos una dosis, en Haití menos del 1% se vacunó. Esta diferencia se observa también entre continentes. Hace meses que Europa discute una tercera dosis para sus habitantes, mientras que en África apenas el 5% de su población cuenta con una dosis. En los contratos con Pfizer también aparecen cláusulas que prohíben la aceptación de donaciones o el intento de los países de hacer las propias, lo que pinta de cuerpo entero la intención de capturar las mayores ganancias posibles sin el menor interés en garantizar dosis para la población mundial. Es un panorama que demuestra el fracaso de los organismos internacionales y de coordinación de los Estados para dar una respuesta a la pandemia, aun contando con vacunas sumamente eficaces desarrolladas en tiempos acelerados.

De allí se desprende el reclamo de miles de personalidades en torno a la liberación de las patentes, tomado en Argentina también por el Frente de Izquierda, entendiendo que las vacunas deben ser declarado un bien público que sirva para el conjunto de la sociedad. En este sentido, las patentes le ponen un freno a las capacidad de desarrollo de vacunas y a los avances en ciencia y técnica de los últimos 100 años, y contrariamente allanaron el camino para que un puñado de laboratorios se haga con el monopolio de la producción, generando importantes retrasos en la vacunación mundial.

En Argentina, el gobierno continúa allanando este camino facilitándoles a los laboratorios negocios con la producción de vacunas en plantas que, en gran parte, fueron financiadas con fondos estatales, como en el caso del empresario Hugo Sigman. En cambio, son varios los proyectos de investigadores y científicos de universidades nacionales que no reciben presupuesto acorde, viéndose obligados a establecer vínculos con la medicina privada para avanzar en sus investigaciones. Sobre eso es que planteamos la necesidad de liberar las patentes y terminar con el secretismo en los contratos y las negociaciones, y avanzar en un plan de producción de vacunas bajo control de sus trabajadores en las plantas del país que tienen las condiciones y acondicionando las que sean necesarias. Además, un aumento en el presupuesto de ciencia y técnica que permita la investigación, el desarrollo y la producción de una vacuna nacional, centralizando los recursos del país, para garantizar la inmunización para Argentina y el resto de América Latina.