Ricardo Bussi, hijo del ex represor y ex gobernador tucumano, Antonio Bussi, y actual diputado nacional electo por La Libertad Avanza, afirmó que en un eventual gobierno de Javier Milei deberá hacerse un ajuste brutal en la economía y que habrá represión como respuesta a las movilizaciones sociales que lo enfrenten. Es la confesión de que todo su programa político se aplicará sobre la base de romperle la cabeza a los laburantes.

En una entrevista en Radio Delta, Bussi sostuvo: “estoy seguro que va a haber problema, cualquiera sea el que gane, porque la respuesta pasa por el ajuste. Este país gasta más de lo que necesita. Estamos raspando la olla, ya no hay crédito interno, ya no hay crédito externo. La fiesta ha sido muy cara y en su momento va a haber que pagarla” y, cuando le preguntaron si habrá represión afirmó: “Sí, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza y tiene que actuar por el beneficio de la comunidad. Claro que sí. El Estado tiene que prevenir y reprimir, si no, ¿para qué está el Estado?”.

Luego de sus declaraciones, Bussi habló de la incorporación de las Fuerzas Armadas a la tarea: “El Estado tiene la Policía, es el que maneja las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas. Tendrá que usar esas herramientas para ir por el orden porque necesitamos justamente eso, orden”. Recordemos que Victoria Villarruel, vicepresidenta de Milei, hizo toda su campaña sobre la base de teorías negacionistas de la dictadura y de promoción de políticas de indulto a los genocidas. No es casualidad que el hijo de un represor como Bussi integre sus filas. Quieren incorporar a las Fuerzas Armadas en la represión interna para reforzar el aparato represivo.

Sucede que, en un contexto donde el 40% de la población está sumergida en la pobreza, el 50% de los argentinos trabaja de manera informal, con un salario en su piso histórico, con una escalada inflacionaria que nos mantiene al borde la hiper y la corrida que cambiaria que permanece pulverizando los ingresos de los laburantes, ninguna profundización del ajuste se podría llevar adelante sin palos y balas de goma.

Tanto Massa como Milei, traen bajo el brazo una “política de shock”, aunque uno se esfuerce por sonar más “gradualista” que el otro. El país deberá afrontar vencimientos de deuda por U$S 12.000 millones hasta el mes de abril, mientras, según una auditoría especial enviada por Massa, el Banco Central solo cuenta con 700 millones de dólares producto de la sangría de reservas promovida por el pago de la deuda y la fuga de capitales. La bola de nieve de Leliqs continúa creciendo al ritmo del incremento de tasas, y ya ronda los 20 billones de pesos. El gobierno, aunque redobló el ajuste en plena campaña electoral, solo logró llegar al 1,5% de rojo primario, mientras el FMI impone que sea de 1,9% para fin de año. El quebranto es total, no hay gradualidad posible y quieren hacerle pagar el costo a los laburantes.

Tal es así que, el mismo gobierno que se postula como garantía de las libertades democráticas, pone la criminalización de la protesta social a la orden del día. Hay decenas de activistas, piqueteros y trabajadores procesados por luchar por salario, condiciones laborales, contra el hambre y en defensa del ambiente. Quieren aleccionar a la clase obrera de manera de allanar el camino para todos los ataques venideros, porque el programa político de Milei y de Massa defiende los intereses de la misma clase social, antagónicos a los intereses de los trabajadores.

Gane quien gane en el balotaje se avecinan nuevos golpes para quienes vivimos de nuestro salario. Es fundamental que salgamos a la calle, de manera organizada, a defender nuestros ingresos, nuestras condiciones de vida y las libertades democráticas, de manera independiente del gobierno y de todos los que nos gobernaron los últimos 40 años y nos trajeron a esta debacle. Hay que luchar por una reorganización económica sobre nuevas bases sociales.

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