El jueves pasado, una nutrida movilización de organizaciones piqueteras y sociales se dirigió a los Tribunales Federales de Rosario para entregar un petitorio a la Justicia en el que se le reclamaba que obligue al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a entregar en forma inmediata la comida y las frazadas que tiene retenidas en sus galpones.

De la movilización participaron la CCC, el Polo Obrero, la Utep, el Movimiento Evita, la CTA-A y Somos Barrios de Pie. También se hicieron presentes, acompañando el reclamo, Amsafe Rosario, el sindicato de Cadetes, de Correo, referentes de organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios, entre otros.

Antes de que arranque la movilización a los Tribunales, el intendente rosarino Pablo Javkin montó una provocación contra la CCC, que se encontraba instalando ollas populares a la espera de la movilización. A través de funcionarios y personal de la municipalidad prohibió la instalación de las ollas, aduciendo que no era un lugar indicado para este tipo de actividad y que las mismas “ponían en peligro el funcionamiento de sanatorios y la salida de las escuelas de la zona, así como el paso de las ambulancias”. Todo esto a pesar de que los compañeros de la CCC pretendían montar las ollas arriba del boulevard, es decir, sobre la vereda.

La cuestión fue escalando verbalmente hasta convertirse en un sinsentido, ya que mientras el gobierno municipal amenazaba con desalojar la actividad con Gendarmería ya se había producido la salida de las escuelas sin ningún problema; como no podía ser de otra forma en medio de una actividad completamente pacífica, protagonizada por madres con sus hijos pequeños. Quedó en evidencia rápidamente que la preocupación del intendente era la imagen de una zona céntrica y señorial, donde se encuentran colegios y sanatorios privados de alto poder adquisitivo, rodeada de los chicos y adultos de los barrios y villas más pobres de Rosario comiendo como lo hacen en los comedores populares.

Durante toda la mañana el gobierno municipal intentó desalojar la movilización sin éxito, ya que la cantidad de compañeras y compañeros que se acercaron superaron las amenazas. En relación a las ollas, se colocaron unas pocas en carácter de denuncia, de ninguna manera las 30 ollas que salió a denunciar el intendente, tal como quedó constatado en los medios de prensa. La propia fiscalía interviniente se negó a desalojar por la fuerza y solamente corroboró que la entrada de los colegios y sanatorios estuviera liberada, algo que sucede sin problemas en todas las movilizaciones que se hacen en la zona.

Javkin se alinea con Milei

Culminada la movilización, el gobierno municipal se encargó de difundir a los medios de comunicación un texto escrito con una denuncia sobre el inicio de una causa penal contra la CCC y su dirigente Eduardo Delmonte, contra la UTEP, el Polo Obrero, Libres del Sur, Pueblos Originarios y la CTA-Autónoma, por obstrucción del tránsito y daños al patrimonio público. No pudo exhibir ninguna prueba de esos daños, ni al mobiliario público, ni algún otro problema, pese a la profusa cantidad de medios de comunicación así como de inspectores de tránsito que estaban en el lugar filmando a las organizaciones y a sus referentes.

La acción del gobierno municipal y el papel de Javkin en este conflicto reflejan un giro en la política hacia las organizaciones populares; imita la caza de brujas del gobierno Milei y Bullrich, que persigue a los desocupados que luchan por trabajo y comida como si fueran narcotraficantes, esos mismos que reinan en Rosario y Santa Fe más allá de la parafernalia oficial. Recordemos que ni Rosario ni Santa Fe han adherido al protocolo antipiquetes ilegal de Patricia Bullrich, por lo que las movilizaciones en la ciudad y la provincia se venían desarrollando en el marco de las garantías constitucionales vigentes. ¿Será que a partir de ahora Javkin pretenderá prohibir las movilizaciones imitando a Patricia Bullrrich?

En esta línea, desde el gobierno provincial y municipal han lanzado un reempadronamiento de los comedores, que si bien es presentado con la intención de mejorar la atención de los mismos, ha sido utilizado en concreto para cooptar elementos a la política oficial o para denunciar supuestos “comedores fantasmas”. Diversas organizaciones de Rosario denuncian que comedores que fueron así catalogados en realidad no fueron encontrados por las inspecciones, ya que los funcionarios evitan adentrarse en los pasillos de las villas jaqueados por el narcotráfico.

Mientras se persigue a las organizaciones sociales, el Banco de Alimento de la Ciudad, auspiciado por la propia municipalidad, vende a los comedores populares alimentos a punto de vencer que entregan las grandes empresas como Coca Cola.

Derrotemos la persecución, vamos por nuestras reivindicaciones

El Polo Obrero de la provincia presentará en los próximos días el listado de comensales de todos sus comedores, que crece día a día. Pondremos en evidencia los escasos recursos con los que contamos para hacer frente a la demanda existente, en un contexto en que el gobierno nacional de Milei-Pettovello cortó toda la asistencia y la actividad se sostiene con los aportes municipales y provinciales pero sobre todo con el trabajo colectivo de los militantes del Polo Obrero, que organizan comedores populares en barrios que carecen de todo tipo de urbanización y con personas que viven en cada vez peores condiciones, en medio del desempleo creciente y la carestía de la vía, así como del vaciamiento de la salud, la educación y la obra pública, de las presiones de las bandas narco –que cuentan con amparo estatal– por desalojar los comedores para quedarse con el territorio y las casas para instalar bunkers, etc.

Junto a esta presentación, vamos a solicitar que se amplíe la ayuda alimentaria para todas las familias inscriptas en nuestros comedores. Para hacer frente a la persecución contra las organizaciones, tanto a nivel nacional como local, hemos propuesto la realización de un gran festival que denuncie estos atropellos. Es necesario encarar una lucha común, unificando los reclamos de los trabajadores ocupados y desocupados. Planteamos la organización de una gran movilización contra los despidos, por el trabajo, el salario y los alimentos y contra la criminalización de la protesta y la persecución a las organizaciones de lucha.

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