El tratamiento parlamentario del pacto con el FMI dista mucho de ser el trámite que muchos se proponían. Es lógico, porque las coaliciones oficialistas y opositoras pretenden lo imposible: aprobar el acuerdo sin pagar los costos políticos que se desprenden de las consecuencias económicas y sociales de semejante acto de sometimiento nacional.

El Frente de Todos, con Massa a la cabeza, intentó desde el comienzo tener un diálogo exclusivamente con Juntos por el Cambio y el bloque de Peronismo Federal, con quienes acordó el tratamiento exprés por un lado y el articulado del proyecto por el otro. Lejos de ser un detalle de la vida legislativa, se escondía en la formulación de los artículos una artimaña que, aunque fue propuesta inicialmente por la oposición, contó con el apoyo de los negociadores del gobierno. Se trata de la división entre un primer artículo donde se apruebe el financiamiento del FMI y otros dos en donde se detalla el programa asociado a ese nuevo acuerdo.

Como viene sucediendo últimamente, la maniobra tiene patas cortas. El objetivo era claro: poder votar el primer artículo que le permita al gobierno pasarle la pelota a los funcionarios del Fondo para que el board ponga el sello que falta, sin que sea necesario comprometerse con las medidas que conlleva el acuerdo. El problema es que la aprobación de la política económica es la garantía que exige el FMI y que se aplicaría por lo menos hasta 2036. Como el acuerdo de Facilidades Extendidas que se tratará esta semana afecta directamente al próximo gobierno, el Fondo quiere el compromiso de todos los partidos patronales.

Como fuera, toda la discusión acerca de desdoblar en un segundo artículo el programa a llevar a cabo devino en abstracto, porque todo el mundo descuenta que es una hoja de ruta que va a fracasar. La guerra en Ucrania y su incidencia en particular sobre los precios internacionales de las commodities terminó de enterrar cualquier perspectiva optimista en torno al cumplimiento de las metas fijadas.

Ciertas especulaciones hablaban de que con esta formulación no serían solo los opositores los que estarían en condiciones de votar una parte a favor y otra en contra, sino incluso una parte de los oficialistas que se han pronunciado en contra del acuerdo. La impostura de este sector no podría ser mayor: cuatro diputados del kirchnerismo “duro” cedieron su lugar en las comisiones que tratan el proyecto para así allanar el camino en su aprobación. Con esto demuestran que su voto en el recinto será cuanto mucho decorativo.

Ni siquiera el oficialismo tiene claro si el Fondo aceptaría una votación de este tipo o si, por el contrario, podría complicar lo que ya han preacordado. Mientras en la Cámara de Diputados se inclinan por lo primero, Guzmán –el vocero del FMI- informa lo contrario. La ley que plantea que el acuerdo debe pasar por el Congreso es una ley argentina, pero que tiene el planteo de que sea toda la burguesía -circunstancialmente oficialista u opositora- la que se comprometa con el ajuste y el repago. El macrismo que votó a favor de esa ley ahora quiere escapar a su aplicación.

Otra opción que se baraja es que la oposición apruebe la llegada del proyecto al recinto y que luego se abstenga; probablemente lo mismo que haría un sector del oficialismo. De esta manera podríamos tener la situación de que un proyecto que es la piedra angular del gobierno de Fernández termine saliendo con más abstenciones que votos a favor, un situación claramente anómala y que muestra la debilidad gubernamental.

A medida que avanzan estas horas definitorias va quedando cada vez más claro que la crisis política fragmenta a todos los agrupamientos políticos, incluso al interior de cada uno de ellos. La variante de que en todos los bloques haya diputados que voten a favor y otros que se abstengan, o incluso voten en contra, no los eximirá de pagar las consecuencias de lo que están aprobando. Son cómplices de este acuerdo ruinoso.

Los que se muestran muy abroquelados en función de la aprobación del proyecto son los burócratas sindicales y las cámaras empresarias. Ambos pasaron por el Congreso el martes, donde tanto la CGT como la CTA defendieron el acuerdo con un ahínco que no muestran en ninguna lucha gremial. El compromiso de las burocracias es con el gobierno y con el régimen, no con los trabajadores. En simultáneo, trascendió que se plena convocar a un congreso para discutir una reforma de los convenios colectivos de trabajo para introducir cláusulas que liguen los salarios a la productividad.

Finalmente hablaron los gobernadores, extorsionando con supuestos cataclismos que le esperan al país en caso de no acordar con el FMI. El más enfático resultó ser Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, que convocó a un acuerdo de toda la “ancha avenida del medio” de ambas coaliciones y pidió diálogo y tolerancia mientras mantiene presos y torturados a siete luchadores en su provincia.

Al Frente de Izquierda, en cambio, no se le concedió la posibilidad de intervenir. El manejo discrecional de los expositores nos excluyó, frente a la certeza de que nos oponemos totalmente a un pacto colonial que solo traerá nuevos padecimientos para los trabajadores en Argentina.

No podríamos actuar distinto con un acuerdo en el que los tarifazos no tendrán tope y que reza que “toda la política energética se adaptará al cumplimiento de los objetivos financieros y fiscales”. Al mismo tiempo es cada cada vez es más claro que quieren aplicar la reforma jubilatoria y que el Banco Central ya ha aumentado el ritmo diario de devaluación. Las viejas recetas que tanto fracasaron.

Es por eso que nos movilizaremos masivamente el día jueves, para rechazar esta política y para derrotar el ajuste que, aunque le quiten las manos al fuego, es la política de toda la clase capitalista argentina. Los trabajadores, los jubilados, las mujeres y la juventud tenemos una cita de honor.