Políticas
8/8/2025
Rutas más caras y para los negocios capitalistas... y la mayoría intransitables
Milei le entrega el puñado de corredores viables rentables a los privados y abandona el 75% de las rutas.
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Rutas destruidas.
El gobierno nacional avanza con el esquema de entrega de los corredores viales del país al sector privado, en el marco de la eliminación total de la obra pública de vialidad y las declaraciones oficiales de que el Estado no invertirá un solo peso en mejorar el estado deplorable de las rutas y corredores viales nacionales: una situación que amenaza con aumentar los siniestros fatales y que solo garantiza una”salida” para los capitalistas y sus negocios.
Se trata de la administración de los 40.000 kilómetros de ruta bajo jurisdicción del Estado nacional, de los cuales se estima que 10.000 kilómetros concentran el 80% del tráfico, principalmente de camiones y logística vinculado al negocio de los capitalistas y exportadores, lo que implicaría la porción “rentable” del negocio, dejando la mayoría de las rutas nacionales a “la buena de dios”. Esto, además, en un país donde los capitalistas no invierten un peso y son totalmente parasitarios.
A partir del 8 de septiembre comenzará el proceso de concesión y entrega de dichos corredores viales a empresas privadas, que en adelante deberán garantizar las “condiciones de transitabilidad” a cambio de un canon elevado de $4.200 por cada 100 kilómetros para los autos y un valor que se multiplicará por siete para los camiones, con una fórmula de actualización automática de dicha tarifa.
Cabe destacar que esto será acaparado particularmente por los capitalistas exportadores, quienes son beneficiados con una actualización automática ante una devaluación, beneficiándose por doble partida ante tal supuesto, contrario a lo que ocurre con los trabajadores.
Esta “solución” traerá aparejada la intransitabilidad económica de los principales corredores viales, que pasarán a ser excesivamente onerosos y al servicio de las necesidades del capital exportador y el tránsito de mercancías, mientras que la mayor parte de las rutas nacionales no recibirá ningún tratamiento, siquiera el recorte del césped o el repavimentado superficial, necesarios para garantizar condiciones mínimas de uso.
Estamos ante un negocio pensado en función de las necesidades capitalistas, a tal punto que el primer corredor lanzado a concesión privada será la llamada Ruta del Mercosur. Lo que el gobierno propone es que los complejos patronales afectados, o un tercero interesado en el negocio, se agrupen para controlar dichas vías de comunicación, lo que también impactará en un beneficio para los grandes capitalistas y un castigo para las economías regionales y negocios dependientes de la obra pública y la conectividad de provincias y ciudades no consideradas rentables.
Esta situación afecta a decenas de provincias y cientos de ciudades y localidades perjudicadas por el ajuste oficial y la incapacidad de hacerse cargo del un gasto que no asegurará retornos suficientes, al tiempo que limitará el acceso a distintos puntos del país, afectando de paso el turismo y la transitabilidad del territorio nacional.
El estado actual de las rutas, a dos años de completa desinversión, es crítico, aumentando los siniestros viales y los problemas de comunicación entre diversas ciudades. Este proceso también redundó en la pérdida de miles de puestos de trabajo en la construcción y en sus derivados, agudizando aún más la crisis económica y laboral.
De imponerse esta orientación los trabajadores deberán costear peajes elevados para circular las rutas bajo dominio del capital privado o tendrán que arriesgarse a travesías con pocas garantías en aquellos corredores sin inversión ni tratamiento estatal, incluso al costo de dañar sus vehículos o consecuencias peores.
Resta ver qué decisión tomarán las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia si el deterioro de alguna rutas persiste al punto de su intransitabilidad total, lo que posiblemente redunde en el cierre de algunos recorridos y destinos, afectando el turismo y otras industrias.
Hay que terminar con la privatización de los corredores viales y el negocio capitalista contra los trabajadores, recuperando la obra pública para garantizar la seguridad vial, la transitabilidad del país y el trabajo.
