Políticas

19/2/2025

Salta: el panorama electoral huele a podrido

Sáenz.

Mientras crece el impacto de la criptoestafa de Milei, Sáenz se mantiene en un silencio cómplice y se dedica al armado de una elecciones completamente fraudulentas. Está armando una colección de colectoras por derecha e izquierda en donde todas las fuerzas políticas tradicionales suman al oficialismo. Los kirchneristas locales, cuyo principal dirigente es el intendente de Tartagal que está cooptado por el gobierno, se anotan en el operativo disimulo: acaban de proponer el absurdo de formar un frente “antiMilei” nada menos que con el PJ que dirige Sáenz que es colaborador del gobierno nacional... dos fracciones de Milei se han pasado al oficialismo con sendas colectoras.

El adelantamiento de la elección para el 11 de mayo, que incluye la eliminación de las Paso y deja en pie el fraudulento sistema de adhesiones o colectoras, constituye una nueva manipulación del proceso electoral por quien hasta ahora maneja un poder casi irrestricto, con mayoría agravada en las cámaras y con la cooptación de la mayoría de la oposición, a excepción del Partido Obrero y la izquierda. El propósito es blindar este régimen para que nada cambie y evitar que se manifieste una oposición obrera y popular de los que estamos siendo víctimas de esta política. Al contrario, para los trabajadores salteños el desafío es quebrar el monopolio político de los cómplices de Milei en los concejos y la Legislatura.

Justo cuando se está aplicando “el ajuste más grande de la historia” contra los trabajadores de todo el país, Sáenz le presenta al pueblo la idea de que, una cosa es la política provincial y otra la nacional. Por un lado, busca correrse de su responsabilidad como socio privilegiado de Milei en la aplicación de este ajuste. A la vez, deja abierta la puerta para pactar con él las candidaturas nacionales por Salta de octubre.

Las elecciones se darán en un cuadro en el que los trabajadores salteños sufrimos violentamente el ajuste de Milei y Sáenz, cuyas consecuencias son catastróficas: crecen la pobreza y la indigencia; hay un déficit de vivienda que alcanza a 100.000 familias y se multiplica porque el gobierno no construye viviendas ni entrega lotes; los sueldos perdieron un 35% contra la inflación; la desocupación crece en términos absolutos poniendo de manifiesto que los grandes negocios mineros que el gobierno presentó como la salida a la cuestión del empleo solo crearon algunos puestos de trabajo en la construcción, temporarios y con bajos salarios y muy pocos estables en las tareas de producción. No podía ser de otro modo, el modelo minero del gobierno es puro saqueo de materias primas que no se industrializan y que paga regalías ridículas del 3%.

Se busca ocultar las consecuencias del ajuste y de la entrega de los recursos a los pulpos mineros con exposiciones de “emprendedores” a lo largo de la provincia, como si en una economía en quiebra y con una población empobrecida esa pudiera ser la salida.

Peor aún el gobierno encabeza con Bullrich una política de militarización de la frontera y de persecución a los inmigrantes bolivianos para hacerlos responsables de la crisis sanitaria y hasta del narcotráfico, cuando es el Estado salteño el que está metido hasta el cuello en el negocio. Esta militarización ya se cobró la vida de dos jóvenes trabajadores: Fernando Gómez en Salta e Ivo Torres en Jujuy. La batalla es también contra la impunidad.

Está claro que esta política la debemos derrotar en las calles organizando a los desorganizados y superando a las burocracias cómplices de los gremios, preparando un plan de lucha y la huelga general. Las elecciones deben servir para separar a los trabajadores de los candidatos ajustadores y ayudar a poner en pie una oposición popular.

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