Políticas
30/1/2025
A lo Trump, Milei se concentra en las fronteras
En nombre de una supuesta lucha contra el narcotráfico, el gobierno se lanza a una campaña contra los migrantes para dividir a los trabajadores.
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El Ejército.
El gobierno nacional pretende movilizar a las Fuerzas Armadas a la frontera con Brasil y Paraguay para reforzar la vigilancia. Como parte de esta supuesta cruzada contra el narcotráfico y otras actividades delictivas, ya dispuso la construcción de un cerco de 200 metros entre Salta y Bolivia, y al parecer ordenará la puesta en pie de otro muro en los cruces con el país carioca. Los libertarios quieren ir hacia una fortificación de la represión estatal para regimentar y atacar a los trabajadores en un contexto de agudización de la crisis económica y social, mientras dejan intactos los pilares sobre los que se funda la existencia de negocios espurios como el tráfico de drogas.
Para avanzar en este sentido, Javier Milei y Patricia Bullrich se valen de los decretos dispuestos en diciembre pasado por su gobierno, con los que modificaron la Ley de Seguridad Interior y la de Defensa Nacional. En la Triple Frontera ya operan otras fuerzas represivas y servicios de inteligencia. La ministra de Seguridad, asimismo, anunció que en Formosa se utilizarán drones. Desde la Casa Rosada no aclararon qué funciones asumirían los militares, algunos dejaron trascender que se les asignarían tareas de adiestramiento, logística y asistencia ante emergencias; y otros que desempeñarían funciones de seguridad (Página 12, 30/1).
Además, los soldados podrían ser enviados a zonas como Bernardo de Irigoyen (Misiones) y Salvador Mazza (Salta). En el marco del Plan Güemes, en el que también interviene el gobernador Gustavo Sáenz, Aguas Blancas fue militarizada. Todo esto se hace en nombre de una supuesta lucha contra el narcotráfico. El oficialismo y sus cómplices buscan instalar la idea de que estos negocios turbios son organizados por extranjeros que operan en las fronteras.
El gobierno se ha colocado en sintonía con la política antimigrantes del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pretende crear un enemigo interno para dividir a la clase obrera y estar en mejores condiciones de hacer pasar una ofensiva histórica contra las masas para aumentar la tasa de beneficio capitalista. El oficialismo, además, busca utilizar al Ejército para reprimir a los trabajadores que salgan a las calles a protestar contra las políticas empobrecedoras de los gobiernos. El despliegue de milicos para “combatir” al narcotráfico es una política promovida desde hace mucho tiempo por el Pentágono. En México y Colombia se llevó adelante y los resultados fueron nefastos: las bandas narco siguen operando, emergieron narcomilitares, la intromisión del imperialismo en los países se intensificó y la descomposición social alcanzó niveles inauditos.
Es que actividades como el narcotráfico o la trata son negocios capitalistas muy rentables del que se benefician varios sectores sociales. Por eso el poder político burgués permite su desenvolvimiento. Las fuerzas represivas liberan zonas para que los narcos operen en los barrios o directamente se unen a ellos para sacar una tajada de dinero. Les permite a muchos de sus efectivos o jefes situarse en un lugar privilegiado en el marco de una sociedad dividida en clases sociales. Hace poco el juez federal de Orán procesó a una banda –que fue atrapada con 35 kilos de cocaína y casi mil pastillas de éxtasis– cuyo capo era un alto jefe de Gendarmería. El año pasado, decenas de gendarmes se vieron implicados en el cobro de coimas para el ingreso de drogas (Página 12, ídem).
Sáenz, por otra parte, es un impostor. Su exsecretario de Seguridad, Benjamín Cruz, está involucrado en un caso de narcotráfico. Cristian “El Gringo” Palavecino, sicario y líder de una narcomafia, causó revuelo en Salta por haber difundido nombres de funcionarios metidos en esa porquería (ElDiarioAr, 27/1). En Salvador Mazza se desató una crisis al conocerse que un empresario desembolsó 800.000 dólares para colaborar con la campaña del intendente Gustavo Subelza. El gobierno libertario, por su parte, logró que se apruebe en el Congreso –con los votos de todas las fuerzas políticas capitalistas– una ley de blanqueo que permitió la legalización de dinero proveniente de negocios espurios.
Los gobiernos de las últimas décadas han reforzado de distintas formas la presencia de las fuerzas represivas en los barrios y otros rincones del país y el delito no ha cesado de existir. En Rosario, durante este mes, hubo más crímenes que en el mismo periodo del año anterior (Clarín, 29/1). El régimen Bukele instaurado por Pullaro y Bullrich se demostró como un fiasco. Cabe destacar que la droga acopiada en Rosario no pasa por la frontera en la que se van a levantar los alambres, sino que ingresa a través de avionetas. La política de Bullrich-Sáenz en Salta solo redundó en el asesinato de un trabajador bagayero a manos de la Gendarmería.
Por otro lado, los bancos se han transformado en grandes plataformas de lavado de dinero y los puertos privados en un colador de droga. De todo lo mencionado se deduce que sin la disolución de las fuerzas represivas, sin la expropiación de los bancos y los puertos, y, de conjunto, sin alterar el régimen de propiedad vigente, no se podrá eliminar el flagelo del narcotráfico y del resto de los negocios, que afecta principalmente a los trabajadores y a la juventud. Una transformación social de este tipo solo puede ser llevada adelante por la clase trabajadora.
Abajo el plan represivo y antiobrero de Milei-Bullrich.
