El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, presentó un proyecto de ley sobre Salta Forestal, que se anunció en los medios como la solución al reclamo histórico de los puesteros que reclaman la propiedad de sus tierras. Sin embargo, dentro del mismo se incluye una renegociación del contrato con las empresas concesionarias que explotan una parte importante de estas tierras fiscales, con una concesión por 64 años y en condiciones escandalosas. Estas empresas son: Cresud, propiedad del financista de Milei, Eduardo Elsztain, y una empresa del Grupo Ruiz propietaria del Ingenio San Isidro en Salta y de varios ingenios en Tucumán. El proyecto va en sintonía con los anuncios que el gobierno había hecho a principios de este año.

Es claro que la supuesta satisfacción del reclamo de los puesteros encubre una nueva estafa al pueblo salteño, ya que la renegociación del contrato con los actuales concesionarios, quienes devolverán al Estado tierras que no utilizan, sin duda tendrá como contraparte la condonación de la deuda de casi 100 millones de dólares que tienen del canon no pagado por el uso de esas tierras.

Con esta medida Sáenz va camino a consumar una nueva estafa al pueblo salteño como lo hizo Urtubey en 2017, cuando condonó la deuda por decreto a los anteriores concesionarios entre los que se encontraba la familia de Alfredo Olmedo, también por la falta del pago del canon, que según la ley vigente es el 10% del valor de la producción (en el mercado privado se paga por arriendo un 22% de ese valor). En aquella oportunidad, el compañero Claudio Del Plá denunció penalmente a Urtubey por tomar una medida que es facultad de la Legislatura. Esta causa penal se reabrió recientemente. Por eso el actual gobernador busca cubrir su responsabilidad bajo el paraguas de esta ley en tratamiento.

La renegociación estará a cargo del presidente del directorio de Salta Forestal, Ignacio Lupión, ex presidente de la Sociedad Rural Salteña.

¿Qué dice la ley sobre los puesteros?

En relación al tema de los puesteros, el dictamen aprobado por diputados empeora el texto original. El nuevo texto no otorga la propiedad a las familias sino que habilita a Salta Forestal a realizar convenios con cada una de las familias, las que recibirán hasta un máximo de 1.200 hectáreas. Esto contrasta con las 4 mil hectáreas que la ley prevé para el otorgamiento de nuevas concesiones. Cada convenio con las familias deberá ser ratificado por una ley, contrastando también con el hecho de que la renegociación con los poderosos concesionarios no necesita ratificación alguna del parlamento.

Previo a los convenios, Salta Forestal realizará un relevamiento de las familias pero, a diferencia del texto original, lo hará ya sin la colaboración de la universidad u otras casas de altos estudios. Recordemos que ya existe un informe realizado por profesionales de la Universidad Nacional de Salta.

En el dictamen aprobado no se incluyó el artículo 5 del proyecto original que establecía que la Dirección General de Inmuebles se hacia cargo de todos los tramites y eximía a las familias de los costos de sellado. Esto deja abierta la posibilidad de que sea cada familia quien deba costear los gastos de mensuras y planos que son altísimos.

El proyecto incluye la posibilidad de que los puesteros opten por otro terreno rural distinto al que ocupan o por un terreno de 1.500 metros cuadrados en una supuesta urbanización llamada La Bomba. En este lugar no existe otra infraestructura que no sea de la empresa Cresud, por lo que todo indica que buscarán que algunos puesteros opten por ir allí para proveer de mano de obra (cautiva, ya que no hay otra alternativa laboral sino a muchos kilómetros) a esta empresa. No hay nada que establezca la posibilidad de que quienes tomen esa opción puedan acceder a una vivienda.

Una parte de los puesteros señalan, con toda razón, que si no existe un plan integral que abarque los aspectos productivos y ambientales, sus actividades no serán viables económicamente, por más que tengan un título de propiedad. En ese caso se verán obligados a vender sus tierras una vez que se cumpla el plazo que lo impide, establecido en el proyecto. Quizás este sea también uno de los objetivos centrales del gobierno para que en poco tiempo la tierra quede en manos de grandes terratenientes.

Como se ve, el proyecto es un cheque en blanco en manos de un representante directo de los dueños de la tierra en Salta, como lo es Lupion, cuyo resultado será una nueva estafa contra el interés de los salteños, particularmente los puesteros de Salta Forestal y los habitantes de todo el departamento de Anta, uno de los más pobres de la provincia.

Desde el PO estamos acompañando los reclamos de los puesteros y planteamos desde hace décadas que Salta Forestal debe ser recuperada por el estado para que sea parte de un plan integral y sustentable de producción agropecuaria, gestionado por los trabajadores y campesinos de la zona. La renta de Salta Forestal debe ser aplicada a sacar del atraso y la pobreza a la mayoría de los habitantes de la zona. Los concesionarios deben pagar los $100 millones que deben por canon y los funcionarios cómplices ser investigados y condenados.

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