Así como el gobierno de Fernández lo anunció cuando presentó el Presupuesto 2022, se vienen los tarifazos, y el gobernador salteño Gustavo Sáenz hace punta en el país. El Ente Regulador de los servicios públicos convocó recientemente a dos audiencias públicas para discutir los aumentos de las tarifas de agua y luz.

Edesa, la empresa de energía eléctrica, ha pedido un nuevo aumento del 35%. Esta empresa, que recibió enormes subsidios durante la etapa de cuarentena estricta (mientras las y los trabajadores no podían salir ni para hacer una changa) ya fue beneficiada con un aumento del 22% en enero pasado, a pesar de brindar un servicio pésimo. Si se le otorga este nuevo pedido, la tarifa de luz aumentará casi un 65% en todo el año entrante.

Aunque no se ha anunciado un porcentaje todavía, también habrá un aumento de la tarifa de agua potable. Sin dudas van a venir con el verso de siempre, de que “hay que aumentar la tarifa para garantizar el servicio”. Con ese discurso solicitaron a principios de año un aumento del 60%, el cual no les fue otorgado tan solo por una cuestión formal. Pero ahora se va a discutir una restructuración integral de la tarifa. Con esto, el aumento del agua puede ser verdaderamente descomunal. Sin embargo, la empresa, hoy estatal, presta un pésimo servicio (o directamente deja sin agua a miles de familias), tanto en las distintas zonas de la ciudad de Salta como en el interior. Recientemente los vecinos de Mosconi tuvieron que cortar la ruta para ser escuchados, luego de estar semanas sin suministro. En capital, los vecinos de Las Colinas, Floresta, La Loma, Tres Cerritos, vienen denunciando carencia de agua durante muchas horas del día, ya desde hace años. En Asunción, Villa Mitre y 17 de Octubre las cloacas rebalsan, y los ríos de materia fecal por las calles son parte de la vida cotidiana de estos vecinos. Las comunidades originarias del norte provincial sufren la falta de agua durante todo el año, siendo causa de muerte por diarrea de decenas de niños por consumo de agua contaminada.

Los gobiernos de los últimos 20 años son los responsables de la desinversión del sistema, mientras pagamos los servicios más caros del país. Hay que considerar también un elemento importante: miles de familias han contraído enormes deudas durante la pandemia, cuyos planes de pago tienen intereses usurarios que las han convertido en impagables; provocando en muchos casos el corte del servicio de energía eléctrica. El tarifazo sin duda agravará toda esta situación.

Estos tarifazos vienen en un cuadro donde la inflación interanual supera el 50%, donde lo que más aumentan son los alimentos, donde hay un crecimiento sostenido de la pobreza y la desocupación, y se suman a otros aumentos que hubo este año; como el del transporte público. Van en consonancia con las políticas de ajuste que aplica el gobierno nacional y también Sáenz en Salta, para descargar el peso de la crisis sobre la espalda de los trabajadores, y cumplir con los lineamientos exigidos por el FMI para poder arribar a un nuevo acuerdo.

Cuando de cumplir con el Fondo Monetario se trata no hay grieta que valga. Juntos por el Cambio también apoya esta orientación, por eso el salteño Martín Grande, actualmente diputado nacional, salió en estos días por los medios a respaldar el tarifazo.

Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda – Unidad, y el Polo Obrero junto con el Frente Piquetero convocamos a movilizarnos el miércoles, hacia el Ente Regulador para rechazar el tarifazo con una movilización masiva como la de principios de año, y para exigir un plan de obras públicas que garantice la provisión de agua potable y cloacas para todos los barrios y comunidades de la provincia.

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