Con una audiencia pública completamente trucha, no solo por no ser vinculante sino porque fue convocada en enero y en Chicoana, localidad alejada de la capital, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) inició el proceso para aumentar el boleto del transporte público de pasajeros. A tal punto llegó la truchada que ni siquiera las autoridades de Saeta, la sociedad anónima estatal que maneja el sistema de transporte, se hicieron presentes para explicar por qué piden el aumento. En menos de una semana AMT ya autorizó el aumento, que será del 25%, con lo que el boleto urbano pasará de $32 a $41 a partir del 1 de febrero.

Saeta solicitó un aumento del 30%. El argumento esgrimido en el expediente para la audiencia trucha es el aumento de todos los costos del sistema. Llegan a colocar como parte de esos costos el del combustible, sin aclarar que existe un subsidio del gobierno nacional a las petroleras para que las empresas del transporte paguen un precio diferenciado del gasoil. Pero lo más importante es que ocultan cuánto se llevan de ganancia el puñado de empresas que prestan y monopolizan el servicio. Tampoco hay ni una mención a cuál es el costo del sistema de cobro con tarjeta magnética.

El sistema de transporte del área metropolitana está completamente subsidiado por el Estado, tanto nacional como el provincial. En el fracasado presupuesto nacional había un aumento significativo de los subsidios al transporte público, que seguramente se aplicará igual, ya que el gobierno de Fernández viene aumentando los subsidios a través de un fondo compensador, a pesar de la exigencia del FMI de reducirlos. Por su parte, Sáenz viene haciendo lo mismo. En 2020, como consecuencia de la pandemia, el transporte tuvo un funcionamiento muy limitado, aun así, lo que puso el Estado provincial fue un 100% más de lo que se puso en 2019. En el presupuesto provincial 2022 también se duplican los subsidios provinciales, llegando a una suma superior a los 8 mil millones de pesos.

El sistema es completamente parasitario ya que las empresas prestadoras cobran por kilómetro recorrido, monto que contempla todos los gastos y la ganancia, sin importar si el colectivo viaja vacío. Es un negocio redondo, sin riesgo alguno para las empresas, financiado por el bolsillo de las y los trabajadores sea por la vía del boleto y también indirectamente por los subsidios estatales. Por lo explicado en el párrafo precedente, todo indica que al inicio de la pandemia con servicio reducido las empresas obtuvieron su ganancia como si el servicio hubiese sido normal.

Para el transporte del interior, fuera del área metropolitana, se impuso un boletazo que va desde un 30% para el caso de empresas subsidiadas nacionalmente y de un 35% para empresas que no reciben esos subsidios. Estos aumentos comenzaron a regir desde el 1 de enero e implican un ataque brutal a las y los trabajadores de muchas localidades que tienen costos enormes para trasladarse, por eso es normal ver a maestras haciendo dedo en las rutas.

En Chicoana, rechazando el boletazo.
AMT y el gobierno de Sáenz cada vez más truchos, convocan una audiencia pública no vinculante y alejada de los centros poblados para imponer el aumento que NI SAETA se presentó a defender.
¡Que se abran los libros de la empresa! pic.twitter.com/GvQ3US3Uxl

— Carmen Venencia (@CarmenVenencia) January 13, 2022

 

Este boletazo se suma a los tarifazos en la energía eléctrica y en el agua que Sáenz impuso a finales del año pasado, cuando los salarios y las jubilaciones han sido devastadas por la inflación superior al 50%. Ni hablar de los ingresos de los trabajadores precarizados e informales que en el caso del área metropolitana de Salta alcanzan a la mitad de los trabajadores en actividad. Recordemos además que el año pasado el boleto subió un 28%. Sin dudas es parte también del ajuste en función del acuerdo que el gobierno nacional quiere cerrar con el FMI, por eso Sáenz firmó el Consenso Fiscal, y Saeta reconoce que quieren reducir lo que el Estado pone en el sistema de transporte trasladando una parte importante al bolsillo de los usuarios como exige el organismo financiero del imperialismo.

Desde el Partido Obrero hemos denunciado todo esto en la propia audiencia con nuestra dirigente docente, Carmen Venencia, y también en el centro de la ciudad de Salta en una jornada de volanteo y firma de un petitorio el mismo día de la audiencia. De esta manera buscamos seguir explicando la necesidad de seguir organizados contra el ajuste, dando continuidad a las recientes luchas en reclamo de agua potable por ejemplo, para impulsar la lucha en defensa del salario y las jubilaciones y para masificar aún más la enorme movilización contra el acuerdo con el FMI.

 

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