Una crisis descomunal tiene acorralado al gobierno de Juárez. El enorme endeudamiento que dejó la Intervención y que sumaría más de 400 millones de pesos (La Gaceta, 13/8) no le permite pagar los salarios ni, tampoco, satisfacer el reclamo de la Iglesia de aumentar los subsidios a los 150 colegios privados de la provincia. Esto último es lo que explica la virulenta oposición del obispo Sueldo. La Iglesia criticó un plan de reducción salarial que implementó el gobierno, pero no se opone a que haya un “ajuste”, que finalmente lo pagarían los trabajadores. “Creo que frente a esta emergencia que está llevando a las provincias a disminuir los salarios o el desempleo, es importante poder conversar con las partes afectadas para ver cómo se puede viabilizar esto, de modo que no sea algo que viene del gobierno, sino algo conversado y asumido por los sectores que van a estar involucrados” (El Liberal, 29/7)  (diferenciado nuestro). Este planteo ha sido tomado por la CGT, que señaló que “pueden aceptar la concreción de un ajuste, en tanto que éste sea acordado en una gran mesa de diálogo” (ídem). También los gremios vinculados al CTA, la UCR y los diversos sectores del FREPASO están alineados con la Iglesia.

El gobierno, por su lado, plantea la creación de un Consejo Económico y Social para impulsar un “pacto social”. Pero Juárez, que ya fue escarmentado durante el “Santiagueñazo”, sabe que todo esto es un castillo de naipes si se abre paso la movilización popular. Por eso, ante una amenaza de acuartelamiento policial rechazando el plan de descuento salarial que afectaba a todos los salarios de los empleados públicos  superiores a los 600 pesos, incluida la policía,, el gobierno dio marcha atrás y replanteó un nuevo plan de reducción salarial, esta vez para los salarios superiores a los 700 pesos. Luego de esto, SADOP, con el indudable apoyo de la Iglesia, realizó una movilización que reunió 8.000 personas, reclamando el pago de los salarios y otras deudas que el gobierno tiene con los colegios privados. Para la semana que viene esta convocada una serie de movilizaciones de varios gremios rechazando los descuentos y reclamando el pago puntual de los salarios.

El proceso de movilización popular está quebrando todo el andamiaje represivo que montó el gobierno apenas asumió: depuración de la policía, creación de un escuadrón de la Gendarmería, creación de la Secretaría de Informaciones a cargo de un ex funcionario de la dictadura y el reinicio de la causa contra 80 personas acusadas de haber participado en el “santiagueñazo”.