Con el término del mes de febrero, las consultoras privadas informaron sus cálculos respecto a la inflación del mes vencido, con un consenso de un aumento de precios promedio que se arrima al 4%. Con otro salto en los precios de los alimentos, la política fondomonetarista del gobierno, con tarifazos y liberación de precios, sigue contribuyendo a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Las consultoras privadas, a la espera del informe oficial del Indec, estiman que el alza de los precios seguirá alto, similar al de diciembre y enero, con una importante suba en los alimentos, principalmente en frutas y verduras, lácteos, aceites y carnes, los cuales se ubicarían por encima de la media.

De corroborarse esta situación implicaría un desmentimiento del discurso oficial de Alberto Fernández, quien responsabilizó particularmente a las empresas de telecomunicaciones y a la Justicia por liderar la suba de precios y marcar la tendencia alcista de todo el mercado, lo cual ocultaría la responsabilidad oficial en el impacto de las medidas pactadas con el FMI y los fallidos controles y regulaciones, y otras yerbas, para detener la inflación.

Febrero caliente, marzo en llamas

Uno de los impactos más anunciados fue el relativo al traslado del aumento del 11% en los combustibles, impulsado por la empresa “nacional” YPF. Ni los Precios Cuidados resistieron las subas por el traslado de los mayores costos logísticos. El gobierno tuvo que postergar la suba de los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), que iba a implicar un nuevo aumento en marzo y que ahora se dará en los próxios meses.

Además, los precios de las principales materias primas vienen experimentando un ascenso progresivo, ahora empujados por el conflicto bélico en Ucrania, sin que el gobierno aplique ninguna medida efectiva para detener el impacto de los precios internacionales en la mesa de los trabajadores de habitan el país.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, viene amagando con un fideicomiso para el trigo y el maíz, resistido por las patronales exportadoras, y otro para los productos frescos, en “discusión” con el Mercado Central, sin que nada de esto impacte en el día a día de las familias obreras. Hasta se llegó a hablar fugazmente, de una Empresa Nacional de Alimentos, que parece haber quedado en el olvido.

Ahora, el mes de marzo, plantea bajas expectativas para el gobierno, cuando tendrá que impactar la suba del 20% en el gas residencial y de entre el 14 y 15% para pequeñas y medianas empresas, que de seguro también impactara en los productos finales. Lo mismo ocurrirá con la luz, con un 20% de aumento y lo que se vaya a agregar más adelante. Respecto al agua, AySA acaba de solicitar un 20% de aumento, aunque aún no ha sido aprobado.

Entre otros aumentos se espera la suba de la medicina prepaga, que viene de un aumento del 9% en enero y sumaria un 6% en marzo y podría escalar otro 6 en abril, acumulativos. También se suma el aumento del 17% en la educación privada de CABA y 12% en PBA.

La licuadora oficial

El gobierno se ha fijado el objetivo de establecer una pauta de aumento en rededor de 40%, contra una inflación que sigue manteniéndose en altos niveles y que todos los pronósticos privados ubican entre un 55 y 60% para todo el 2022.

En ese punto también se ubica el Consejo del Salario, que se supone será convocado para fines de marzo, y que podría convalidar esta orientación volviendo a cercenar el poder adquisitivo de los trabajadores precarizados, desocupados, jubilados y pensionados, además de gran parte de la asistencia social, la cual el gobierno viene ajustando en los últimos tres meses.

Por vía de esta política el gobierno sigue “licuando” los salarios e ingresos de los sectores populares, mientras los capitalistas remarcan los precios, exportan a precios internacionales y son beneficiados con distintas políticas oficiales. El pacto con el FMI traza una línea de ajuste contra el pueblo trabajador por medio de la satisfacción de diversos planteos de la agenda patronal, devaluación y tarifazos mediante.

Hay que rechazar el pacto ruinoso con el FMI y terminar con esta política de saqueo contra los trabajadores y jubilados, nacionalizando el comercio exterior e interviniendo toda la cadena de valor de los alimentos y bienes de consumo masivo. Además de una recomposición general de los salarios, por arriba de la canasta familiar, y un seguro universal al desocupado que cubra la Canasta Básica Alimentaria.

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