El hecho de que el acuerdo con el FMI se venga difiriendo no ha sido un impedimento para que, entre bastidores, más sigilosamente, el gobierno se haya ido acomodando a las exigencias de ese organismo. Una de ellas es la reciente decisión del Central de habilitar a los bancos a pasar parte de lo invertido en Letras de Liquidez (Leliq) a la compra de bonos de la deuda pública en pesos. Ha trascendido, aunque ha quedado relegado en las noticias, que dicha medida venía siendo reclamada insistentemente por el Fondo.

El canje que se plantea no es un hecho menor. Mientras las Leliqs son deuda directa del Central, que tiene la capacidad de emitir, no ocurre lo mismo con la deuda del Tesoro Nacional que no dispone de la máquina de imprimir billetes y cuya capacidad de repago de la deuda pública depende de sus propios recursos, que surgen de la ecuación entre ingresos y gastos. O sea, el Estado debe generar un superávit, que como es costumbre en las recomendaciones del Fondo, proviene de aumentos de las carga impositiva y tarifaria que son soportados por la población, por un lado, y un recorte de salarios y jubilaciones, condiciones de vida y partidas sociales, por el otro. La medida de canje anunciada por el gobierno va en ese sentido y es funcional al ajuste.

En los últimos meses, la cartera de Economía venía reduciendo la emisión con la cual financiaba al Tesoro Nacional. Al cerrarse aún más la asistencia del Central a partir de la nueva medida, el gobierno es obligado a ajustar las clavijas, en sintonía con las presiones que vienen desde Washington. Habría que agregar que, sin esperar que el acuerdo esté concluido, el ajuste está en marcha. Basta señalar que los últimos meses arrojaron superávit fiscal que proviene de la revisión a la baja de la movilidad jubilatoria y la licuación de los salarios de los empleados públicos, que han quedado completamente rezagados en relación con la inflación; a lo que se suma la poda en la asistencia originada en la pandemia en la cual los recursos asignados son apenas un 10% con respecto un año atrás. De todos modos, el FMI considera que el ajuste es insuficiente y plantea un recorte aún mayor que va unido a las llamadas “reformas estructurales”, en particular en materia laboral y previsional.

Pero el problema no termina ahí. Obligar a los bancos a invertir en títulos públicos basura, bajo la amenaza de default es preparar el terreno a una nueva confiscación de los ahorristas. Para tentar a los bancos, el gobierno plantea que los encajes puedan reemplazar los pesos que están obligados a conservar como reserva por los títulos que adquieran. Eso en el pasado, como sabemos, culminó en el corralito, pues los bancos carecerían de los fondos para devolverle a los depositantes.

La intención oficial es colocar unos 800 mil millones de pesos en títulos que es lo que necesita el gobierno para cubrir sus necesidades de financiamiento hasta fin de año, un importe similar al que ya tienen en su poder. O sea, pasarían a tener la friolera de 1,6 billones, un cifra gigantesca que estaría sometida a una progresiva desvalorización al compás del aumento del riesgo país y en la que siempre está latente el riesgo de incumplimientos, como ocurrió con el reperfilamiento al final del mandato de Macri. Varias veces, el gobierno de Alberto Fernández no logró reunir fondos suficientes en licitaciones para renovar los vencimientos de la deuda en pesos, abre las puertas para que esos fondos vayan hacia el dólar y provoquen una disparada de la divisa norteamericana. Ante la perspectiva de que esto se profundice, el gobierno pretende crear un mercado de capitales con fórceps que permita financiar la deuda pública.

Aunque el gobierno ha salido a aclarar que el canje no es compulsivo, sino “optativo”, y se compromete a entregarle a los bancos los pesos que requieran en caso de necesidad -las entidades financieras podrán venderle al BCRA los bonos que hayan comprado para integrar los encajes-, lo cierto es que ese panorama es un campo minado. Esto es lo que explica la resistencia que ha generado en los bancos que prefieren quedarse en las Leliqs, con lo cual tienen más seguridades de cobrar que ingresar en una nueva operatoria endeble e incierta. “La duda es qué actitud tomarán los bancos ya que, aunque ambos forman parte del Estado, para ellos no es lo mismo tener como contraparte al BCRA que al Tesoro Nacional. En especial, con el antecedente del denominado ‘reperfilamiento’ (default) de la deuda en pesos, dispuesto en la última etapa de la gestión Macri, aún presente” (Infobae, 26/5). Se abre un nuevo frente de tensión, esta vez en el capital bancario, cuando está en su punto más alto el choque con los ruralistas.

Bomba de tiempo

Por supuesto, el panorama es crítico con las Leliqs que ahora, al día de hoy, asciende a la cifra récord de 3,7 billones de pesos y le cuestan al Estado 100.000 millones de interés mensuales. Pero la propuesta del gobierno tiene la contra de crear un nuevo flanco de crisis sin desactivar la bomba de tiempo que representa los certificados propios del Banco Central. Si se cumplieran los planes oficiales, el canje abarcaría en el mejor de los casos 800 mil millones, es decir, aún así quedarían 3 billones en letras, muy por encima de la base monetaria, que sumados a los intereses mensuales coloca al Central en virtual bancarrota.

Cualquiera sea la salida que se ponga en marcha para cortar esa bola de nieve abre nuevos escenarios de crisis que, incluso, lejos de amortiguarla, podrían agravarla. Si se pusiera un freno en la actualidad a la renovación de las Leliqs, estaríamos ante el riesgo de una hiperinflación, con más razón cuando la carestía ya asciende al 4% mensual. Por otra lado, una parte de los pesos se iría hacia el dólar, acelerando una corrida cambiaria. Recordemos que la “paz cambiaria” ya se está deteriorando, como se ve por la nueva trepada del dólar paralelo, y se sostiene precariamente gracias a los dólares de la soja, que se usan para cubrir la demanda que se registra en el mercado junto con los pagos de la deuda externa que el gobierno viene haciendo puntualmente. Por esa razón, no aumentan las reservas pese al ingreso de divisas proveniente de las exportaciones cerealeras. Un canje ya no optativo sino compulsivo de las Leliqs por deuda pública, a su turno, significaría un golpe definitivo a la capacidad de los entidades financieras para devolverle el dinero a los depositantes, lo cual obligaría a colocar restricciones más severas para devolver depósitos y abriría las puertas a una corrida bancaria. Por otra parte, una poda más significativa de la emisión debería ir de la mano, su vez, de un ajuste aún superior, que es lo que reclama el FMI. Cualquiera de estas alternativas abre un panorama tormentoso, que vamos a atravesar de aquí a las elecciones. Estas alternativas plantean nuevos ataques y penurias, sin que esto aleje el riego del default. Tengamos en cuenta que el nuevo anuncio termina por hacer tabla rasa con los límites que se dispusieron luego de la bancarrota de ese momento, a la exposición de los bancos al sector público junto con la prohibición de que den préstamos en dólares a quienes tienen ingresos en pesos. En ese entonces, los bancos quedaron seriamente afectados por el default de la deuda pública y por la devaluación del peso.

El panorama aquí descripto realza más la vigencia y la actualidad del programa que viene enarbolando el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, por un salida de los trabajadores frente a la dramática crisis nacional, cuyo punto de partida debe ser el no pago de la deuda, nacionalizar la banca y el comercio exterior, de modo de colocar los recursos del país al servicio de las necesidades populares y de un desarrollo nacional independiente. El FIT-U debe actuar en sintonía con el escenario convulsivo que tenemos por delante.

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