02/06/2021 | 1623
Editorial

Con o sin acuerdo, el ajuste del FMI ya está en marcha

La respuesta que recibió en su gira europea Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán de los jefes de Estado de varios países del viejo continente fue unánime e inequívoca: para poder renegociar los pagos con el Club de París y evitar que Argentina entre en default es necesario que primero se arribe a algún tipo  de acuerdo con el FMI. Lo mismo le repitió a Alberto Fernández la alemana Angela Merkel, en una conversación telefónica realizada en los últimos días. Alemania es el principal acreedor de Argentina dentro del Club de París. Japón, el segundo acreedor en importancia, directamente rechazó postergar el cobro de sus deudas, alegando que China, su principal competidor en el Pacífico, recibe otro tratamiento por parte del gobierno argentino. Como puede verse, la cuestión no se reduce exclusiva ni principalmente al pago como tal, sino al alineamiento de Argentina en la política internacional. Los Estados imperialistas no realizan concesiones gratuitas o graciosas.

Para el gobierno argentino, la respuesta recibida implica un revés, porque contraría sus planes de arribar a un acuerdo con el FMI luego de las elecciones de setiembre-noviembre y no antes. Fue lo que en persona le fue a implorar Alberto Fernández a la titular del FMI Kristalina Georgieva, pero ahora sabemos que sin suerte. Es más, las recientes reuniones entre los funcionarios del gobierno y los técnicos fondomonetaristas fueron caratuladas por el FMI solo como “conversaciones”, dejando expresamente claro que una apertura formal de las negociaciones debe hacerse sobre la base de la aplicación del conocido artículo IV, que supone una revisión integral de la política económica y el cumplimiento de metas específicas.

Ajuste nacional y popular

Para despejar cualquier duda, en la gira europea el gobierno le rindió cuentas a los acreedores, mostrando que ya está aplicando un ajuste de características brutales. Es lo que surge nítidamente de un análisis de la situación fiscal de 2021. Si el Presupuesto de este año ya preveía un ajuste, borrando toda reminiscencia de partidas para atender la pandemia, la aplicación real de ese presupuesto es todavía más beneficiosa para los acreedores. Debe tenerse en cuenta que el Presupuesto de este año, a pesar de que incorporaba una inflación del 29%, preveía que los gastos nominales serían un 14% inferiores a los del 2020. Sin embargo, esta reducción fue superada en la práctica con creces, como lo prueba el hecho de que en el primer cuatrimestre el déficit insumido representa solo el 12% del total previsto para el año.

La razón de semejante ajuste fiscal, que supera por lejos las previsiones ortodoxas más exigentes, se explica por el hecho de que los gastos aumentaron muy por debajo de los ingresos del Estado. Por el lado de los gastos, el incremento fue del 33%; en cambio, por el lado de los ingresos, el aumento fue de un 65%. Este crecimiento de los ingresos tiene básicamente dos componentes: 1) la inflación, que hace aumentar la recaudación de impuestos sobre los precios finales; 2) los impuestos sobre las exportaciones, que reflejan el aumento de los precios internacionales de los alimentos, algo que finalmente también repercute sobre los precios internos.

Pero mientras esto ocurre por el lado de los ingresos, en cambio, los gastos del Estado suben muy por debajo. Dentro de estos gastos se destacan los salarios de los trabajadores del propio Estado, cuya paritaria del 35% en cuotas está muy por debajo de la inflación real prevista para el año y las jubilaciones que también han quedado debajo del aumento de los precios. A esto debe agregarse que los gastos referidos a la pandemia, como ser el IFE o los bonos para los trabajadores de la salud, o fueron eliminados por completo o restituidos de un modo devaluado -el bono a los trabajadores de salud el año pasado ascendió a 20.000 pesos; este año, inflación mediante superior al 40%, ese bono se redujo a 19.500 pesos.

Lucha de buitres

Sectores de derecha celebran este ajuste pero advierten que para que sea sustentable en el tiempo es necesario que la desvalorización de los gastos vaya acompañada de “reformas estructurales”. Con ese eufemismo se refieren a la necesidad de eliminar los subsidios a los servicios públicos, empezando por la energía, reducir el plantel de empleados públicos y avanzar en una reforma previsional que reduzca aún más las jubilaciones, partiendo de afectar a los trabajadores que no reúnen la cantidad de años de aportes necesarios.

En ese sentido, el gobierno acaba de aplicar una “reforma estructural” importante reclamada por el FMI. La modificación del sistema de financiamiento del Estado, reemplazando progresivamente las leliq por títulos de deuda del Tesoro, era una demanda realizada por los técnicos del Fondo. Detrás de la medida hay un claro sentido ajustador: las leliq eran una forma de financiamiento del Estado y del gobierno por parte del Banco Central, valiéndose de su capacidad de emisión. Al ser reemplazado por títulos del Tesoro, ahora ese financiamiento adquiere la forma de un incremento directo de la deuda pública, para cuyo pago el gobierno deberá recurrir a las ya conocidas medidas de reducción del gasto social o lograr financiamiento en el mercado local o internacional. Los bancos no han visto la decisión con simpatía, pues las leliq eran un negocio redondo, que les permitían embolsar intereses cuantiosos sin riesgo, ya que el acreedor tenía el respaldo de ser el órgano emisor de billetes. Pero para colocadores de deuda y bancos de inversión se abre un negocio más que interesante, que promete nuevas comisiones. Los que se verán sí amenazados serán los ahorristas, cuyos depósitos pasarán a depender de títulos de deuda emitidos por un Estado insolvente. Esto porque parte del efectivo mínimo para garantizar esos depósitos, llamado encaje, no estará en dinero contante y sonante sino en bonos -o sea, papeles sujetos a la desvalorización del mercado financiero. El peligro de un nuevo plan Bonex, o sea una confiscación de los depósitos, ha crecido notablemente.

A la luz de este ajuste brutal, el gobierno tiene razón en sentir que recibe un trato injusto por parte de los acreedores al no admitir una postergación de los pagos y obligarlo a beber la cicuta del FMI en las vísperas de la campaña electoral, o peor aún, en el transcurso de ella; aunque esto tuviera que ser inscripto en una “carta de intención”, mecanismo histórico del FMI antes del acuerdo a sus ajustes leoninos. Incluso el gobierno puede esgrimir a su favor que ese ajuste lo está llevando adelante sin producir rebeliones populares, como la que sacude Colombia en estos días y la que está empezando a dar sus primeros pasos en Brasil, o la que vemos mantenerse firmemente en Chile y que ha llevado a la dura derrota del derechista Sebastián Piñera. Hasta Jaime Durán Barba acaba de confesar que si este ajuste lo hubiese hecho Macri, su gobierno habría durado un suspiro. Sin embargo, el gobierno comprueba a cada paso que lo que reclama el gran capital no es solo un ajuste sino un alineamiento internacional más claro con las potencias imperialistas. Todo el barullo armado en torno de las vacunas de Pfizer y más aún la campaña internacional por haber votado una resolución en la ONU para investigar si Israel y Hamas cometieron violaciones a los derechos humanos así lo demuestra. La resolución, que replica la nefasta teoría de los dos demonios para Medio Oriente, ha sido muy mal recibida porque para el imperialismo el único demonio es el pueblo palestino.

Argentina y América Latina

El gobierno explorará hasta el final la posibilidad de que el FMI, es decir Estados Unidos y las principales potencias, se avengan a un compromiso precario para patear los vencimientos de deuda y postergar un nuevo acuerdo. De ese logro depende entre otras cosas la suerte del ministro Guzmán. El principal capital del gobierno es vender cara su capacidad de contención de las masas, que de todos modos ya está siendo puesta es cuestión por distintas luchas de importancia que recorren el país, incluso ahora con paros por las paritarias o su reapertura en grandes gremios del movimiento obrero como Alimentación, Refinerías Petroleras, bancarios o los nuevos movimientos de base contra la paritaria estatal. Por delante tendrá que enfrentar el hecho de que la inflación ya ha dejado viejas a las paritarias firmadas a principios de año, planteándose en varios sindicatos el reclamo de nuevos aumentos.

Si el gobierno no lograse un acuerdo inmediato con el FMI se vería ante la disyuntiva de ir a un default o improvisar un pacto en los términos que suele exigir el Fondo. Pero si lo lograse, eso no es suficiente para librarlo del alcance de la crisis social que recorre el país, que tiene como expresión más lacerante el salto en las cifras de pobreza e indigencia. Es justamente esa crisis social el combustible que alimenta las grandes movilizaciones de masas en América Latina y también los desplazamientos políticos de fondo que estamos viendo en los países de la región. El triunfo de las listas de sectores independientes identificados con la rebelión popular en Chile en las elecciones para la Asamblea Constituyente, y a su modo la elección que disputa Castillo en Perú, son todas expresiones de un impacto de esta crisis social y política en la subjetividad de los pueblos.

La ilusión de que Argentina está blindada contra esas tendencias de fondo es mera ilusión. La palabra final, en cualquier caso, aún no ha sido dicha. Lo que es sí es seguro es que las posibilidades que tiene la izquierda son extraordinarias. Nuestra propuesta de que el Frente de Izquierda-Unidad convoque un congreso de masas, abierto a toda la militancia obrera y popular que lucha en la Argentina sobre la base de un programa y una estrategia definida, apunta a desarrollar estas tendencias de fondo. Es por eso que reiteramos nuestra propuesta y llamamos a abrir un debate para ver la mejor forma de concretarlo.

También te puede interesar:

Un “guiño” al imperialismo yanqui en aras de la renegociación con el FMI.
Lo anunciaría el gobierno como "compensación"... de lo que perdieron con la nueva movilidad.
El subsecretario del Tesoro condicionó el apoyo en el FMI a un mayor ajuste y concesiones al capital.
Crece la lucha piquetera contra el régimen de hambre y miseria del FMI, el gobierno y la oposición patronal.