El gobierno nacional viene declarando su negativa de reabrir los programas sociales, en el marco de las necesidades económicas y sociales crecientes de la población. Esta agenda antiobrera se completa con la licuación de los ingresos de los trabajadores precarizados, por la inflación, y con la falta de alimentos ante una mayor demanda social por el crecimiento de la pobreza.

La política oficial de reducir el gasto público es uno de los reclamos principales del FMI para cumplir con las metas de “ahorro fiscal” y recaudar esos recursos para destinarlos al pago de la usurera y fraudulenta deuda externa, a costa de las dificultades de los trabajadores.

Esto se expresa en la desvalorización de los ingresos percibidos (16.000 pesos) de quienes ya son beneficiarios de un programa social (más de un millón de trabajadores), por vía de actualizaciones de los importes por debajo de la inflación actual y la proyectada.

Con esta política, el gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández busca ir desmantelando la precaria asistencia de los programas sociales, los cuales se han incrementado debido a la incapacidad oficial de generar puestos de trabajo y dar respuesta a las necesidades populares planteadas, y a la iniciativa independiente del movimiento piquetero combativo que se ha movilizado para obtener respuestas y soluciones inmediatas.

Un problema de fondo

La masa de programas sociales, con predominancia del Potenciar Trabajo, se ha convertido en un problema político para este gobierno. En 2021 se destinaron 221.838 millones de pesos para el programa Potenciar Trabajo, luego del prematuro desmantelamiento de la asistencia social ante la pandemia (IFE), que alcanzó a casi 9 millones de personas. Y una suma similar para políticas alimentarias.

Estas cifras, tomadas de conjunto, apenas superan la mitad de lo que el gobierno destinó en 2021 para financiar a las distribuidoras y productoras energéticas, monto que ascendió a 695.831 millones de pesos.

La iniciativa oficial consiste en ir disminuyendo progresivamente los planes sociales, pero no por la vía de la generación de empleo genuino, sino con la precarización extrema de las condiciones de empleo en los municipios y con las bajas producidas por los punteros, para lo cual el gobierno pretende asegurarles garantías excepcionales contra el pase y la protección de las organizaciones independientes.

Lucha piquetera

Las “soluciones alternativas” provenientes del campo social oficialista, en boca del dirigente Juan Grabois y la Utep, se orientan a consagrar un “subsidio universal de hambre”, que amplíe la base de beneficiarios sobre la división de los recursos existentes: una socialización de la miseria. En tales circunstancias, no pasa de una cortina de humo para disimular el ajuste sobre la asistencia social.

Contra esta orientación, la Unidad Piquetera protagonizó una inmensa jornada de lucha nacional, el pasado martes 15, con decenas de miles de manifestantes en la calles de las principales ciudades de todo el país, reclamando por trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales, alimentos para los comedores y libertad de organización.

El Frente de Lucha Piquetero y otras organizaciones convocan a un plenario para el 11 y 12 de marzo, en el cual deliberarán y resolverán las medidas a tomar, en el marco de un frente único de lucha contra el ajuste.

A seis meses de que la Unidad Piquetera presentó un proyecto de generación de un millón de puestos de trabajo en la obra pública, para la construcción de 100.000 viviendas, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, no ha ofrecido ninguna respuesta.

La lucha contra el ajuste sobre la asistencia social no es independiente de la lucha contra el FMI, cuya agenda antiobrera es seguida al pie de la letra por el gobierno del Frente de Todos.