La Secretaría de Energía autorizó el aumento del precio del gas que reclamaban las petroleras con el afán de equipararlo con el precio internacional del mismo. Esto impactará en las boletas de los usuarios con ingresos del Nivel 1, pero aún se espera la reglamentación de aumentos para las distribuidoras, afectando a los usuarios con niveles de ingreso medios y bajos. El gobierno preserva los márgenes de ganancias de los pulpos petroleros a costa de los ingresos de los trabajadores.

El aumento determinado para el precio del producto está en torno al 28,3%, y se estima que su incidencia en el precio final que paga el consumidor residencial será de poco más del 14%. Con las otras subas planeadas los incrementos llegarían al 150% interanual o más. La factura de los hogares de Buenos Aires que en el invierno pasado pagaron $1.500, saltará a entre $3.500 y $ $4.000, según el diario Clarín. Asimismo, como los ingresos estipulados en la segmentación tarifaria, que impulsó el gobierno para reducir los subsidios, no se actualizaron, una familia donde dos adultos cobren $190.000 cada uno, quedan incluidos en el nivel de ingresos más altos cuando sus salarios apenas superan el valor de una canasta básica.

En los considerandos, se señala que para la fijación de precios se tuvieron en cuenta los valores estimados de importación del gas para este año: se calculó que el gas importado de Bolivia será del orden los U$S 9,91 el millón de BTU para 2023, y que el precio del GNL importado entre mayo y septiembre será de U$S 42,07 el millón de BTU, a lo cual hay que sumar el costo de regasificación.

Esto sucede porque la línea general de la actual política en materia gasífera la lanzó el gobierno en el año 2020 bajo el nombre de Plan Gas, el cual rige la explotación de gas hasta 2028. El mismo mantiene el precio dolarizado del gas en boca de pozo, sin guardar relación alguna con los costos de producción y susceptible a cualquier tipo de devaluación.

Las petroleras también cuentan con un tendal de beneficios cambiarios y exenciones impositivas que el gobierno les otorgó con el objetivo de revertir de la huelga de inversiones por parte del sector para que aumente la producción local, y, como consecuencia, disminuir los niveles de importación de energía y ahorrar divisas, así como también, obtener dólares a partir de exportar el excedente, todo para acercarse a la acumulación de reservas exigida por el FMI. Esto no pareciera estar encaminado, puesto que aún las empresas prefieren exportar para vender a precio internacional en lugar de abastecer las necesidades locales, presionando por nuevos tarifazos.

A su vez, son abanderadas de las contrataciones precarias, los ritmos infernales y jornadas extenuantes, así como la cascada de subcontrataciones bajo el sistema “on call”, es decir utilizan el trabajo precario para achicar el costo de la mano de obra y acrecentar sus márgenes de ganancia.

También hay que tener en cuenta que, a medida que suban los precios del gas en las boletas también se incrementarán los impuestos respectivos, es decir el gobierno utiliza los tarifazos para favorecer la recaudación fiscal y cumplir con la meta de déficit fiscal que impone el FMI, y todavía le resta definir qué porcentaje de aumento recibirán las distribuidoras de gas -las que lo llevan a casas, comercios e industrias- y las transportistas, lo que afectará a los sectores más desfavorecidos durante el próximo invierno.

Mientras los pulpos petroleros internacionales y el capital financiero se benefician, los usuarios debemos pagar servicios de luz y gas cada vez más caros. Este saqueo y sangría a costa de la superexplotación obrera en el sector y la carestía en el consumo de energía de las familias, debe cortarse con la lucha colectiva que nacionalice la industria energética bajo control obrero y la transforme en “virtuosa” para la clase obrera y los sectores populares. En este punto, derrotar el pacto ruinoso con el FMI resulta de vital importancia.