La segunda ola del Covid ha llegado con una virulencia estremecedora. Rápidamente, el miércoles 7 de abril se conoció el récord de contagios en lo que va de la pandemia en la Argentina: 22.039 casos. El país está más “enfermo” que nunca, con más de 200 mil casos activos. Los distritos en alto riesgo se han duplicado, pasaron de 45 a 87 y abarcan a 25 millones de argentinos al momento. Esto se mide en función del semáforo epidemiológico, que pasa al rojo donde se producen más de 150 contagios cada 100 mil habitantes acumulados en 15 días. En la provincia de Buenos Aires es un estallido, con más de 11.000 contagios de aquel récord diario y donde el número de distritos afectados pasó de 27 a 46, con dos de ellos, Olavarría y Escobar, en colapso sanitario.

La realidad es todavía peor porque no se está testeando masivamente. Nunca se lo hizo y ahora menos. La positividad está en promedio en el 30% y llega a picos que superan el 50% en algunos centros. La Organización Mundial de la Salud indica que el promedio adecuado es del 10%, de lo contrario se está testeando de menos. El epidemiólogo Eduardo López señala que las variantes de Manaos y Sudáfrica son 30-60% más contagiosas y que ante eso “no se están estudiando los contactos estrechos, que es importante ante la diseminación. No se está usando el plan Detectar” (La Nación, 7/4). Los laboratorios de testeos, pocos, están colapsados, por lo cual en la provincia de Buenos Aires se empezó a registrar como contagios aquellos casos que tienen dos síntomas al menos. Esto pudo preverse porque el crecimiento exponencial de las llamadas al 148 anticipaba lo que ocurriría días después. La parálisis es total si medimos la magnitud del riesgo.

¿Cuál es la reacción? Se suceden durante días nerviosas reuniones del poder sin que se adoptara medida alguna. Y las que se anunciaron, como cerrar la circulación de noche, cuando nadie circula, resultan ínfimas. Disienten incluso en ellas, porque el gobierno de la Ciudad, uno de los distritos más afectados, se opone aún a eso. Al mismo tiempo, gobierno, comunicadores y oposición cambiemita abruman, responsabilizando a la población de las “fiestas clandestinas”, de las cuales no hay número ni estadística alguna y en las reuniones sociales familiares, también incomprobables. Pero, sobre todo, para sacarse de encima la responsabilidad del Estado. En todo caso, la conducta de la población será un resultado de la acción del Estado y de la organización social y económica para atacar la circulación del virus.

 

Las medidas sanitarias urgentes

El titular de la medicina privada de la Ciudad de Buenos Aires -donde se atiende el 70% de la población, sea por afiliación directa a las prepagas, por atención tercerizada de alguna obra social o por ser prestadoras del Pami- advirtió hace varios días que las camas críticas tenían ya un 80% de ocupación. Eso tiene más de un motivo, pero el más importante es que, con la disminución de casos desde noviembre, se han ido desmantelando las ampliaciones de las terapias intensivas que tienen alto costo. Pues bien, es urgente reponer esa capacidad en todo el sistema, que no debió retrotraerse nunca hasta la superación de la pandemia, ni en el sector privado ni en el público, ni en las obras sociales. Es cierto que la circulación del virus es mayor hoy en la población joven, lo cual baja la letalidad relativa, pero la propia ministra Carla Vizzotti reconoció el 6 de abril que “se equivocan quienes creen que los jóvenes no están en riesgo por el contagio”. Además de las secuelas: la prestigiosa The Lancet ha publicado que una de cada tres personas que padecieron el Covid presentan trastornos cerebrales o psiquiátricos en los meses siguientes (La Nación, 7/4).

Por otro lado, siguen los cierres de clínicas, que ya son diez en la provincia de Buenos Aires y muchas más en el resto del país, como lo está poniendo de relieve la gran lucha de la Clínica San Andrés, de Caseros, ocupada por sus trabajadores. Ni un solo centro de salud debe ser cerrado, el Estado se tiene que hacer cargo de inmediato y garantizar su continuidad. La centralización nacional del sistema de salud que hemos planteado desde el primer día de la pandemia se hace urgente otra vez ante la segunda ola. El nombramiento de profesionales y la atención de sus demandas salariales y de todo orden es urgente.

Vizzotti va a presenciar cada vuelo que trae vacunas. La ridícula escenificación solo demuestra el disimulo de la situación más crítica, la de la disposición de vacunas y del ritmo de su aplicación. Para tener una guía consideremos lo que ocurre en Estados Unidos, que ha acaparado las vacunas disponibles en el mundo en una de las más repugnantes expresiones de la opresión imperialista. Llevan vacunadas 167 millones de personas (50% de la población), vacunan al ritmo de tres millones diarios y el principal epidemiólogo del gobierno, Anthony Fauci, advierte que “estamos al borde de la cuarta ola”, atravesando “una meseta precaria”.

Vizzotti en Diputados no pudo precisar cuántas ni cuándo llegarán las vacunas. Al actual ritmo la vacunación se consume el 2021 cómodamente. Estamos lejos de completar la vacunación de los adultos mayores, que son 7,5 millones, y luego vienen los menores de 60 con comorbilidades que los hacen igual de vulnerables, que son otros cinco millones. Y, recordemos, una inmunización adecuada en todos ellos requiere las dos dosis, cosa que está siendo dejada de lado por meses en función de atenuar las consecuencias de la veloz propagación del virus.

La última noticia es que el “amo” Biden magnánimamente habilitó la exportación a México de elementos que permiten retomar el envasamiento de las vacunas producidas por decenas de millones en Argentina en MABxience, en la localidad de Garín. Pero de ellas llegarían al país solo 900 mil a fin de abril, para ser aplicadas en mayo. Esto cuando 22 millones de dosis debieron llegar en el verano. Salta a la vista que es urgente llevar adelante el planteo del Frente de Izquierda en el sentido de intervenir el laboratorio del empresario Hugo Sigman, proceder a continuar y ampliar la producción, garantizar el envasamiento en establecimientos públicos y privados que tienen esa capacidad y, de ese modo, vacunar masivamente al pueblo argentino, al tiempo que exportando a otros países de América Latina y del mundo. Los negocios y negociados de AstraZéneca han sido denunciados por la Unión Europea. Se inscriben en el criminal mantenimiento del sistema de patentes que los socialistas del Partido Obrero planteamos eliminar, poniendo todos los avances de la ciencia en el mundo, provenientes de laboratorios privados o públicos, a disposición de la salud de la humanidad liberando las patentes.

Las clases, la producción y la circulación de personas

El ministro Martín Guzmán ha dicho “no hay ninguna posibilidad de volver a cerrar la producción”. Surge la pregunta: ¿por qué? ¿Es menor el riesgo sanitario?

No, la cuestión es absolver al Estado de toda responsabilidad presupuestaria en el “gasto” de restringir áreas de producción o de circulación.

Veamos las clases presenciales. El cambio más grande que se ha producido en la vida social en el último mes, el del ascenso vertiginoso de la curva de contagios, es la vuelta a las escuelas. No es cierto que sea de efecto neutro. La circulación de personas, no solo de alumnos y docentes, sino también de padres que se agolpan en las puertas de los establecimientos es exponencial. Por otro lado, Udocba (de la provincia de Buenos Aires) registró la interrupción del 30% de las burbujas durante los 15 días de aislamiento, lo cual indica dos cosas: la circulación del virus y los relativos beneficios pedagógicos de una presencialidad tan precaria e interrumpida. Sabemos, además, de las denuncias de la falta de condiciones de las escuelas en infinidad de ellas.

El ministro Nicolás Trotta no explica por qué fue importante suspender las clases el año pasado y no este año ante una segunda ola más virulenta. El motivo es respaldar la vuelta a la producción de padres que tienen a sus chicos en la casa. Es que no se garantizan las dispensas necesarias a esos padres y tampoco las condiciones de la virtualidad educativa: millones de chicos y jóvenes quedaron marginados o muy afectados por la virtualidad. Respaldamos  y hacemos nuestro el reclamo adoptado por diversas  seccionales docentes de Suteba y de otras provincias de suspender las clases ante el rojo que se registra en el  semáforo epidemiológico. El Estado debe disponer los elementos de conectividad, wifi y computadoras necesarios para que ningún estudiante quede afuera del sistema durante las suspensiones temporarias de clases que sean necesarias.

“Dinamarca, Alemania, Noruega, Bélgica, Holanda, Irlanda e Inglaterra se han visto forzados a suspender temporalmente las clases presenciales; Nueva Zelanda cerró en febrero las escuelas de Auckland, la mayor ciudad del país, y Francia, que se había resistido a hacerlo, anunció el miércoles que seguirá el mismo camino” (El País, 2/4). Argentina puede hacerlo si toma la decisión política de disponer los recursos necesarios.

La producción y el comercio son otro ámbito fundamental. Los protocolos patronales no sirven porque atienden a los costos de su implementación. Las patronales incluso presionan para que trabajadores dispensados por ser de riesgo vuelvan a sus trabajos. Metrovías lo pretendió, pese a las condiciones especialmente riesgosas de la actividad en los túneles. Recientemente, Bridgestone no quiso licenciar a seis contactos estrechos. Un paro obrero (con el apoyo del Sutna) obligó a esa poderosa multinacional a licenciarlos, pero claro, no en todos los lugares de trabajo hay un sindicato clasista, como en el Neumático, que promueva la organización obrera. Son los trabajadores los que tienen que tomar en sus manos la elaboración de protocolos obreros y organizarse para hacerlos cumplir. Y a nivel de localidades enteras como Olavarría o Escobar, que mencionamos más arriba, deben ser los trabajadores los que impongan un control obrero del cierre total de aquellos distritos donde la salud de la población está en riesgo. Este mismo principio se debe aplicar en todos los lugares de trabajo donde esté en peligro la integridad física del personal.

El FMI o nuestra salud

¿Alguien puede pensar que suspendiendo los viajes de egresados a Bariloche, las fiestas y la circulación nocturna detendremos la segunda ola? No. ¿Hay que suspender esas actividades? Sí. ¿Eso alcanzará para detener los contagios? No.

De la misma manera que todos los caminos conducen a Roma, las (no) medidas del gobierno están dictadas por la política de austeridad fiscal del ministro Guzmán. En estos días se ha festejado que la recaudación fiscal aumentó un 72,2% en marzo, muy superior a la inflación.

En cambio, las jubilaciones (y todos los beneficios dependientes de la nueva ley de movilidad) perdieron este trimestre el récord de cuatro puntos frente a un 12% de inflación, si marzo da un 4,2% como están pronosticando las consultoras económicas. Los gastos salariales no están mejor, al contrario, perdieron 18 puntos en el Estado Nacional en 2020 y ahora se ajustan según la pauta oficial presupuestaria del 29/30%, cuando la marcha de la inflación es del 50% y arroja más del 40% a un año vista. La obra pública se ejecuta a menos de la mitad de lo presupuestado. Todas señales de que el ministro está realizando el ajuste anterior al ajuste. O sea pavimentando el acuerdo leonino que firmará con el Fondo más adelante, antes o después de las elecciones con un ajuste que lleve el déficit fiscal a 3 ó 3,5% del PBI, bajando lo previsto en el Presupuesto 2021 (4,5%).

Por eso, la anulación del IFE, de los ATP y aún los gastos alimentarios, como lo ponen de relieve las descomunales movilizaciones piqueteras del Polo Obrero y otras organizaciones de desocupados independientes del gobierno. El presidente no anunció subsidio alguno, pero trasciende un eventual IFE reducido que dependería de usar parte de los prometidos DEG (Derechos Especiales de Giro) del FMI, lo que confirma que la prioridad es cumplir el ajuste a rajatabla.

Como planteó el Polo Obrero, “con hambre no hay cuarentena”. Se sucederán con seguridad los movimientos de lucha, al igual que ha estallado la gran huelga vitivinícola en Mendoza o las luchas del Hospital Larcade en San Miguel y del Regional Mar del Plata, como parte de infinidad de reclamos entre los trabajadores de la salud.

Las medidas que hemos planteado son vitales. Pero se pueden efectivizar en el marco de la ruptura con el FMI, del no pago de la deuda, de un verdadero impuesto progresivo a las grandes rentas, fortunas, bancos y propiedad terrateniente de carácter permanente, mediante el monopolio del comercio exterior para aprovechar los altos precios de exportación sin trasladarlos al bolsillo popular, mediante la nacionalización de la banca para terminar con la fuga de capitales. Y, desde luego, disponiendo un salario equivalente a la canasta familiar, el 82% y la elevación del salario mínimo a 60.000 pesos. $40.000 para todos los desocupados. Estos planteos, junto a la centralización del sistema de salud y el plan para vacunar a la población, serán materia del Plenario nacional de la Coordinadora Sindical Clasista, el próximo sábado, para impulsar al movimiento obrero a luchar por ellos.

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