La segunda ola de Covid-19 está fuera de control. Las estadísticas de las últimas horas anunciaron un nuevo récord: el martes 6 de abril la pandemia alcanzó su pico más alto desde el inicio en el país, con 20.874 nuevos contagios en 24 horas. El derruido sistema de salud pública camina hacia un colapso inevitable. Mientras tanto, los gobiernos dilatan todo lo posible cualquier medida real para contener la propagación del virus, e insisten con cargar sobre las responsabilidades individuales de la población.

El ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta, ratificó recientemente que las escuelas van a permanecer abiertas porque “no hay evidencia que compruebe que la suba de casos esté relacionada”. Una misma línea negacionista sigue el ministro nacional de Trabajo, Claudio Moroni, que en las últimas semanas también confirmó que no se detendrá ninguna actividad económica porque “no hay motivos para creer que los lugares de trabajo son un foco de contagio”. Mientras tenemos un gobierno para el que prácticamente nada contagia, si a algo se apuntan las responsabilidades (y las explicaciones) sobre la estrepitosa cifra de 20 mil casos diarios es a las reuniones sociales. Tal cual lo sintetizó la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, que afirma que los contagios “no se dan en las fábricas ni en las aulas, sino en las reuniones sociales”.

 

 

Es por esto que Daniel Gollán, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, dirigió un mensaje apuntado fundamentalmente a los jóvenes, y pidió “dejar de bolichear por unas semanas”. Estas palabras son, cuanto menos, de un cinismo descarado. Sobre todo porque sigue reproduciendo un hábito cotidiano de quienes nos gobiernan (y nos condujeron a esta catástrofe) de desligarse de las funciones públicas y declarar como si mirasen desde la tribuna. Al inicio del fin de semana largo donde se autorizó el turismo con un promedio diario de 16 mil casos, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, twitteaba un video en la ruta a Mar del Plata bastante indignado con el nivel de circulación de automóviles. ¡Que alguien le avise que forma parte de un gobierno que avaló tamaño movimiento de personas!. Lo mismo ocurre ahora con Gollán: quizás debería enterarse que los boliches permanecen abiertos en la Provincia de Buenos Aires agotando capacidad sin protocolo alguno porque así lo permite su gobierno.

Sobre este punto, vale mencionar que en las últimas horas se produjo la clausura del boliche Pinar de Rocha en Morón por parte de inspectores del Municipio, luego de se viralizara un video del show de Damas Gratis junto al cantante L-Gante ante un público numeroso y aglomerado en un espacio cerrado. Esta es una realidad cotidiana en el AMBA, donde tanto el gobierno de Larreta como el de Kicillof le han dado vía libre a los boliches y locales nocturnos para abrir sus puertas sin ningún tipo de control ni resguardo. Pero no se puede pasar por alto que, por detrás de la desidia del lucro capitalista avalado por el Estado en los lugares de ocio para la población, hay una política clara de cortar primero el hilo allí donde en particular la juventud acude a distenderse, a divertirse, a bailar o a escuchar música; mucho más aún si no son administrados por los empresarios de la noche que gozan de la impunidad necesaria para violar protocolos y permanecer abiertos ‘en tanto no estalle el escándalo’.

Los gobiernos nacional, provinciales y municipales que sostienen que el virus pareciera propagarse únicamente en los eventos donde la gente acude a divertirse, mantienen un control permanente sobre los mismos a fuerza de represión y amedrentamiento. Así ocurrió recientemente en Río Negro, en el Municipio de General Roca, donde la policía intercedió en un evento de freestyle y multó a un artista con $55.000.

Son los controles que no existen en el transporte público, donde a diario cada uno de los servicios es una fiesta clandestina sobre rieles, o una reunión social sobre ruedas. En los lugares de trabajo, donde las patronales incumplen cualquier tipo de protocolo, obligan a la presencialidad a trabajadores de riesgo y hasta fuerzan a quienes tienen síntomas a acudir igual. Son los controles que no hay en las aulas, donde el ataque presupuestario permanente sobre la educación pública consuma una imposibilidad rotunda de que se garanticen las condiciones para la presencialidad en medio de la pandemia, mientras los contagios se multiplican y se siguen sumando los docentes fallecidos. Eso sí: cuando estos se organizan para imponer la defensa de sus propias vidas contra la presencialidad improvisada, son objeto de campañas de ataque permanente.

Gollán culpa a “la juventud que bolichea” para esconder su propio fracaso y el de todo el régimen político en materia sanitaria frente al Covid-19. El gobierno que integra junto a Kicillof se dedicó durante el transcurso de la pandemia a rescatar a la medicina privada de la provincia de Buenos Aires con la caja del Ioma, mientras el sistema público de salud se desangra por la herida del desfinanciamiento y la fragmentación sistemática.

Ya ni rastros quedan de una eventual centralización del sistema de salud bajo comando único estatal, mientras las clínicas privadas se dedicaron durante el descenso de casos a reducir los servicios de terapia intensiva porque no eran rentables. Una enorme porción del sistema de salud bonaerense se encuentra en manos de privados y regido así por la dinámica del mercado, tal cual prueban el cierre de una decena de establecimientos de salud en el último tiempo, como la Clínica San Andrés en la zona norte. Allí sus trabajadores vienen desarrollando una lucha heroica para que sea estatizada bajo control del PAMI y permanezca abierta en un momento crítico de la pandemia.

Ni que hablar entonces del escándalo del vacunatorio VIP y las relaciones de coloniaje detrás de la producción en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, en la planta de Garín de Sigman, del principio reactivo de más de 20 millones de dosis de AstraZeneca que fueron exportadas para ser envasadas en el exterior sin que se cumpla el acuerdo de retribución pactado. Peor aún, Argentina termina comprando las vacunas envasadas a Estados Unidos, mientras todo este circuito capitalista produce una demora insoportable en la vacunación que se traduce en muertes que se siguen sumando.

 

 

A nadie se le podría escapar que los números de la pandemia indican que en las próximas semanas sería mucho mejor que la juventud evite las reuniones y actividades sociales. Una juventud que en el año pasado no contó con ninguna asistencia psicológica real por parte del Estado sobre los efectos devastadores que tuvo el encierro y el aislamiento prolongado. Sin embargo, pedir este esfuerzo mientras los trenes siguen atestados, las fábricas y empresas en pleno funcionamiento, los negociados alrededor de las vacunas y su sistema de patentes intactos y las aulas abiertas, no tendrá ningún efecto ni reflejará ningún cambio en el panorama. Para evitar la catástrofe sanitaria urge el control popular de la cuarentena, la creación de comités de seguridad e higiene dirigidos por los trabajadores en las fábricas y en los barrios, la eliminación del sistema de patentes y la producción masiva de vacunas y su aplicación universal, la centralización de todo el sistema de salud bajo mando único.

Instar a la juventud a que deje de reunirse mientras nada se modifica de raíz es hipocresía de muy mala calidad, propia de un régimen político que defiende a capa y espada durante la peor pandemia que ha atravesado la humanidad en varias décadas los intereses capitalistas por sobre la vida de la población.