Los 16 mil contagios de este miércoles pasado al cierre de esta nota, cifra más alta de los últimos cinco meses, muestran con claridad lo que todos ya sabíamos: la llamada “segunda ola” del Covid-19 es un hecho. Y puede ser peor que la anterior. El  promedio de CABA es de casi 1.600 casos diarios, que suben por encima de los 6.000 en la provincia de Buenos Aires. Mientras esto ocurre, el vecindario muestra resultados lapidarios: en Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile hay sistemas de salud colapsados y hay un crecimiento sistemático del virus y la mortalidad.

La multiplicación de los contagios podrá explicarse a partir de la llegada del frío otoñal, pero la temperatura no alcanza para entender por qué es que el gobierno no hace absolutamente nada. En efecto, el aumento de los casos obligó al presidente primero y al jefe de Gabinete y la ministra de Salud, después, a realizar conferencias de prensa para anunciar medidas impotentes frente a la situación sanitaria, como el teletrabajo para estatales (algo que ya estaba bastante implementado) o un toque de queda de 2 am a 6 am o la prohibición de reuniones de más de diez personas en PBA. En la misma línea de inacción fueron los anuncios de opositores como Rodríguez Larreta.

Por otra parte han cerrado diez clínicas privadas en el conurbano ante la mirada impasible de Kicillof, Vizzotti y Volnovich como lo está poniendo de relieve la gran lucha de Clínica San Andrés de Caseros. Al mismo tiempo, el titular de Swiss Medical dijo a los cuatro vientos que la capacidad privada de camas críticas en CABA (donde atiende al 70% de la población) está en un alarmante 80%. El capital privado de salud en provincia Buenos Aires reconoció haber disminuido un 30% las terapias intensivas por el enorme gasto que significa según ellos. De todo esto Larreta, Kicillof y Vizzotti parecen no haberse enterado. Como se aprecia la centralización del sistema de salud vuelve a ser de vida o muerte.

Para la llegada de Semana Santa, la definición sí fue contundente: no hay ningún problema. Tampoco la situación de las vacunas o las clases presenciales fueron revisadas por la política gubernamental. Para el gobierno, nada contagia.

 

Un problema de Fondo (Monetario)

La inacción de Fernández y compañía no se da (solo) por inoperancia, sino que tiene un trasfondo político. Si el gobierno avanzara en la implementación de medidas de aislamiento podría poner en jaque cualquier tipo de “rebote” económico.

Claro que, para compatibilizar ambas cosas, se podrían destinar los recursos correspondientes con medidas como la reposición del IFE, un salario de emergencia de $40.000 para toda la población sin ingresos y garantía salarial para aquellos establecimientos que cierran parcial o totalmente, partidas extraordinarias para aumentar la frecuencia del transporte y demás. Pero un programa de esas características (e incluso cualquiera bastante menos pretencioso) ha sido descartado hace rato por el gobierno. No porque no disponga de los recursos, sino porque tiene otras prioridades: el arreglo con el Fondo Monetario Internacional implica una política de “tijera” que ya avanzó: recorte de 10 puntos de las jubilaciones y las universidades el último año, seis aumentos a la nafta, recorte del IFE. Los tarifazos, a su vez, se encuentran en esa línea. Esta impronta se da de patadas con una política para enfrentar las consecuencias del virus en serio.

Las medidas de restricción sin los recursos pertinentes pueden agravar la desocupación, la pobreza y la miseria social. Frente a lo cual el régimen tiene que mirar con atención lo que pasa en Paraguay o la propia Formosa, donde se han desatado revueltas populares o los cacerolazos contra Bolsonaro. La evaluación de costos se encuentra en esas disyuntivas, pero está claro que la inacción gubernamental está relacionada con una orientación política y social: la deuda con el Fondo y el ajuste valen más que cualquier otra cosa.

La culpa no es del vidrio

El avance de la crisis sanitaria encuentra a la Argentina en un muy bajo nivel de vacunación. Solamente tres millones de personas recibieron una dosis (6%) mientras que menos aproximadamente 670.000 (0,15%) tienen aplicada la vacunación completa. El gobierno y sus voceros justifican esta situación explicando que esta carencia no es su responsabilidad, en tanto son países y empresas extranjeras quienes no están cumpliendo lo pautado. El problema es que, frente a ellos, se quedan de brazos cruzados.

El absurdo de esta situación queda expuesto cuando se ve que en nuestro propio país se fabrican millones de vacunas pero ninguna queda en el país. En efecto, el laboratorio mAbxience, propiedad de Hugo Sigman (socio de Carlos Slim), produce en grandes cantidades la vacuna Oxford/Astrazeneca. Según el acuerdo firmado con la Rosada, la producción debía enviarse a México para envasar y volver a la Argentina y toda Latinoamérica a excepción de Brasil, pero se encuentra estancada desde hace varias semanas. Solamente 590.000 dosis llegaron al país, cuando tendría que haber a esta altura cerca de 22 millones.

Por eso, desde el Partido Obrero y el FIT-U realizamos un acto en la planta el lunes pasado en el que dejamos bien en claro el planteo: que el laboratorio sea intervenido por el Estado nacional, se incaute y amplíe la producción y se complete en Argentina el envasado, de manera que se pueda abastecer la demanda interna y la de América Latina. Ya son varios los referentes del campo médico y científico en la Argentina que reclaman que la vacuna se envase aquí, acondicionando las instalaciones estatales del Laboratorio de Hemoderivados de la UNC o el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata, entre otros lugares.

El gobierno no avanza en esta orientación porque privilegia el lucro privado en una crisis sanitaria que raja las paredes. Vacunas hay, pero se las llevan.

El semáforo siempre está en verde

Las muertes de los docentes Jorge Langone (en CABA) y de Román Llampa (en Jujuy) pusieron arriba de la mesa que la “presencialidad” educativa sin recursos es mucho más que peligrosa. Es la consecuencia de la falta de inversión, de la flexibilización del Semáforo Epidemiológico que determinó el Consejo Federal, de la política constante de flexibilización del protocolo. Ante esto, no hay grieta, Nación (Frente de Todos) y Ciudad (Cambiemos) comparten esta orientación y por eso salieron a lavarse las manos: “no sabemos si el contagio fue producido en la escuela”.

Resulta un argumento muy poco convincente que la apertura escolar no impacte en el aumento de contagios: hay más circulación, más gente encerrada. El propio Ministerio de Salud tuvo que reconocer que ya hay 45 departamentos en 12 provincias del país que superaron los índices de contagios que se establecen como parámetros para medir los casos y los riesgos. La Sociedad Argentina de Pediatría presentó en octubre del 2020 un informe que estipulaba que si en una quincena en cualquier distrito había 200 casos de contagio cada 100 mil habitantes, la situación era de alta peligrosidad. Hoy la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en alrededor de 450. Es decir, más del doble.

El gobierno nacional y los ejecutivos provinciales tampoco se han preparado para la virtualidad. Trotta no aumentó las 120.000 notebooks entregadas el año pasado mientras admite que las cifras oficiales admiten que hay en todo el país seis millones de jóvenes con problemas de conectividad. Larreta recortó 371 millones del Plan Sarmiento (adquisición de computadoras para estudiantes).

La anulación del Semáforo deja incertidumbre sobre los parámetros a seguir: ¿hasta qué punto pueden estar abiertas las escuelas? No lo sabemos.

Salida y programa

Para surfear la “segunda ola” se necesitan medidas concretas. En primer lugar, la implementación de recursos para avanzar en las restricciones correspondientes, con un plan de medidas que incluyan el referido seguro al parado a todos los sin ingresos de $40.000, con un financiamiento conseguido a partir del no pago de la deuda externa, la ruptura con el FMI, un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, la nacionalización de la banca y el comercio exterior como medidas elementales de independencia nacional que solo puede garantizar una gestión de los trabajadores de la economía. La cuestión de la apertura de los libros y el control obrero se hace perentoria también frente a la inflación galopante, lo mismo que la nacionalización energética. Esa misma orientación debe venir compartida de la intervención del laboratorio mAbxience, la incautación de su producción, así como la liberación de las patentes de las vacunas. La campaña de firmas y pronunciamientos que estamos impulsando desde el Partido Obrero y el FIT-U va en esa perspectiva.

En esa misma línea, se pone a la orden del día la implementación del control popular de los trabajadores sobre las posibilidades de la presencialidad educativa y sobre la actividad en todos los lugares de trabajo. Otra vez, los protocolos obreros bajo control de los propios trabajadores estarán a la orden del día.

La posibilidad de defender al conjunto de la población depende entonces de la lucha del movimiento popular, que encuentra sintonía en peleas como las que lleva adelante el movimiento piquetero con el Polo Obrero a la cabeza, luchas obreras como la de los trabajadores de la Clínica San Andrés o el paro de Ademys del lunes pasado, los portuarios por sus puestos de trabajo o los obreros vitivinícolas por su salario, así como también en la juventud que el pasado miércoles copó la Plaza Pizzurno con 7.000 pibes que exigieron Wifi Libre y condiciones para poder cursar.

Es ese el camino que nos trazamos. Hacia allá vamos. Estos serán puntos cruciales del plenario de la Coordinadora Sindical Clasista que deliberará el próximo 10 abril. También un programa para que el Frente de Izquierda intervenga políticamente como motor de la movilización popular.