Luego de una inflación récord para el mes de julio, las consultoras privadas ya estiman que la inflación de agosto se mantendrá por encima del 6% y se esperan más aumentos para el mes de septiembre, sobre todo de tarifas, autorizados en su mayoría por el gobierno, el principal formador de precios. El alza en los precios de los servicios impactará de lleno en los ingresos de la población que vive de su salario, sobre todo porque estos no aumentan ni por asomo en la misma sintonía.

En septiembre habrá un aumento del 30% en el precio de los taxis. De esta manera, el valor de la ficha, que actualmente está en 14,40 pesos en horario diurno y 17,40 pesos en el nocturno, pasará a costar en septiembre 18,70 pesos y 22,50 pesos, respectivamente. De la mano, también aumentará el boleto del subte un 40%, aprobado por Horacio Rodríguez Larreta.

A su vez impactará la segmentación tarifaria para la luz y el gas, con un 20% de aumento para los usuarios del primer eslabón y con la aplicación del tope de consumo de los 400kw. Así, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) anticipó que se vienen aumentos en los precios, trasladando a los consumidores el impacto de la suba de tarifas en los costos industriales y comerciales.

Además, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) llamará a una nueva audiencia pública en los próximos días para validar legalmente el traslado del precio mayorista en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte a las tarifas, lo cual será entre mediados y fines de septiembre. Al mismo tiempo también se autorizaría un aumento extra en el precio de la luz para Edesur y Edenor en el Amba.

Incluso, la segmentación informada por el gobierno incluye fuertes incrementos en las boletas de los consorcios, con quita total de subsidios, lo que ocasionará un nuevo impacto al bolsillo a través del pago de las expensas.

Sin embargo, no es el único aumento que sufrirán inquilinos y propietarios, porque a esto hay que sumarle el ajuste anual del precio de los alquileres, según la Ley de Alquileres vigente, el cual será de alrededor de un 60%. De esta manera, una persona que, por ejemplo, pagó $50.000 en los últimos 12 meses (período de septiembre de 2021 a septiembre de 2022), comenzaría a pagar $82.333 desde el mes que viene.

Con estos aumentos, sobre todo en función del recorte de subsidios, el gobierno promete horadar aún más los deteriorados ingresos de la población trabajadora, con el objetivo de alcanzar el ahorro fiscal tan reclamado por el FMI, pero perjudicando únicamente a los usuarios y dejando indemnes a los empresarios involucrados. Esto, cuando prima la desinversión capitalista en cada uno de estos sectores.

Esto luego de un agosto en el que hubo un aumento considerable en los precios de alimentos esenciales como es el caso de las verduras, donde la cebolla duplicó su precio y la papa aumentó alrededor de un 30%, y del aumento en los combustibles. Esto último recalentará los precios de septiembre puesto que se traslada a toda la cadena de logística y distribución de los productos, por lo que se incluirá en los precios finales.

A su vez, se agregan las remarcaciones de precios por parte de las patronales, sobre todo en alimentos, que especulan con los niveles inflacionarios y devaluación, y las presiones devaluatorias de sectores como las patronales del agro, las petroleras y las mineras. Para esto último el gobierno tiene preparado un desdoblamiento cambiario, en pos de revertir la acuciante necesidad de divisas del Central, que también impactará en los precios (sobre todo de los alimentos y los combustibles) y que no cancela las posibilidades de una mayor depreciación de la moneda.

Mientras tanto, impuso un aumento de pobreza con el aval explícito de la CGT y el acompañamiento tácito de ambas CTA´s, llevando el salario mínimo a escasos $57.900 recién en noviembre. Además, el plan no es reabrir paritarias (que ya cerraron por debajo de todas las previsiones inflacionarias) sino otorgar aumentos por sumas fijas para “ordenar” los reclamos salariales en la línea de la pauta de ajuste del FMI y las patronales.

Esto representaría un planchazo para una porción significativa de los trabajadores –con categorías y escalafón- y un aumento devaluado para los trabajadores peor pagos. De esta forma, el gobierno busca anclar los ingresos de la población laboriosa, cuando el acuerdo de precios y salarios ya fracasó, y las patronales siguen remarcando.

Los trabajadores debemos intervenir con nuestros propios reclamos. Paro nacional y plan de lucha ya por un salario inicial de $180 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos.