El gobierno nacional está dando muestras de avanzar hacia un esquema de aumento por sumas fijas, que representaría un planchazo para una porción significativa de los trabajadores –con categorías y escalafón- y un aumento devaluado para los trabajadores peor pagos.

Las noticias vienen por el lado del kirchnerismo, esta vez por boca del presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner, quien el pasado jueves 25 manifestó que se encuentran trabajando para adicionar un aumento de sumas fijas a las recientes paritarias, lo que implica una medida de achatamiento de las escalas salariales, mientras se busca evitar un cuadro de reapertura generalizada de paritarias.

En el entorno del gobierno se habla de una suma de entre $20.000 y $30.000 (La Nación, 29/8), pero cuya modalidad es desconocida: si será ocasional o permanente; en un pago o en cuotas; para el conjunto de los trabajadores o solo para los salarios más bajos; para el sector público y/o privado; y qué pasará con los trabajadores no registrados y con los trabajadores precarizados de los programas sociales. Tampoco si alcanzará a jubilados, y en qué medida.

El antecedente inmediato de este debate es lo ocurrido en el Consejo del Salario, donde el gobierno impuso un aumento de pobreza con el aval explícito de la CGT y el acompañamiento tácito de ambas CTA´s, llevando el salario mínimo a escasos $57.900 en noviembre. De esta forma, el gobierno busca anclar los ingresos de los trabajadores cuando el acuerdo de precios y salarios ya fracasó, y las patronales se encuentran remarcando.

El debate salarial viene a cuenta del deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores luego del cierre de la casi totalidad de las paritarias en el orden del 60-70%, por debajo de todas las previsiones de la inflación para el cierre del 2022.

Mientras tanto, la burocracia de la CGT sigue a la espera de que el ministro de Economía Sergio Massa los convoque para discutir algún esquema de recomposición salarial, como se había comprometido hace ya casi cuatro semanas.

Las prioridades del ministro están puestas en su próximo viaje a los Estados Unidos y en el cumplimiento de las metas fiscales del FMI, con ajuste presupuestario mediante.

Es así que una de las mayores preocupaciones del gobierno es el impacto que tendría en el presupuesto de ajuste cualquier rediscusión paritaria e incluso un esquema cerrado de sumas fijas por decreto.

Cualquier medida de este tipo tendría consecuencias directas en el conjunto de los empleados de la Administración Pública Central, las provincias e incluso en las empresas del Estado, donde el Estado asume la dirección de los intereses patronales haciendo pelota las escalas salariales, allí donde esta medida tiene un mayor efecto antiobrero.

La burocracia, que protagonizó una bochornosa marcha en favor del gobierno, es relegada como último orejón del tarro en la mesa de decisiones del gobierno.

Si un esquema de estas características no ha avanzado aún es por la resistencia de las patronales a un aumento que no puedan controlar y la reticencia de la burocracia a quedar desdibujada de la mesa de negociaciones, e incluso ante el miedo a una reacción independiente al interior de los gremios. Aunque no se descarta que lleguen a anunciar una “solución mixta”, algo que puede desprenderse de las intervención de Pablo Moyano el pasado 17 de agosto.

Las sumas fijas que propone el gobierno no son a los fines de una recomposición general de los salarios, sino para “ordenar” los reclamos salariales en la línea de la pauta de ajuste del FMI y las patronales, algo que quedó demostrado con la determinación del salario mínimo en niveles de indigencia.

La clase obreros debe librar su propia lucha por una recomposición salarial con el paro nacional y el plan de lucha, para conquistar salarios que cubran la canasta familiar y derrotar la ofensiva antiobrera y el programa reaccionario del FMI.

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