La Cámara de Diputados del Congreso de la Nación volvió a girar alrededor de los proyectos de modificación de la Ley de Alquileres, en medio de una crisis habitacional que se profundiza. La oposición patronal de Juntos por el Cambio y Milei impulsan la derogación de la actual ley en beneficio de los especuladores inmobiliarios; pero al no contar con las mayorías necesarias, los primeros se orientan a imponer su dictamen de minoría, el cual avanza en reformas contra los inquilinos.

El debate por modificaciones en la ley fue pactado por el gobierno y la oposición patronal con anterioridad, llegando a esta instancia solo con medidas que benefician a los especuladores inmobiliarios. Los diputados del Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad se sumaron al debate solamente cuando las fuerzas patronales obtuvieron los números para sesionar. La izquierda rechazaría la derogación y/o flexibilización de la ley.

El futuro de la Ley de Alquileres se debate cuando el mercado habitacional enfrenta una de las peores crisis de los últimos años, con precios de los alquileres inaccesibles, una oferta en picada, abundancia de bienes inmuebles en venta y la inexistencia de créditos hipotecarios viables y acceso a la vivienda propia.

👥💬 | "Lo que han acordado quienes convocaron a la sesión es arrancar por los proyectos que no tienen dictamen, directamente la derogación de la ley de alquileres, que es la peor variante de todo esto", expresó @RominaDelPla (PO/FIT-U).#DTVPrimeraEdición pic.twitter.com/dUmQcty2DD

— DTV – El Periodismo En El Congreso (@DiputadosTV) August 23, 2023

La normativa vigente, que entre sus principales cuestiones establece contratos de un mínimo de tres años de vigencia y una actualización anual sometida al Índice de Contrato de Locación –compuesto entre la inflación (IPC) y los salarios (Ripte)-, se da en un cuadro de deterioro social, caída del poder adquisitivo de los salarios, los efectos de las sucesivas devaluaciones, inflación y un mercado que separa a la familia trabajadora del derecho a la vivienda.

La oposición patronal busca obtener el quórum necesario para rechazar el dictamen de mayoría del oficialismo, el cual en esencia plantea conservar los aspectos fundamentales de la actual ley agregando incentivos fiscales a los propietarios de las viviendas para que se inclinen por el mercado de alquileres.

La idea de ir directamente por la derogación de la Ley de Alquileres parece menos posible, debido a la necesidad de obtener una mayoría especial de difícil obtención bajo las actuales condiciones.

La diputada nacional @RominaDelPla afirmó que las y los inquilinos necesitan una solución integral cómo la que hemos presentado desde nuestro Bloque.
Basta de especulación inmobiliaria.
En defensa de que la vivienda sea un derecho!✊ pic.twitter.com/TvobTzFbqq

— Frente de Izquierda (@FdeIzquierda) August 23, 2023

Esta situación coloca a la bancada de Juntos por el Cambio y sus socios detrás del objetivo de impulsar el despacho por minoría que plantea la reducción del plazo mínimo de los contratos de locación a dos años (como funcionaba en el pasado), mientras discuten sobre las periodicidad de las actualizaciones –si trimestrales, semestrales o sin plazo establecido- y un esquema de “libertad” entre las partes con referencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS).

Se trata de “soluciones” que perjudican aún más a los inquilinos y avanzan en mayores libertades para los especuladores inmobiliarios, en un cuadro donde la ley es incumplida por gran parte de las inmobiliarias y grandes propietarios por medio de la extensión de modalidades de alquiler temporario, formas contractuales análogas y/o contratos no declarados.

El debate sobre la Ley de Alquileres no es suficiente para resolver los problemas de millones de inquilinos, quienes son sometidos a un ataque general a sus condiciones de vida con un marco regulatorio que no ofrece ninguna salida al problema de la vivienda para los trabajadores.

Para revertir esta crisis se requiere de una recomposición general de los salarios y un plan integral de viviendas, partiendo de un banco de tierras ociosas y fiscales, un plan de obras públicas y créditos hipotecarios a tasa cero que no superen el 25% de los ingresos de las familias trabajadoras, junto un impuesto a la vivienda ociosa y a los especuladores inmobiliarios.

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