Políticas
12/2/2026
Sesiona Diputados por baja edad punibilidad y acuerdo Mercosur - Unión Europea
Romina Del Plá y Néstor Pitrola, diputados del Frente de Izquierda, rechazaron la agenda de represión y entrega.
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No a la baja en la edad de imputabilidad.
La Cámara de Diputados sesiona este jueves con un temario que forma parte del rumbo del gobierno de Javier Milei: reforzar una política represiva contra la juventud trabajadora y avanzar en una mayor entrega al imperialismo, con la votación sobre la rebaja de la edad de punibilidad a 14 años y la eventual ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
Demagogia punitivista contra la juventud
El gobierno pretende que el Congreso apruebe la rebaja de la edad de imputabilidad a 13 años. De concretarse, significará más pibes presos mientras los responsables de negociados millonarios continúan protegidos por el poder político.
Estamos ante un caso clásico de demagogia punitivista: se coloca a la juventud pobre como chivo expiatorio de una crisis social provocada por los propios gobiernos capitalistas. No es un método nuevo; ha sido utilizado históricamente para desviar la atención de los verdaderos responsables del deterioro social.
El oficialismo deja en evidencia cuál es el destino que tiene reservado para las y los jóvenes. Mientras niega fondos al Hospital Garrahan, profundiza el ajuste universitario y destruye la educación técnica, es decir, mientras priva a la juventud de salud y educación, le ofrece como única perspectiva la criminalización.
La rebaja no mejorará la seguridad. Las estadísticas muestran que la participación de menores en delitos graves es ínfima. El resultado será el encarcelamiento de los “ladrones de gallina”, mientras los grandes estafadores continúan operando desde las más altas esferas del poder.
En la comisión de Legislación penal; Familias, niñez y juventudes; Justicia; Presupuesto y hacienda Romina Del Plá desmontó el argumento oficial de que el problema de la inseguridad radica en los menores. “¿A qué edad tienen conciencia de los delitos quienes entregan el país, premian la fuga de capitales o protegen a las bandas del narcotráfico?”, interrogó, señalando que los grandes crímenes son cometidos por adultos amparados por el poder económico y político.
La diputada advirtió además que la ley agravará los problemas existentes, ya que empujará a un reclutamiento más temprano de jóvenes por parte de organizaciones delictivas. Recordó también los casos de gatillo fácil como los de Luciano Arruga y Lucas Verón, y denunció la hipocresía de un Estado que castiga a la juventud mientras desfinancia salud, educación y políticas de protección integral.
Del Plá subrayó que las leyes actuales ya otorgan herramientas para intervenir en los escasos delitos graves protagonizados por menores, pero que los institutos existentes son una “catástrofe”. En lugar de fortalecer equipos interdisciplinarios y garantizar acceso a la salud mental, el gobierno destina recursos a construir cárceles. “Quieren una ley para meter en cana en masa a los pibes y convertirlos en un enemigo social”, alertó.
La diputada vinculó el proyecto con el cuadro más general de precarización laboral, caída de ingresos, crisis habitacional y pobreza creciente. En ese marco, responsabilizar a la juventud por los males sociales constituye “una afrenta muy seria” y un intento de descargar sobre las niñeces y juventudes la frustración de un sistema capitalista en descomposición. El Frente de Izquierda, concluyó, rechaza de plano este ataque sin precedentes contra la clase trabajadora.
Mercosur-UE: una integración al servicio del capital
En paralelo, el Congreso sigue de cerca el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Parlamento Europeo resolvió dejar en suspenso y girar al Tribunal de Justicia para evaluar su compatibilidad con los tratados del bloque. La decisión introduce una nueva traba en un proceso que lleva más de dos décadas de negociaciones atravesadas por choques de intereses.
Las divisiones recorren a ambos bloques. Mientras Alemania, el Estado español e Italia impulsaron el pacto, Francia, Polonia, Hungría e Irlanda se opusieron, presionados por sectores agrícolas que temen la competencia sudamericana. Incluso dentro de los partidos europeos hubo fracturas decisivas.
El gobierno argentino insiste en avanzar con la ratificación y promete un fuerte crecimiento de las exportaciones, pero omite deliberadamente qué ocurrirá con las importaciones. Distintas estimaciones indican que las ventas europeas al Mercosur crecerían mucho más que las sudamericanas hacia Europa, profundizando un intercambio desigual.
En la comisión, Néstor Pitrola advirtió que el acuerdo implica una verdadera “mercantilización del Estado”. Citó el capítulo referido a empresas públicas, que exige que actúen bajo criterios estrictamente comerciales, y denunció la ausencia de resguardos ambientales frente a la depredación de los monopolios. Según el diputado, el pacto está íntimamente ligado al Rigi y a los intentos de avanzar sobre la Ley de Glaciares.
Pitrola señaló que el esquema favorece la exportación de materias primas —carne, arroz, frutas, calamares, biocombustibles y minerales— mientras la caída de aranceles facilitará la penetración de maquinaria, vinos y otros productos europeos, profundizando la subordinación económica del país.
El diputado alertó además que la orientación exportadora presionará los precios internos, como ocurre con la carne, empujándolos hacia valores internacionales y agravando la situación de la mayoría trabajadora. Frente a este escenario, planteó la necesidad de la nacionalización del comercio exterior como única vía para evitar que el abastecimiento interno quede sometido al mercado mundial.
También enumeró el impacto devastador sobre distintas ramas productivas: competencia desleal en lácteos por los subsidios europeos que podría provocar quiebras de pymes; importaciones de carne porcina en un contexto de sobreproducción europea; y una amenaza directa sobre la industria automotriz cuando desaparezca el arancel del 35%. A esto se suma el deterioro del autopartismo y el avance de importaciones en sectores como el neumático.
“Estos acuerdos van a la liquidación del tejido industrial argentino y refuerzan el carácter primario de nuestra inserción en el mercado mundial”, sostuvo. Pitrola afirmó que se pretende ofrecer a las potencias imperialistas “un paraíso de saqueo colonial y de superexplotación de los trabajadores”. El Frente de Izquierda, remarcó, rechazará tanto el método como el contenido del acuerdo.
Una misma orientación
La rebaja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Mercosur-UE no son debates aislados. Forman parte de un programa que combina ajuste social, criminalización de la pobreza y subordinación al capital internacional.
Para los trabajadores y los sectores explotados este camino no ofrece nada que ganar, solo promete mayores beneficios para un puñado de conglomerados mientras se descargan nuevos ataques sobre las condiciones de vida de las mayorías.
Frente a la reforma laboral, la criminalización de la juventud y los pactos de entrega, es necesario ganar la calle e impulsar la intervención independiente de la clase trabajadora con sus propias demandas, contra los gobiernos capitalistas y sus políticas.
