Las contradicciones de la economía nacional no paran de agudizarse. Una expresión de este proceso es la creciente deuda externa privada por importaciones, que en lo que va del año ya asciende a unos 20.000 millones de dólares. Frente a esto, el gobierno anunció financiamiento para los grandes capitalistas importadores.

Según el economista Salvador Vitelli, la deuda acumulada hasta el primer trimestre de este año fue de 15.500 millones y en julio hubo una deuda de 5.400 millones. De la suma de estas dos cifras surge el pasivo comercial del BCRA. En este marco, al que se añade la crisis de reservas, el FMI llamó a contraer las importaciones en un 30%.

La mayor parte de la deuda comercial corresponde a los autopréstamos de los capitalistas. Algunas empresas que operan en Argentina compran mercancías a filiales que poseen en el exterior, haciendo pasar esta movida como un préstamo cuya devolución realizan pidiéndole dólares a precio oficial al BCRA. Es un mecanismo de exacción de la riqueza nacional, que demuestra que muchos capitalistas hacen negocios con la brecha cambiaria.

Este fenómeno, que se viene desarrollando hace tiempo, se agravó por las trabas a las importaciones que impuso el gobierno nacional para engrosar las alicaídas reservas del Banco Central. Según la entidad bancaria, entre el tercer trimestre de 2021 y el de 2022, la deuda comercial por importaciones aumentó en 8.888 millones de dólares –en septiembre de 2022, la misma alcanzó los 31.113 millones.

El problema se intensificó en octubre de 2022, momento en el que comenzó a funcionar el Sira, un régimen de importaciones que prácticamente elimina los pagos anticipados y aletarga los plazos de acceso a los dólares oficiales para los importadores. Esto se ha sumado a la introducción del denominado Impuesto País. Francisco Díaz Mayer, un especialista en mercado de cambios, dijo que “los clientes no saben ni ya cómo decirles a los proveedores del exterior, que los vienen esperando hace 240 días, que van a tener que esperar entre 50 y 70 días más”.

La devaluación que Sergio Massa aplicó después de las elecciones Paso y el aumento del dólar blue han añadido condimentos explosivos a la situación. Las listas de precios de referencia se desquiciaron y en varios sectores de la economía (talleres mecánicos, construcción, salud, etc) prima la falta de insumos. La construcción, un sector en el que la mayor parte de las materias primas que se utilizan para producir están dolarizadas, está sumida en una parálisis.

Las restricciones a las importaciones acicatean la inflación, ya que los empresarios trasladan el mayor precio que pagan por los dólares paralelos que utilizan para importar mercancías al producto final que venden en el país. Además, son un factor de ensanchamiento de la brecha cambiaria.

En este marco, Massa realizó una serie de anuncios. En primer lugar, que el gobierno eximirá del pago del Impuesto País la compra de divisas cuyo destino sea la importación de bienes para obras vinculadas a la generación de energía eléctrica. Es una normativa que beneficiará a grupos capitalistas como Pampa Energía.

En segundo lugar, que firmó con el gobierno brasileño de Lula un acuerdo para financiar las exportaciones (industria automotriz y de autopartes) de Brasil hacia Argentina por 600 millones de dólares. Fernando Haddad, ministro de Economía de Brasil, comunicó que el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes) “otorgará garantías” a los exportadores del país carioca y que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) operará para que Argentina “no necesite usar sus reservas”.

Se trata de una política para respaldar económicamente a empresas multinacionales, entre ellas Toyota (líder del rubro en el mercado mundial e interno), que cuentan con dólares propios pero serán favorecidas con financiamiento y acceso a divisas a precio oficial. Entretanto, la clase obrera tiene prácticamente vedada la compra de dólares.

Además, salió a la luz que el Bndes le otorgará 400 millones de dólares a la empresa Techint-Usiminas para financiar las compras de sus plantas brasileras en caso de ganar la licitación para la construcción del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. El gobierno Lula y las empresas cariocas se interesan en la posibilidad de abastecerse del gas de Vaca Muerta para motorizar la actividad económica de los cordones industriales del sur brasileño con menores costos de energía.

Techint, que es una multinacional con operaciones en dólares en diversos países, recibiría a libro cerrado financiamiento y un dólar subsidiado, lo que le permitirá competir en mejores términos en la licitación –una “competencia desleal” de la que se beneficiaría uno de los mayores grupos capitalistas del país.

Argentina ha ingresado en una bancarrota económica de características brutales. El estancamiento y la inflación (estanflación) tienen lugar en un cuadro de creciente endeudamiento, de recrudecimiento de la fuga de capitales y de aumento de las tendencias al desarrollo de un colapso bancario. El BCRA, cuyas reservas están en terreno negativo, viene utilizando los encajes en dólares (dinero de los ahorristas) para financiar las importaciones de distintos grupos capitalistas. Las políticas que exige el Fondo Monetario Internacional echan más leña al fuego del quebranto económico, que se agravará al calor de la profundización de la crisis mundial.

Para cortar con el desfalco capitalista del país es necesario colocar la banca, el comercio exterior y la economía toda bajo control de los trabajadores. Argentina no tiene futuro bajo la dirección de la burguesía. La lucha por un gobierno de trabajadores es cada vez más imperiosa.