Según un informe de Sigma Global, para que una familia pueda adquirir un departamento de 60 metros (equivalente a 45 millones de pesos) deberá ahorrar durante 32 años, es decir, durante más años de lo que necesita aportar un trabajador para poder jubilarse (30). El derecho a la vivienda se encuentra cada vez más cercenado para la población laboriosa.

A su vez, la estadística establece un salario promedio de 120 mil pesos, algo que no cobra la mayoría de los trabajadores (el salario mínimo no llega ni a los 70 mil pesos), sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor parte de la población activa trabaja en condiciones de informalidad, en particular la juventud. Estos ingresos además deberían permanecer estables durante 32 años, algo sumamente improbable en una Argentina sometida al capital financiero internacional donde los políticos capitalistas le hacen pagar el ajuste a la población, sobre todo pisando sus ingresos.

Actualmente la necesidad de vivienda además se ve agravada porque los alquileres no paran de aumentar. Esto producto del fracaso de la ley de alquileres y de la disminución de la oferta, porque las propiedades inmuebles funcionan como reserva de valor para los capitalistas en un contexto de volatilidad cambiaria. Tanto el gobierno nacional como el gobierno de Larreta han sido agentes de las cámaras inmobiliarias, garantizandoles el negocio mediante, por ejemplo, la privatización de terrenos públicos para la construcción de emprendimientos de lujo o los desalojos.

Santiago Maggioti, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, declaró en una entrevista con Futurock: “Siempre intentamos promover la construcción de viviendas en desarrollo urbanístico”, lo que suena hipócrita sabiendo que el gobierno viene de recortar 50 mil millones de pesos en Vivienda, cuando la crisis habitacional azota a 3,5 millones de hogares, para cumplir con la meta de déficit fiscal impuesta por el FMI, dejando a un montón de familias pobres sin techo y a las que luego reprime si ocupan tierras ociosas.

Asimismo el ministro sostuvo que “estamos trabajando con el sistema financiero, primeramente con los bancos públicos, para ver si podemos sacar alguna línea de crédito hipotecario que sea ajustable por salario”. De estos tipos de créditos ya vienen siendo víctimas los hipotecados UVA, estafados por el gobierno macrista primero y sin alivio alguno en tres años de gobierno de los Fernández, pagando un crédito que no deja de crecer a pasos agigantados al ritmo de la inflación. De ser ajustable por salarios, los trabajadores verán absorbida la actualización de los ingresos por el crédito.

Es por eso que Romina Del Plá, diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, presentó en la última comisión sobre créditos UVA en diputados, un proyecto de ley que plantea la eliminación del sistema UVA como forma de indexar los créditos hipotecarios y un límite al índice por el que se ajusta la cuota: no podrá ir más allá del 50% del Índice de Variación Salarial, y no podrá superar el 25% del ingreso familiar.

Necesitamos un plan de vivienda y urbanización acorde a las necesidades, gestionado por los vecinos, que emplee mano de obra desocupada bajo convenio. Debe haber un banco de tierras ociosas y fiscales para construir allí vivienda popular con servicios públicos. A su vez, es fundamental garantizar el acceso irrestricto al crédito hipotecario, donde las cuotas no superen el 10% del ingreso familiar. Este plan debe financiarse mediante la aplicación de un impuesto permanente y progresivo a los desarrolladores inmobiliarios y a la vivienda ociosa.