Este miércoles, el gobierno estadounidense de Joe Biden se declaró a favor de suspender temporalmente las patentes de las vacunas y medicamentos contra el Covid 19. De esta manera, anticipó que apoyará el pedido realizado hace más de medio año por India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio. Por su parte, la Unión Europea dijo estar “lista” para discutir la cuestión. Es decir que finalmente las potencias imperialistas debieron dar la razón a quienes reclamábamos desde hace tiempo la liberación de la patentes, monopolizadas por un puñado de laboratorios y acaparadas precisamente por esas potencias.

Las repercusiones del pronunciamiento de Biden rápidamente se hicieron llegar. La Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (IFPMA), que nuclea a los capitales privados más importantes del sector, calificó la decisión de “decepcionante”. En Wall Street las acciones de esas empresas tuvieron una importante caída.

Llama la atención el cambio de posición del gobierno de Estados Unidos, que hasta el momento defendía a rajatablas la propiedad intelectual sobre la producción de las vacunas, se negó a exportar su propia producción de dosis hasta finales de marzo, cerró además las ventas de insumos claves en la fabricación y envasado (poniendo en crisis los procesos en otros países), y hasta retiene millones de dosis almacenadas sin aplicación por no estar habilitadas para aplicarse allí.

El giro es entonces la respuesta a un agravamiento de la crisis sanitaria a nivel internacional. Mes a mes se ve un recrudecimiento de la pandemia, y hace unos pocos días se alcanzó el pico histórico de casos diarios en el mundo. Nuevas cepas, más virulentas y contagiosas, aparecen allí donde los contagios son exponenciales. Las presiones por una normalización del aparato productivo en este escenario, o sea la preocupación capitalista por evitar una depresión económica del mercado mundial, es la razón fundamental de este pronunciamiento. Es, en última instancia, un reconocimiento del fracaso del régimen capitalista por superar la pandemia con sus propias leyes.

En este marco de profundización de la crisis sanitaria, India se consagró como uno de los epicentros de la nueva ola, con el 40% de los contagios totales por jornada y pasando los 400 mil diarios. Al mismo tiempo el país es el mayor productor de vacunas del mundo: una verdadera potencia farmacéutica que fabrica el 20% de los medicamentos genéricos y, en este momento, al menos el 70% de las vacunas del mundo. El Serum Institute of India tiene los derechos para producir la vacuna de AstraZeneca para 64 países; pero el índice de inmunización de sus habitantes es bajísimo.

La crítica situación llevó a la decisión de cesar las exportaciones de vacunas y reservarlas para la población india, por lo que dichas dosis no se están entregando. La tendencia del cierre de exportaciones también se vio en China, y previamente en Italia y otras regiones de la Unión Europea. Es decir que una de las consecuencia de la monopolización de la producción en un puñado de farmacéuticas y el acaparamiento de las dosis en un puñados de países, a fuerza de contratos confidenciales y leoninos, terminó desembocando no solo en la paradoja de que el principal productor está en el centro del desastre epidemiológico sino además en un dislocamiento de los acuerdos de comercialización de la vacuna. La cuestión había generado un demanda de la Comisión Europea contra AstraZeneca por el incumplimiento de los contratos; entre otros episodios.

Lejos de tratarse de una superación de la guerra comercial, la movida es su encarnación. Resulta que el hecho de que la suspensión de las patentes sea propuesta solo de forma temporal deja entrever la pulseada de los distintos laboratorios (y los Estados que los respaldan) por insertarse en los distintos mercados, ya que es muy probable que la vacuna contra el coronavirus pase a ser de aplicación anual, como la de la gripe y tantas otras. Los grandes laboratorios que tienen el capital y la tecnología desarrollada producirán a gran escala en todo el mundo, comprometiendo a los países con una fórmula y un laboratorio en particular. El gobierno de Biden busca de esta forma contrarrestar principalmente la injerencia que podrían adquirir en este mercado tanto China como Rusia. En conclusión, la OMC seguirá siendo el escenario de una gran disputa por el reparto del mercado mundial entre potencias enfrentadas.

No está claro, de todas maneras, cuál sería el alcance de la medida, y en todos los casos la puesta en marcha de una producción en mayor escala -si se aprueba finalmente la suspensión temporal- demandará varios meses. Esto indica que el aprovisionamiento de las dosis no está garantizado en absoluto en el corto plazo.

Este último aspecto es fundamental para comprender la necesidad de tomar acciones inmediatas. El gobierno de Alberto Fernández celebró con bombos y platillos la decisión de Estados Unidos, pero en realidad en todo momento se posicionó por la mantención de las patentes, como sucedió recientemente en la Cumbre Iberoamericana. Más aún, armó un negociado a medida del grupo Sigman, que produce el principio activo con único destino de exportación, y se niega a tocar esa producción a pesar de los alevosos incumplimientos de las entregas pactadas con AstraZeneca (y ya pagadas).

Todo esto confirma nuevamente la necesidad de proceder, como plantea el Frente de Izquierda, a declarar de utilidad pública la fabricación de la planta de mAbxience en Garín, para disponer su envasado y aplicación en el país y la región. La viabilidad de este planteo ya debió ser reconocida por la negociación que emprendió el gobierno para realizar en Argentina la totalidad del proceso de producción de las vacunas Sputnik V rusa y Sinopharm china. La liberación de las patentes debe ir de la mano con esta medida elemental para evitar una catástrofe sanitaria, cuando sigue marcando récords el número muertes diarias.

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