Después de una década de vaciamiento petrolero, los vaciadores anuncian un nuevo vaciamiento”, declaró Altamira ante diferentes medios de prensa en relación con la expropiación parcial de YPF por razones de “utilidad pública”.

“Cristina de Kirchner anunció por cadena de medios que el objetivo primero de su llamada ‘recuperación de soberanía petrolera’ es cargar a la YPF parcialmente estatizada con la factura que representan las importaciones de energía, por 10 mil millones de dólares”. Se repite, prosiguió el ex candidato a presidente por el Frente de Izquierda, “el esquema con el cual el gobierno se ha acostumbrado a cubrir el déficit comercial y de pagos con el exterior: meter la mano en la Anses, el Pami, la Lotería, el Banco Nación y ahora la petrolera que se estatiza, con ese fin, en forma parcial”. De este modo, para Altamira, “el gobierno, que promovió los giros de utilidades de Repsol por mucho más que sus utilidades declaradas, apela a un recurso de emergencia que significa, en la práctica, otra operación de vaciamiento”. “La YPF de mayoría estatal es obligada ahora -insistió Altamira- a seguir la ruta del tarifazo, el camino que reclamaba precisamente Repsol para superar el déficit que genera la importación de gas y de petróleo, pero que para ser impuesto parece necesario encubrirlo con la demagogia de la ‘soberanía'”. “La Presidenta dijo claramente -añadió Altamira- que lo que importa es tener el combustible, ¡no el precio!”.

Altamira se extendió largamente sobre esta pseudo-estatización en los siguientes términos: “La pretensión del gobierno nacional de seguir el modelo de Petrobras, cuyo capital se encuentra en manos de fondos anglo-norteamericanos por el 52% del valor accionario, nos devuelve al casillero Nº 1 de la privatización a cargo, en 1992, del fallecido ex presidente de YPF, Estenssoro. No estamos ante un proceso de ‘recuperación de soberanía’, sino de reafirmación de la privatización. Pero para llegar a esta re-privatización tardía, con gran parte del capital en la Bolsa, el gobierno K deberá compensar a precio de oro a los ‘expropiados’, pues de otro modo no logrará mantener la cotización de YPF en la Bolsa de Buenos Aires y Nueva York. YPF tiene un valor de libros de 3,8 mil millones de dólares (cambio paralelo), como consecuencia de un activo de 52 mil millones de pesos y un pasivo de 33 mil -lo que deja, para la mitad que posee Repsol, un valor de 1,9 mil millones dólares. El pulpo, sin embargo, reclama un valor de mercado de 12 mil millones de dólares, mientras que una investigación de daños ambientales y operaciones fraudulentas reduciría el valor efectivo de la empresa a cero, sin hablar del resarcimiento que el Estado argentino debería reclamar por las condiciones fraudulentas que rodearon la entrega de YPF a Repsol”.

“Desde el Partido Obrero -dijo Altamira- reclamamos la expropiación sin compensación de la totalidad de la empresa, con la reserva de resarcimiento para los pequeños tenedores de títulos, según emerja de una investigación apropiada”.

Altamira destacó que “la expropiación establecida por el gobierno plantea un conflicto con los financistas de Repsol -los fondos internacionales que controlan el 75% de su capital accionario y los bancos accionistas como la Caixa de Cataluña y el BBVA”, por lo cual advirtió, que “las negociaciones que se abren por la compensación a Repsol, según lo establece el proyecto de ley, podrían terminar en una sangría enorme para las finanzas públicas”. Altamira denuncia, entonces, que la caja del gobierno para financiar esta compensación volvería a ser la Anses, el Banco Central y otros fondos del Estado. “La expropiación parcial de YPF se convierte así en una confiscación de contribuyentes y jubilados”.

Altamira subrayó la conexión entre Repsol y la banca y fondos de inversiones, para establecer la conclusión de que ninguna renacionalización real de YPF es consecuente si no va acompañada de la nacionalización de la banca y, así, de la canalización del ahorro nacional hacia un gigantesco plan de inversión en energía.

La acción sobre YPF deja en pie el conjunto de la estructura privada del sector petrolero, en manos de grandes pulpos internacionales. La Presidenta dejó muy en claro que la expropiación parcial en términos privatistas apunta a relanzar la licitación internacional en las aguas del Atlántico Sur y para el yacimiento de gas no convencional Vaca Muerta, en Neuquén -los objetivos más codiciados del capital internacional. No es casual que haya rentado a su servicio al arquitecto de las privatizaciones menemistas, Roberto Dromi.

Para Altamira no es un detalle menor, sino muy significativo que la Presidenta concluyera su discurso con un ataque a los trabajadores de la Línea 60, pues revela que “la demagogia nacionalista engañosa está al servicio del ahogo de las luchas independientes de la clase obrera”.

Altamira remató estas extensas declaraciones con la reivindicación planteada por el Frente de Izquierda en las recientes elecciones, cuando fue el único que advirtió de forma sistemática el saqueo que estaba sufriendo el país: por la expropiación sin compensación de los pulpos de la energía y servicios, bajo control de los trabajadores.