La crisis política al interior de la coalición gobernante atraviesa uno de sus puntos más agudos, con la disputa abierta en torno a la habilitación de un segundo aumento de las tarifas eléctricas en la segunda mitad del año, luego de que se promulgara un 9% de incremento en las boletas de Edenor y Edesur a cargo del servicio en el Amba. El choque incluye el pedido de renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, el camporista Federico Basualdo, por parte de Martín Guzmán. Pero amenaza con llevarse puesto al propio ministro de Economía, ya que la continuidad del funcionario implica que se ve completamente desautorizado por el ala kirchnerista del gobierno.

Los trascendidos periodísticos hablan de un apoyo presidencial a Guzmán y de un rechazo de Cristina Kirchner al despido de Basualdo. Es que la cuestión de las tarifas se esconde un problema de fondo: una política económica inviable, de ajuste contra los trabajadores, y un choque de intereses dentro de un gobierno loteado.

La condición para allanar el camino para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la reducción del déficit fiscal, lo cual incluye un recorte de los subsidios. Pero ya antes de que entren en vigencia los tarifazos enfrenta una aceleración inflacionaria, cuando debe medirse en pocos meses en las elecciones legislativas. A su vez, como para garantizar el repago de la deuda al FMI hacen falta divisas, el gobierno intenta achicar las ya grandes necesidades de importación de gas a base de ofrecer a las petroleras un precio mayor en boca de pozo, lo cual encarece toda la cadena energética (la generación eléctrica está basada principalmente en el gas).

Para esclarecer el contenido de la disputa, es importante señalar de entrada que ningún ala de la coalición oficial cuestiona la piedra basal de todo el esquema energético argentino: la rentabilidad de las petroleras. El Plan Gas que diseñó el gobierno para incentivar la producción, al subir el precio del principal insumo, plantea el dilema de cómo se traslada ello a las tarifas que pagan los consumidores.

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Las partidas que el Tesoro gira a las empresas de electricidad para compensar el congelamiento de las boletas es uno de los únicos rubros del gasto público que crece, en medio de un feroz ajuste fiscal con recortes significativos sobre la salud, las jubilaciones, los salarios estatales, los programas sociales e incluso la eliminación del IFE en plena segunda ola.

“En el primer trimestre de 2021 los fondos de esta partida (subsidios) aumentaron casi 80% en términos interanuales, más que duplicando la suba del resto de las erogaciones primarias (+38%). Considerando que la inflación promedió poco más de 45% en el período, podemos afirmar que los subsidios crecieron ampliamente en términos reales, mientras que el resto del gasto se redujo. Como resultado, la ‘línea’ en cuestión pasó de representar el 8% del gasto primario total a casi el 10,5% de este” (EldiarioAR, 2/5). El propio Guzmán señala que afrontar esta masa de subsidios implica una emisión monetaria que termina recalentando la dinámica inflacionaria.

Por el lado del kirchnerismo objetan que mayores tarifazos impactan de manera directa en el bolsillo cuando se acercan las elecciones, y advierten sobre todo el temor a la reacción que podrían tener las masas frente a un nuevo golpe, en épocas de “mecha corta” a nivel nacional y continental. Pero sus contradicciones están a la vista, si vemos que desde la dirección de YPF no solo respaldan el Plan Gas sino que vienen implementando naftazos que ya acumulan un 60% de aumentos desde agosto, lo cual incide en toda la cadena de comercialización.

En otras palabras, la interna del gobierno refleja que al cumplir la tarea encomendada por el Fondo se enfrenta con el problema de la sábana corta. Mientras tanto, con un índice de inflación de marzo en un 4,8%, queda en ridículo la pretensión oficial de una pauta del 29% para todo el 2021, y eso deja al descubierto la entrega de los burócratas sindicales a la hora de cerrar las paritarias. Expresa así las contradicciones de una política económica signada por el pago de la deuda y los intereses del gran capital.

Esta inviabilidad tiene su raíz en los beneficios de los pulpos petroleros, y por eso el gobierno de Macri se topó con el mismo problema. Recordemos que luego de aumentos siderales durante sus primeros años, fue él quien comenzó el congelamiento de las tarifas en 2019 y el abandono de la dolarización automática de las mismas (incluyendo la eyección de Aranguren), con el objetivo de salvar las chances electorales y contener una inflación que terminó ese año en un 53%.

Los trabajadores no podemos ser rehenes de esta disputa de camarillas, que plantea como dicotomía ineludible los subsidios o los tarifazos. En esos términos la disyuntiva nos deja como el pato de la boda. Finalmente, la continuidad de los subsidios (que se incrementan al calor de la inflación) sería pagada también por las familias trabajadoras que son las principales aportistas a las arcas estatales, y redundaría en un mayor ajuste en otras partidas, en emisión monetaria que repercute en la inflación, y en mayor endeudamiento. La “sintonía fina” o el gradualismo en cuestión no son más que eufemismos para tapar el ajuste en marcha, cuando Economía festeja haber registrado en el primer trimestre el menor déficit fiscal en seis años.

En lugar de posicionarnos de uno u otro lado en estas rencillas inconducentes, los trabajadores debemos desarrollar un programa político propio, que parta de la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa usuraria -un problema político de primer orden que aúna a los Fernández e incluso a la oposición patronal. A la falsa dicotomía entre subsidios y tarifazos le oponemos la apertura de los libros de las empresas para conocer los costos de producción, y la nacionalización de toda la industria energética y del comercio exterior para desindexar el precio interno de los hidrocarburos de su cotización internacional, todo lo cual sería la premisa para la elaboración de un plan integral de desarrollo energético bajo control de los trabajadores.

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