Dentro de las bases del pacto que el gobierno de Alberto Fernández negocia con apuro con el FMI, el aumento de las tarifas de los servicios públicos ocupa un lugar importante, en medio de una aceleración inflacionaria que golpea en particular el consumo de las familias trabajadoras.

De hecho, parte del “empoderamiento” presidencial al ministro Martín Guzmán fue poner bajo su órbita a la Secretaría de Energía, donde fue designado el kirchnersita neuquino Darío Martínez para diseñar una política de tarifazos. Los servicios de luz y gas aumentarán desde diciembre entre un 30 y un 60%, un mazazo que pretende ser diluido con el mismo discurso de la “sintonía fina” de CFK, es decir de una segmentación en la que, según el propio Martínez, “la población que puede pagar el costo de la tarifa (sin subsidio), la pague”.

Ello equivale a decir que van a exprimir a los trabajadores, cuando el salario promedio se ubica en un tercio de la canasta básica familiar. De hecho, el funcionario viene manteniendo reuniones con la titular de la Anses, Fernanda Raverta, porque se valdrán de la base de datos que proporcionó el IFE para filtrar quiénes “merecen” una tarifa subsidiada, es decir solo zafaría una porción de quienes el propio gobierno definía como “los más perjudicados”. El grueso de la clase obrera sufrirá un sacudón en 2021.

Como la legislación vigente exige realizar audiencias públicas previo al aumento de tarifas de los servicios, lo cual retrasaría unos meses su entrada en vigor y daría espacio para una mayor repercusión política y mediática, recurriría al artilugio de fijar una “tarifa de transición” que sin embargo se extendería por todo 2021, o al menos hasta la elecciones. No son por supuesto instancias vinculantes, pero -en medio de un verano en que según reconocieron los propios funcionarios sufriremos permanentes cortes de luz que evidenciarán el vaciamiento energético- podría obligar a responder preguntas incómodas que prefieren ocultar.

En efecto, ni un ápice de la política de “no aumentar” los subsidios estatales afectará a las empresas. El cálculo previsto en el Presupuesto 2021 es que estos desembolsos mantendrían su proporción en torno al PBI, lo que significa un 1,7% para la energía y otro 0,5% para transporte -equivalentes a más de 800.000 millones de pesos. Es decir que los mayores precios que pagarán los consumidores irán a engordar los márgenes de ganancias de las patronales del sector.

Esto es escandaloso en el caso de las distribuidoras de electricidad, que este año dejaron de pagarle a la empresa mayorista estatal Cammesa (que despacha la energía), acumulando incumplimientos por la sideral suma de 100.000 millones de pesos -cuando arrastraban ya de antes saldos impagos por 30.000 millones. Edenor y Edesur lideran el ránking de morosos, con más de 11.000 millones de pesos cada una, y para colmo acaban de cobrar del Estado nacional unos 4.100 millones que les debía la provincia de Buenos Aires a cuenta del consumo de los asentamientos precarios del Conurbano.

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En el caso del gas, las previsiones del Presupuesto no contemplan los 1.500 millones de dólares que se anunciaron en el marco del Plan Gas, para pagar a las petroleras un precio en boca de pozo que casi duplica la media internacional. Podemos concluir de ello que el grueso de estos subsidios serán directamente costeados por los usuarios. El decreto todavía no fue publicado en Boletín Oficial, pero los medios especializados estiman que de los 3,7 dólares por millón de BTU que se fija como precio de compra del Estado a las empresas, 2,5 dólares serán pagados por los consumidores; estamos ante una nueva dolarización de las tarifas.

En palabras del secretario de Energía, “el esfuerzo fiscal también depende de cuánto se decida trasladar a tarifa del precio de subasta, pero rápidamente se transforma en un ahorro porque ir a importar energía es mucho más caro”. En conclusión, el corazón de la medida es conservar las divisas para el repago de la deuda externa. Es un ofrenda al FMI. Y a las petroleras, por supuesto, que además de subsidios son estimuladas a incrementar la productividad no mediante mayores inversiones sino de una superexplotación de la fuerza de trabajo.

Estos tarifazos en la luz y el gas se combinarán con naftazos, que a su vez repercuten en toda la cadena de precios. También con boletazos en el transporte y subas en el agua, y con otros aumentos como el de las empresas de telecomunicaciones -cuando los servicios de telefonía e internet se vuelven vitales para un amplio sector de trabajadores.

A la par suben otros artículos esenciales como alimentos y medicamentos. El gobierno ya confirmó que enterrará el programa Precios Máximos (que ya habían sido aumentados 6% en septiembre), cuando en un octubre con una inflación por encima del 3% encabezaron las subas productos básicos como la yerba, el pan y el azúcar. Ahora fue anunciado que regirán máximos para los medicamentos, pero recién después de remarcaciones fenomenales de hasta el 1.000%, y tomando como referencia los precios de agosto que ya eran 20% mayores a los de marzo.

A su vez, en noviembre aumentaron un 10% los planes de las empresas de medicina prepaga. Es otro golpazo cuando decenas y decenas de miles de trabajadores pierden su trabajo y con él la obra social de su familia. A estas empresas, además, desde marzo les redujeron un 95% las contribuciones patronales al sistema previsional y les fijaron una menor alícuota en el pago del impuesto a los débitos y créditos.

Es una ofensiva bestial contra una población trabajadora que sufre el congelamientos salarial o paritarias que cierran por debajo de la inflación, el robo de la movilidad jubilatoria, los despidos y las suspensiones con recorte de sueldo. Este es el contenido del pacto con el FMI, y por eso hasta Cristina Kirchner reclama un acuerdo nacional que le dé viabilidad política para imponerlo a los trabajadores.

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