El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, ya anticiparon en los medios de comunicación que a partir del 31 de diciembre comenzará un esquema de incrementos tarifarios. Al igual que sucedió con el Plan Gas, no es casualidad que estos anuncios lleguen después de la misión de los funcionarios del FMI en Argentina, en la que los tarifazos y los subsidios a la energía fueron un punto importante.

Según Clarín (22/10), los incrementos podrían alcanzar hasta el 60%. Los voceros oficiales adelantaron que es probable que los aumentos sean segmentados, pero sin embargo se calcula que dentro de la franja de usuarios que afrontará las mayores subas se encontrará uno de cada cuatro hogares de Capital y el Conurbano. De piso, se barajan tarifazos del 25% en las boletas de gas y electricidad.

Guzmán insiste en que los incrementos tarifarios deben “acompañar la inflación”, aunque, claro, partiendo de un primer sacudón en enero. Por lo demás, esta manera de presentarlo es un verdadero engaño, porque los tarifazos inciden en los índices de precios, por lo que el nuevo esquema se retroalimentaría a sí mismo. Cuando estamos a las puertas de una nueva devaluación del peso y una aceleración inflacionaria (los precios mayoristas subieron en septiembre 3,7%, lo que implica remarcaciones futuras) este planteo no puede tranquilizar a nadie. No hay que olvidarse que otra arista son los naftazos mensuales que vienen superando la inflación.

El meollo de la cuestión, desde la óptica del gobierno de Alberto Fernández, es mantenerse dentro de los lineamientos que se negocian con el Fondo para suscribir un nuevo programa, los cuales incluyen el compromiso de reducir a la mitad el déficit fiscal en 2021. Analistas estiman que este año los subsidios para compensar el congelamiento tarifario consumirán unos 5.000 millones de dólares del Tesoro (El Cronista, 8/10).

Parte de los aumentos ya habían sido contemplados, en el caso del gas, dentro del plan de estímulos a las petroleras que consiste en pagarles en boca de pozo bastante por encima de los precios internacionales, de manera que una porción de esos subsidios serán costeados luego por los consumidores ya que las distribuidoras trasladarán los mayores precios a los usuarios. Contrariamente a cómo suele presentarse la cuestión, son las familias trabajadores las que subsidian a los pulpos de la energía.

Hay elementos que suman tensión. Tanto desde el gobierno como desde las empresas ya se preparan para una temporada veraniega abundante en cortes de luz. Algunos alegan que el menor desplazamiento vacacional por la pandemia derivará en un aumento significativo del consumo de los usuarios residenciales en el Área Metropolitana, pero lo cierto es que todo el año se registró una furibunda huelga de inversiones.

Ahora -y como en parte ocurre con el Plan Gas-, los capitalistas del sector alegan que los anuncios llegan demasiado tarde como para incidir en la promoción de mayores inversiones en tan corto plazo, de manera que no podrá evitarse una crisis energética cuando lleguen las altas temperaturas del verano. Por otra parte, nadie mueve sus fichas en las vísperas de una devaluación cuya magnitud es difícil de prever. Los subsidios a libro cerrado entrañan este régimen de vaciamiento que tiene cautiva a la población.

Es necesario organizar el rechazo al sendero de tarifazos que se avecina, oponiendo como programa la apertura de los libros de toda la cadena de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y del gas, para determinar los costos reales del servicio, como paso previo para una nacionalización de toda la industria bajo control obrero. Es la vía para cortar de cuajo el vaciamiento energético, que pagamos cada vez más caro los consumidores.

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