03/03/2021
Editorial

Todos los caminos conducen al FMI

“No tenemos ánimo de incumplir”, dijo Alberto Fernández.

La frase, dicha cuidadosamente en su discurso frente al Congreso, sirvió no solo para tirar por la borda todas las críticas y denuncias que Alberto Fernández hizo al acuerdo con el FMI suscripto por el gobierno de Mauricio Macri, sino que le restó validez a la denuncia penal anunciada en su contra. Después de todo, qué sentido tiene denunciar que el acuerdo con el FMI equivalió a la comisión de un delito, si luego se termina avalando dicho acuerdo y, peor aún, admitiendo su pago. Se repetiría lo sucedido con la causa por el dólar futuro, pero invirtiendo el rol de cada uno. En aquella oportunidad fue el macrismo quien denunció la venta de dólares futuros como un delito ejecutado por Cristina Kirchner en el 2015, pero a renglón seguido el gobierno macrista avaló y pagó esos contratos durante el año 2016. Acá sucede exactamente lo mismo. Lo prueba, por ejemplo, que el gobierno acaba de pagar un vencimiento de 300 millones de dólares al FMI, del préstamo que sería denunciado. Si la causa penal contra Macri avanzara, algo que todo el mundo sabe que no va a pasar, los que hicieron ese pago debieran comparecer como cómplices.

Para alimentar el entredicho, rápidamente los exfuncionarios macristas salieron a responderle a Alberto Fernández, afirmando que el préstamo del FMI se usó para pagar deuda heredada del gobierno kirchnerista y no para financiar la fuga de capitales. Estamos frente a esos hechos clásicos en los cuales todos mienten y dicen la verdad a la vez. Sucede que el dinero es fungible, o sea puede gastarse en un sentido u otro, y en esa medida es imposible de determinar si esos fondos se aplicaron a la fuga de capitales o al pago de la deuda. Lo cierto, sin embargo, es que ambas cosas sucedieron, es decir el gobierno macrista pagó deuda y financió la fuga, por un monto superior a los U$S 44.000 millones prestados por el FMI. La Justicia difícilmente adopte una decisión al respecto, y si lo hiciera sería peligroso para el gobierno de los Fernández, que durante todo el año 2020 financió una fuga de capitales enorme, que financió tomando nueva deuda y liquidando el superávit comercial. La lista de pagadores y fugadores seriales alcanza a todos los que han gobernado en las últimas décadas.

Lo que está en juego

Para el gobierno la función de estas denuncias va más allá de entretener a la tropa propia. De un modo general, pretende delinear los términos del nuevo acuerdo con el FMI en función del proceso electoral que se avecina. De máxima, espera poder postergar un acuerdo para después de las elecciones, pero tiene el problema de que carece de las divisas para cancelar los vencimientos del año en curso tanto con el Fondo como con el Club de París. Por ello explora la posibilidad de que el FMI amplíe los préstamos a sus países socios y usar esos fondos adicionales para efectivizar los pagos. Sería una variante de incrementar la deuda para pagar la deuda. Si eso no prospera, en cambio, deberá avanzar en un acuerdo prontamente, ya que la variante de un default con el FMI no figura entre las variantes de ningún ala del oficialismo, sea Massa, Cristina Kirchner o el propio Alberto Fernández. Menos que menos un no pago de la deuda como plantea el FIT.

El cierre de un acuerdo con el FMI trae aparejada una serie de condiciones, entre ellas la reducción del déficit fiscal, avanzar en una mayor devaluación y, desde ya, los reclamos de reforma laboral y previsional. El gobierno comparte este rumbo, como lo prueba que ha eliminado la movilidad previsional indexada a los precios, la IFE y el bono a los trabajadores de salud e impuesto una paritaria ruinosa a los estatales, con una pérdida que supera los 10 puntos. También está dispuesto a avanzar en un tarifazo, algo que ya ha hecho para las tarifas industriales, que impactan directamente en los costos de producción y serán descargados sobre los consumidores finales con mayores precios, o sea, con más inflación. Existe, sin embargo, un debate de hasta dónde avanzar con las tarifas residenciales. Alberto Fernández desempolvó el viejo planteo K de aplicar “sintonía fina”, un eufemismo utilizado para incrementar las tarifas, exceptuando parcialmente a los sectores de menor consumo. De todos modos un aumento por debajo de lo que reclaman las empresas sería compensado largamente con subsidios, que podrían orillar los 60.000 millones de pesos, lo que en las condiciones actuales solo puede ser cubierto con mayor emisión, que impactará también en la inflación. En relación a las tarifas, Alberto Fernández sacó pecho para anunciar su desdolarización, pero que se trata de otra patraña lo prueban los sucesivos incrementos de las naftas, que siguen el precio internacional, y los acuerdos del Plan Gas 4 que establece un precio de gas a boca de pozo en dólares, por encima del promedio internacional. La dolarización del gas, que es la matriz sobre la cual luego se produce la mayor parte de la energía eléctrica, muestra que la dolarización de tarifas está vivita y coleando.

La postergación de un acuerdo con el FMI es vista con preocupación por varios sectores capitalistas, no porque teman veleidades nacionalistas de la camarilla gobernante, sino por el hecho de que el esquema económico actual se sostiene con hilos demasiado delgados. La cotización de los bonos reestructurados tocó esta semana un nuevo piso, pagando en dólares un 20%. Se han prendido alertas amarillas por la suba de la tasa de interés a mediano y largo plazo que pagan los bonos del Tesoro de los EE.UU., reflejando las tendencias inflacionarias a nivel internacional. De consolidarse esta tendencia podría acelerar la fuga de capitales y pinchar la burbuja con la que Guzmán quiere atraer a los especuladores.

Detrás incluso de una postergación del acuerdo con el FMI se esconde un planteo ajustador sobre el conjunto de los trabajadores. Por lo pronto, ya sabemos que los jubilados que estén por encima de los $30.856 perderán entre 3 y 4 puntos ante la inflación en este trimestre, lo que se suma a las pérdidas anteriores. Los que estén por debajo de esa cifra bochornosa recibirán dos bonos de $1.500 en el trimestre, o su equivalente de $ 1.000 mensuales o $ 33 por día. Además, como el bono no se integra a la jubilación, no será tenido en cuenta como piso para los futuros aumentos. El peso de la inflación, que opera como una redistribución de la renta nacional a favor de exportadores y otros sectores capitalistas y en detrimento de quienes viven de su trabajo, expresa la forma más brutal del ajuste en marcha.

Las bolsas negras

La oposición reagrupada en Cambiemos no cuestiona el carácter del ajuste en marcha, ya que comparte las exigencias generales de la clase capitalista. A falta de un eje económico buscó explotar el escándalo del vacunatorio vip, que eyectó de su poltrona al ministro Ginés González García. Las acciones convocadas para el sábado pasado, sin embargo, no movieron el amperímetro en términos de movilización popular, quedando incluso por detrás de jornadas convocadas bajo la cuarentena estricta. La debilidad de la convocatoria dejó expuesto el carácter fascistizante de su grupo convocante, que arrojó bolsas mortuorias con los nombres de dirigentes ligados al oficialismo. El hecho agravó las divisiones en el seno de la oposición, entre un ala que busca atraer a sectores del peronismo y otro que se asume características derechistas más acentuadas. La referencia internacional de este sector son los Trump y Bolsonaro, que azuzan la violencia de sectores de la pequeña burguesía y de las fuerzas de seguridad contra los trabajadores.

Aunque sectores capitalistas se sienten identificados con estos planteos, la mayoría prefiere por el momento al peronismo como garantía de la gobernabilidad, por el papel de contención que ofrece sobre las masas explotadas. La derrota del golpe en Bolivia y los resultados electorales de Ecuador muestran que los sectores que se referencian en el Grupo Puebla son más efectivos para aplicar los planes del FMI que la derecha más recalcitrante. Si este Grupo Puebla era el plan B del imperialismo en la región, se está transformado en el Plan A. La pandemia ha agudizado todas las contradicciones sociales y hasta el FMI anuncia que será la partera de rebeliones populares, pues las desigualdades se han agudizado hasta niveles insoportables, a la vez que debilitan a los Estados y los regímenes políticos.

Este contexto le otorga un contenido concreto a los choques entre el gobierno y el Poder Judicial, que fueron azuzados por el propio presidente en su discurso en el Congreso. Para la clase capitalista, el Poder Judicial es un instrumento para limitar las tendencias bonapartistas del gobierno; un ejemplo de ello es lo sucedido con Vicentin, donde los jueces fallaron a favor de la empresa rechazando la intervención estatal. Para el gobierno, en cambio, se trata de avanzar en su política de regimentación para intentar contener las contradicciones de fondo de la crisis y avanzar en su política fondomonetarista. Cada bloque utiliza las debilidades del otro para poder librar la batalla. En el caso del gobierno, uno de sus puntos más débiles es la corruptela que envuelve a parte de su personal político, que llega hasta su cúspide. La condena a Lázaro Báez ha sido interpretada como una declaración de guerra, porque las balas empiezan a picar muy cerca de la actual vicepresidenta y su familia. Que un campo invoque la defensa de la república y la lucha contra la corrupción, y el otro el interés general del pueblo por sobre las corporaciones no debe llamar a engaño: es una pelea al interior del aparato del Estado capitalista, en función de los intereses de tal o cual fracción. La izquierda no puede solidarizarse con ninguno de estos campos. Al revés, debe valerse de esta pelea para mostrarle al conjunto de los trabajadores hasta dónde avanza la putrefacción del Estado, de la clase social que gobierna y de sus representantes políticos, para arribar a la conclusión de que deben gobernar los trabajadores sobre la base de la ruina de este propio Estado.

La agenda que se viene

El mes de marzo que comienza contiene una agenda muy intensa, con movilizaciones populares de mucha importancia. El 8 de marzo próximo, Día de la Mujer Trabajadora, tendrá a la lucha contra la violencia hacia las mujeres como una cuestión excluyente. Los femicidios cotidianos dejan expuesto un régimen de opresión de la mujer que tiene su vértice en el propio Estado, no solo por omisión sino sobre todo por acción. La violencia contra la mujer abarca una larga cadena, que va desde la precarización laboral, el recargo de las tareas de cuidado, la trata de mujeres y concluye en los femicidios. El kirchnerismo quiere vaciar esta movilización histórica y hay un conjunto de fuerzas, entre las que se destaca el Plenario de Trabajadoras, que está organizando una gran movilización a la Plaza de Mayo.

La otra gran jornada que se avecina es el 24 de marzo. Aquí también el kirchnerismo anunció que no se movilizará, alegando la permanencia de la pandemia. Llama la atención porque en estos meses han impuesto desde el gobierno la vuelta a la normalidad, en lo que refiere a la actividad laboral y ahora educativa. La decisión de no movilizar el 24 de marzo plantea el desafío a todas las corrientes y organizaciones que defienden la causa de los derechos humanos en asumir la responsabilidad de garantizar la jornada con la masividad que la caracteriza. Lejos de una cuestión conmemorativa, una gran movilización antirrepresiva tiene una actualidad enorme, para enfrentar el gatillo fácil que asesinó a Facundo y a tantos jóvenes durante la cuarentena, o a las represiones de Berni, Insfrán y cía.

Marzo se ha iniciado con paros y movilizaciones de masas de la docencia en 14 provincias por el salario y contra la presencialidad sin condiciones adecuadas. Se trata de un primer punto de ruptura contra los techos paritarios y contra el pacto social de la burocracia sindical. También será el escenario de grandes jornadas de lucha del movimiento piquetero, que viene de realizar una acción de masas con unas 100.000 personas movilizadas en todo el país. La envergadura que ha tomado la lucha contra el hambre revela hasta dónde ha caído el nivel de vida de nuestro pueblo. Hace horas también, una combativa asamblea votó la continuidad de la huelga general en Siderar Ezeiza, desconociendo la conciliación obligatoria del gobierno, contra el intento de Tenaris de aplicar una reforma laboral en los hechos cambiando el encuadramiento de los trabajadores, una lucha emblemática contra la agenda de “productividad” de Kulfas y las patronales (léase, superexplotación).

Esta agenda de marzo plantea también un desafío político para el Frente de Izquierda-Unidad. El FIT-U debe impulsar estas luchas y colaborar con los trabajadores en sacar las conclusiones de lo que está en juego. La polarización entre un gobierno cómplice del FMI y una oposición derechista no se condice con las necesidades de una acción histórica independiente de los trabajadores. Es por eso mismo que le proponemos al FIT U una acción política unitaria en todas estas luchas y un acto masivo en el mes de abril.

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