03/03/2021
Hacia el 8M

Femicidios, hambre y represión: ¡digamos basta!

El 8 de marzo movilizamos a Plaza de Mayo y en todo el país.

Las cifras récord de femicidios se producen en un contexto de incremento de los organismos del Estado pretendidamente destinados a la erradicación de la violencia de género. Luego de un año con un «Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad» que fuera presentado como herramienta fundamental para combatir una violencia que hace 6 años el movimiento de mujeres viene denunciando en las calles masivamente, la situación sólo se agravó. ¿Cómo es posible que luego de que ya dijéramos todo lo que había que hacer para enfrentar esta brutal realidad, desde el gobierno no se produzcan las políticas efectivas para revertirla?

Entre el impúdico espectáculo del “vacunatorio vip”, el incremento de la inflación que va a superar ampliamente la estimación presupuestaria del 29%, el aumento de la pobreza que despierta movilizaciones cada vez más grandes, el incremento de los femicidios corona una situación general desesperante. Aunque muchas veces son usadas como ejemplo de sacrificios en ciertos discursos, no se escuchó la voz de ninguna funcionaria reclamando que las mujeres que mayoritariamente atienden los comedores que alimentan a millones de personas bajo la cuarentena fueran consideradas “personal estratégico” o “esencial” y ni siquiera fueron tenidas en cuenta entre los criterios para establecer las prioridades de vacunación.

El 2020, la pandemia y la reclusión en los hogares representó una tortura para las mujeres que debieron vivir en entornos violentos, por la violencia económica del Estado y por la que se replica en los vínculos sociales. El gobierno no implementó políticas para confrontar las consecuencias, el presupuesto destinado en nuestro país para asistir a la población fue uno de los más bajos de toda América Latina, y la principal política de Alberto Fernández estuvo concentrada en cumplir con el FMI, algo que lo llevó a eliminar rápidamente la migaja de la IFE.

En materia de ataque a la violencia de género, el nuevo Ministerio de las Mujeres y Diversidades apenas si protagonizó un papelón que criticaron propias y ajenas, cuando planteó como gran política para enfrentarlos, usar como código la frase “Barbijo Rojo” en farmacias. En materia de anuncios, plantearon un subsidio de 20 mil pesos por 6 meses para las mujeres que sufren violencia de género. El llamado “Plan Acompañar”, es incompatible con cobrar 10 mil pesos de un plan social o con trabajar registradas, y el universo que estaría contemplado no tiene ni noticias de dicho plan. Muchos lunchs y charlas y ninguna política concreta.

Panorama internacional

Mientras que la caída económica de toda América Latina durante el 2020 fue del 8%, la de Argentina trepa al 12%. Las principales víctimas de esta masacre social son las mujeres y lxs niñxs. No se trata de que las funcionarias que prometieron atacar las causas de la violencia no estén a la altura, son responsables políticas de la propia violencia que venían a erradicar. El capitalismo y sus objetivos económicos son la causa de la violencia contra las mujeres y las diversidades, de la violencia racial, de la persecución a la juventud. Promover la igualdad capitalista es lanzar al oprimido al campo del opresor, sin vueltas.

El escenario internacional se caracterizó por la persistencia de las demandas y las luchas de las mujeres también, como en el caso chileno -ejemplo de un movimiento feminista radicalizado que no dejó de pelear en las calles contra el régimen de Piñera. Allí donde la institucionalización del movimiento de mujeres prospera, la estafa política gubernamental no se hace esperar.

Es el caso de los demócratas norteamericanos, que debutaron incumpliendo la promesa de elevar el salario mínimo y con bombardeos en Siria, sin que referentes que explotaran la cuestión de la mujer, ni siquiera emitan un repudio en las redes sociales. La ejecución de civiles sirios por parte de los yanquis corrió por cuenta de una piloto de drones trans, como hace más de 10 años la violación de presos iraquíes fue ejecutada por soldadas mujeres norteamericanas, saludadas por el feminismo local por haber llegado a esos puestos antes reservados a los hombres.

Ambas son expresiones de una igualdad capitalista que fomenta un sector del feminismo, que corrompe, mata y diluye la lucha contra todas las formas de opresión. La lucha por los derechos de los y las oprimidas es indisoluble de la lucha contra el régimen social capitalista que se vale de esas opresiones para dividir y debilitar a las mayorías populares a las que se propone explotar.

Hambre y femicidios

En lo que va de 2021 tenemos más femicidios que días del año. Las mujeres muertas, que nos cansamos de contar, son la expresión más brutal de un régimen social que lleva en sus extrañas la violencia contra las mujeres. Detrás de cada una de ellas, hay una larga cadena de atropellos estatales, que comienza mucho antes de las denuncias.

El macrismo llevó adelante toda una operación de ajuste generalizado y endeudamiento del país, mientras que afirmaba que iba a impulsar políticas en favor de las mujeres que nunca se concretaron. Las expectativas de que Alberto Fernández cambiara eso que algunos sectores tuvieron, naufragaron pronto. No sólo se dedica a pagar el endeudamiento que Macri contrajo sino que replica la política de anuncios vacíos y promesas incumplidas. Si se mira el cuadro general se puede apreciar con más claridad que la aprobación del aborto legal es una conquista sin atenuantes de las mujeres movilizadas y no una política que este gobierno hubiera privilegiado si no hubiera existido ese enorme movimiento.

El contexto de incremento de la miseria, particularmente entre las mujeres que representan el 70% del universo de personas pobres e indigentes, no hace más que alimentar las condiciones de vulnerabilidad. La violencia económica del Estado contra las mujeres es el terreno fértil sobre el que se desarrollan otros tipos de vulneraciones.

El Ministerio de Economía se ufana de identificar políticas de género en su nuevo presupuesto, sin embargo la integración de feministas institucionalizadas a la cartera de Guzmán sólo ha servido para cubrir de una pátina de género una política rabiosamente enemiga de las mayorías de mujeres de nuestro país.

Las cifras del estado de situación de las mujeres lo muestran: 70% de mujeres entre los quintiles más pobres e indigentes de la sociedad, 25% de las mujeres jóvenes desempleadas, lo cual más que duplica la cifra nacional de desocupación, el 60% de las trabajadoras de casas particulares perdió su trabajo bajo la pandemia y el gobierno estableció un techo salarial para ellas que está por debajo del salario mínimo y representa menos de la mitad de una canasta básica de alimentos.

 

El año 2020 también se caracteriza por un enorme triunfo arrancado por el movimiento de mujeres, el aborto legal hasta las 14 semanas de gestación. Sin embargo, desde el gobierno esto fue acompañado por el desarrollo de políticas colaterales que van en dirección contraria para que aquel triunfo sirva de guía para desarrollar el respeto hacia las mujeres y diversidades en amplias franjas de la sociedad.

No sólo nos referimos a las concesiones empresariales y clericales introducidas en la propia ley, sino a que el Ministro Trotta sub-ejecutó el presupuesto destinado al Programa de Educación Sexual Integral durante el 2020 y el gobierno en general empoderó en el ámbito educativo y social aún más a las iglesias. El Ministerio de las Mujeres y Diversidades no abrió la boca al respecto ni impulsó la ESI.

El Estado fracasa frente a esta violencia porque su orientación de fondo, la que guía sus actos, no es la de cuidar a las mujeres y promover una sociedad más justa. La orientación que prima con el ajuste y el cumplimiento con el FMI, es la de cuidar intereses capitalistas ajenos a esas mujeres que mueren día a día. No hay presupuesto ni voluntad política para enaltecer la tarea profesional de asistir a víctimas, caracterizar de manera profesional la peligrosidad de violentos evaluar situaciones y contextos, acompañar un proceso de deconstrucción o evitar que un violento se convierta en femicida, con la asistencia o con el código penal. Tampoco hay presupuesto ni voluntad política de evitar que las mujeres se vuelvan cada día más vulnerables: sin IFE, sin vivienda, sin trabajo, con trabajos cuya precariedad desata otras formas de la violencia que van más allá del propio campo laboral. La consagración de un salario inferior al salario mínimo para un millón y medio de mujeres trabajadoras de casas particulares es una muestra cruel de esta política.

La asimilación y cooptación de mujeres que se autodefinen como feministas, al Estado y a sus gobiernos, sirve para embellecer políticas de ajuste, ser complacientes con no interferir en los espacios de poder de “los varones” de las provincias y del conurbano, o con las políticas de otros ministerios y en definitiva ofrecer un barniz de género a una política integral enemiga de los derechos de las mujeres. El feminismo que busca arraigarse en los sectores populares, preocupado por lo que ocurre con la mayoría de las mujeres y con combatir el conjunto de las opresiones que el Estado desata día a día, debe repudiar esta operación.

El Estado capitalista está imposibilitado para revertir este cuadro sencillamente porque la violencia contra las mujeres está en su naturaleza, en su orientación de clase y en su función.

La luz de esperanza para las mujeres es su propia organización, por eso la lucha piquetera, la más activa durante el último año, integrada masivamente por mujeres pobres, por las más oprimidas, es un factor fundamental a través del cual las mujeres más castigadas se organizan para comer y también para hacer política contra el Estado y sus gobiernos hambreadores. El avance de la discusión por el aborto legal que fomentaron las organizaciones independientes del Estado y de las Iglesias ha servido como una herramienta de politización y combate de la contención social impulsada por curas y pastores en las barriadas más humildes.

El Estado necesita de las Iglesias para someter e impartir principios de opresión entre amplias masas de la sociedad. La alianza sellada con estas por parte del gobierno de Alberto Fernández con las iglesias debe ser objeto de crítica y combate dentro del movimiento de mujeres y su ocultamiento o complacencia no hace más que permitir el desarrollo de principios de sujeción y violencia en la sociedad que dicen querer combatir.

Es el cura el que llama a la resignación a las mujeres que denuncian frente a él los golpes de su marido, es el cura el que promueve la primacía masculina al interior de los hogares y el que sostiene que hay que honrar la familia aún cuando dentro de esta se ejecuten vínculos de violencia contra niñxs y mujeres.

Es el Papa y son sus curas los que consideran a la homosexualidad una enfermedad y así lo hacen saber a los entornos que educan en el sometimiento. Son esas iglesias las que imparten el principio de que la mujer es ante todo la reproductora y que debe cargar con las tareas domésticas. Esta violencia y la pretendida supremacía masculina que supone, sirven para ocultar la humillación cotidiana de la explotación, la precarización y la miseria que son obra del Estado, sus gobiernos y sus Iglesias y no culpa de las mujeres y de los niños contra las que se descargan esas frustraciones o frente a los cuales se pretende ejercer un poder que no pueden ejercer en ninguna otra dimensión de sus vidas explotadas.

La violencia de género al interior de la clase obrera es impartida desde el Estado mismo, es una forma de adaptación a éste y resulta absolutamente funcional al régimen de explotación en la medida que disciplina a una sociedad y la mantiene fuera de juego. La consigna de Separación de las Iglesias del Estado resulta fundamental para emprender la tarea de luchar contra la opresión contra las mujeres y las diversidades.

Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades

¿Qué hacemos frente al fracaso de los Ministerios de Mujeres? Poner en pie un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades, un organismo independiente de los gobiernos y del Estado, que sea electo y revocable, que fije sus propios órganos deliberativos y de conducción, cuyo presupuesto debe proceder del propio Estado, como ocurre con organismos que auditan o con universidades nacionales, y cuya independencia de acción y gestión debe garantizar que ese presupuesto vaya a parar donde corresponde.

Ya tuvimos un Consejo Nacional de las Mujeres dirigido por el Poder Ejecutivo, creado por Menem y cuya existencia a cargo de mujeres peronistas y católicas perduró hasta el gobierno de CFK, cuando estalló el primer #NiUnaMenos y se puso al desnudo la inacción de este organismo; tuvimos un Instituto Nacional de las Mujeres creado por Macri, que mintió sobre el plan de acción propuesto y que acompañó cuatro años de ajuste, endeudamiento y salarios a la baja y tenemos ahora un Ministerio que está pintado y que sólo da cursos e instrucciones de dudoso contenido y no vehiculiza ninguna política concreta.

Si “El Estado es responsable” entonces las que gestionan ese Estado no podrán ir a fondo ni siquiera en la formación de género con la “Ley Micaela” con la que aseguran que revertirán la situación. El peso del aparato del Estado, conformado esta vez por muchas mujeres feministas, no estuvo ni para defender a María Ovando, ni para liberar a las presas por abortar, ni para colocar en el banquillo de acusados a un sólo juez o fiscal que revictimiza a las mujeres pobres. La impotencia es total.

Algunos sectores piden “más presupuesto” para el Ministerio de las Mujeres y Diversidades. Pero ocurre que se lo van a gastar en pagar sueldos de amigas, hacer charlas y comer abundantes lunchs que la mayoría de las mujeres no verán en sus vidas.

No han sido capaces siquiera de cumplir con la aplicación del cupo laboral trans condenando a la comunidad a estar a merced de cafishios, proxenetas y policías que regentean el negocio de la prostitución. Otros sectores dicen “que se dicte la emergencia en violencia de género”, sin embargo desde hace años se dictan esas emergencias desde el Estado y la realidad es que se agravó la situación y dichas emergencias no redundaron en ninguna otra política concreta que no sea la de habilitar a los poderes ejecutivos a ser más discrecionales en el manejo del presupuesto.

Poner en pie un organismo autónomo e independiente de los gobiernos y que se incremente el presupuesto para que seamos las propias mujeres las que fijemos las políticas concretas para enfrentar la violencia, es una necesidad de nuestro movimiento.

El Estado es responsable: policía, justicia y poder político

El desamparo de las mujeres que sufren violencia es total. El asesinato de Úrsula Bahillo a manos de un agente de la policía Bonaerense evidenció que las “fuerzas de seguridad” son en realidad un gran factor de inseguridad. Hace 20 años lo mismo había mostrado el caso de Natalia Melmann y sin embargo quienes hoy gobiernan continúan permitiendo que su asesinato permanezca con varios de sus protagonistas impunes. Según los datos informales que se manejan en la cuantificación de casos, más del 20% de los femicidios son cometidos por integrantes de las fuerzas. Recientemente Ivana Módica en la provincia de Córdoba, fue asesinada por un integrante de las fuerzas armadas.

Las instituciones represivas del Estado en todo el país amparan el narco, la trata de personas y son cabeza del delito organizado, que se nutre de esta calaña. Sólo en la fuerza que conducen Sergio Berni y Axel Kicillof se conoce que existen más de 6.000 efectivos con denuncias por violencia de género. Son los que desaparecieron a Facundo Castro, protegieron al femicida Matías Martínez y reprimieron a las amigas de Úrsula, todos defendidos por el jefe político. La bonaerense actúa a imagen y semejanza del estereotipo de “macho poderoso y violento” que representa Sergio Berni, con la venia de su gobernador. Buscan mantener el mando de la fuerza profundizando sus peores características.

El reclamo por Fuera Berni, principal exponente de la maldita policía, se impone como eje de lucha en todo el país, porque en cada una de las provincias la descomposición y corrupción policial es un arma contra las mujeres, la juventud y los trabajadores.

Justicia injusta, gobierno cómplice

Como sucedió con Úrsula, Fátima Acevedo, Emilse Gajes, Esther Mamani y tantas, la justicia fue parte del andamiaje estatal que condujo al desenlace fatal. Las mujeres que denuncian son sometidas a un largo y tortuoso desfile por juzgados y dependencias judiciales que no brindan ninguna protección, porque cuanto mucho se dispensan botones antipánicos y perimetrales que nadie controla ni garantiza que se cumplan.

Cuando lo peor ya pasó, tenemos nuevamente a la justicia garantizando fallos aberrantes y misóginos como sucedió con Lucía Pérez, la joven marplatense asesinada por amigos del poder a quienes trataron de garantizarles la impunidad. O como en el caso de Luna Ortiz, a quien también una reciente “pericia” la consideraba responsable de su propio asesinato a mano de narcos y tratantes. Para el juez, Luna como tantas otras, también tenía “la pollera corta”. Las aberraciones que se suceden en el sistema judicial con el silencio cómplice de gobernantes es total: revinculaciones entre padres abusadores y niños abusados, persecuciones contra madres protectoras y fallos en los que se afirma que una niña de 9 años provocó, por su aspecto de adolescente, a su violador -un caso que hace unos años ocurrió en Salta.

El poder judicial funciona como una corporación divorciada del pueblo y sus necesidades, pero no del poder político. Son los bloques políticos gobernantes los que designan a los jueces, aprobando pliegos en el senado nacional y los senados provinciales que eleva cada poder ejecutivo (gobernadores y el presidente). Los lazos entre los partidos patronales y la justicia está en el corazón de un régimen de corrupción y negociados generalizados. La base de los fallos y la protección de femicidas y violentos por parte del poder judicial está su carácter de clase. Las instituciones del capital perpetúan y reproducen la violencia contra las mujeres porque es útil como mecanismo de regimentación social.

Los ministerios creados, llevando, según decían, el tema de la mujer y diversidades al nivel institucional más alto, no trajeron aparejada ninguna política para enfrentar esta realidad ni ninguna propuesta de reforma del poder judicial. Esas funcionarias ni siquiera tuvieron la agallas de alzar la voz frente a los fallos aberrantes o frente a la protección de los de su propio palo a los jueces y fiscales que condenan a las mujeres, como acaba de ocurrir en Tucumán con el Juez Juan Pisa responsable de la muerte de Paola Tacacho, protegido por Manzur. La perspectiva de género de quienes integran este Estado, no está a la altura de las demandas de nuestro movimiento de mujeres y de lo que la mayoría de nosotras necesitamos.

“Justicia feminista”, sin cambiar nada

El anuncio presidencial de avanzar con las reformas en la Justicia federal que vienen impulsando desde hace meses, usa el problema de la mujer sin embargo no tiene a esta cuestión en el centro de la escena. La reforma que proponen no incluye ningún cambio importante que signifique evitar que las mujeres deban peregrinar por juzgados y mucho menos una forma de selección que garantice una perspectiva en favor de los intereses de las mujeres y las diversidades.

“Justicia Feminista” plantean desde las redes sociales y los medios agrupaciones políticas integrantes del gobierno nacional. Su preocupación principal es absolver a su gobierno, evitar que la movilización del 8 de marzo llegue a Plaza de Mayo y defender a sus compañeras que cobran abultados sueldos en las dependencias estatales creadas decían, para erradicar la violencia de género.

Sin embargo la “Justicia Feminista” que proclaman no tiene ningún contenido. No hay nada más allá de que su referenta a cargo del Ministerio, Elizabeth Gómez Alcorta, una mujer sin antecedentes en la lucha por los derechos de las mujeres, siga dando charlas. El slogan no pasa de eso y lo que no aparece es ningún planteo de reforma profunda del poder judicial. No plantean cambiar la forma de selección de integrantes de la justicia, tampoco romper el vínculo permanente entre ese y los otros poderes del Estado, ni tampoco buscar garantizar un contenido en favor de las mujeres violentadas que vaya más allá de la voluntad personal de un juez o de un fiscal de “formarse” en la materia. Así planteado, “justicia feminista” es sólo un marketing que oculta la protección de quienes lo plantean al poder actual y a sus instituciones.

La prueba de la justeza de esta crítica llegó mucho antes de lo que se esperaba y de la mano de la Asociación de Abogadas Feministas que debieron denunciar a 52 jueces propuestos por el gobierno, con graves antecedentes. No lo denunció el Ministerio, ni siquiera intervino, lo hizo una organización de la sociedad civil. Para poner en jaque a la justicia de clase y patriarcal, que persigue a las mujeres más pobres, planteamos la creación de un fuero único para recibir e investigar las denuncias por violencia de género y la elección por voto popular de jueces y fiscales, con mandato revocable, un piso elemental para una reorganización del sistema judicial, que lo sustraiga de su rol de sostén de gobiernos ajustadores y promotores de la violencia, estableciendo un principio de fiscalización y control popular.

Paro nacional y Movilización

Este cuadro de situación amerita un estado de alerta y movilización. Aunque somos las trabajadoras las que más padecemos esta realidad, lo cierto es que las direcciones sindicales de la CGT y la CTA, acomodadas con el gobierno, no están dispuestas a mover un dedo ni a luchar por nuestras demandas. Están firmando paritarias a la baja y no pelean por las condiciones de trabajo como se puede ver en el gremio docente, donde admitieron la presencialidad sin que los gobiernos pusieran un peso para adecuar los colegios a la realidad pandémica. El paro de las mujeres que venimos sosteniendo desde 2016, no contará con el apoyo de las direcciones que en esta oportunidad intentan evitar las críticas al gobierno del que son aliadas.

Los sindicatos y comisiones internas antiburocráticas serán nuevamente las encargadas de garantizar, junto a los sectores donde las mujeres están organizadas, que el 8M haya un paro que ponga de relieve la larga lista de reivindicaciones pendientes.

Los jardines para niñxs desde los 45 días, las licencias de largo tratamiento por familiar enfermo, las licencias por hijos para lxs trabajadores que no tienen dónde dejar a los chicos que están en una presencialidad absolutamente irregular, con horarios cortados, que resulta un limitante para retomar la vida laboral plenamente. Las “dispensas” (exención de madres o padres de ir a trabajar) que el gobierno prorrogó este año por decreto, no se admiten en la mayoría de los trabajos porque el decreto fue redactado de tal manera que permite que no se cumplan -amén de que nadie controla a las patronales para que lo hagan.

Empezando por el hecho de que las desconoce el propio Estado y no se están otorgando, por ejemplo, en el gremio docente. Otra burla para las mujeres. Llamemos a parar y movilizarnos desde cada lugar de trabajo y estudio y exijamos a las centrales sindicales que llamen al paro en defensa de las mujeres que estamos muriendo diariamente a manos de la violencia de género.

Copemos Plaza de Mayo y las principales plazas del país

Sobran las razones para movilizar fuertemente este 8M y para seguir haciéndolo sin parar hasta arrancar nuestras demandas. Desde las organizaciones progubernamentales bloquean marchas que denuncien al gobierno y buscan evitar las críticas hacia las dirigentes de los Ministerios de Nación y de los distritos. Con este contenido no se combate la violencia de género, sino que se defienden algunos negocios para una minoría de mujeres y los privilegios de sus conducciones.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora es una jornada de alcance mundial, que hace años encuentra en la Argentina una referencia de lucha y de acción. Nuestra movilización y organización creció enfrentando a los distintos gobiernos. Con ese método conquistamos el aborto legal, arrancado por la presión de la movilización en las calles, sin confiar más que en nuestra propia fuerza. No nos queremos sumisas y dominadas, ni por un otra persona , ni por un cura, ni por el Estado.

Este 8 de marzo no nos sometemos a ningún gobierno. Paro y movilización en todo el país.

Volvamos a gritar Basta! Ni Una Menos. El Estado es responsable. ¡Basta de femicidios y violencia de género y de clase!

Por un Consejo Autónomo de Mujeres y las Diversidades Fuero especial por violencia de género, con jueces y fiscales con cargos electos y revocables

Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras

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